En los últimos 20 años ha habido un avance significativo en el modelo extractivo, en diversas actividades como agronegocios, megaminería, petróleo y forestales. El actual gobierno ha reformado su política extractiva a través de la eliminación de las retenciones (un impuesto del Estado Nacional) a la exportación de la minería[1] y al agro[2], incentivos a petroleras y empresas de litio, sin participación de las comunidades locales e indígenas afectadas. Lo cual podría profundizar la conflictividad en todo el país.

 

Un caso emblemático es el de la exploración del litio en Salinas Grandes, asentada en parte sobre territorio de al menos 33 comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy, y la falta de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado.

 

La extracción de litio en Argentina se concentra en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, con el mayor número de sitios pertenecientes a Jujuy y Salta. La mayoría de los sitios de litio se encuentran actualmente en la fase exploratoria. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente con fecha 28 de mayo de 2018 informó al Presidente de las comunidades que ya ha aprobado al menos un sitio para la explotación, sin ningún mecanismo de consulta con las comunidades[3].

 

Algunos analistas prevén que la producción aumentará: en mayo de 2017, el Ministerio de Energía y Minas dijo que con los actuales planes de inversión en marcha, para el 2022 Argentina podría quintuplicar los niveles de producción de litio de 2016 (de 29,000 toneladas en 2016 a 145,500 toneladas)[4]. También se espera que la demanda global de litio se triplique para el año 2025^[5] debido a la búsqueda de energías renovables alternativas al petróleo.

 

Las comunidades denuncian que las concesiones para la exploración y explotación de litio se han otorgado en su territorio a compañías sin ser consultadas primero para conseguir su consentimiento. Una preocupación particular de algunas comunidades de Salinas Grandes es la falta de acceso a la información sobre desarrollos de minería de litio en sus tierras. Los estudios y el monitoreo exhaustivos de la evaluación del impacto ambiental y social son cruciales para prevenir, minimizar y mitigar cualquier impacto negativo sobre la flora, la fauna y los ecosistemas en las zonas adyacentes[6] y el acceso al agua, y otros impactos en el goce de derechos humanos.

 

En su informe al Comité de diciembre de 2016, el Estado informó acerca de una decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había resuelto de manera negativa una acción interpuesta por la comunidades indígenas de Salinas Grandes para frenar la explotación del litio, y que habría habilitado continuar con el proyecto[7]. Sin embargo, la Corte rechazó la acción de amparo por razones exclusivamente procesales, por entender que no era competente para estudiar el caso. Y encomendó a las comunidades indígenas a interponer acciones judiciales ante las jurisdicciones que correspondan.

 

Tal como tiene dicho este Comité, los Estados deben adoptar medidas para garantizar que el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural tenga debidamente en cuenta los valores de la vida cultural, que pueden ser de carácter sólidamente comunitario o que solo pueden ser expresados y ejercidos como comunidad por los pueblos indígenas. (…) Por lo tanto, los Estados partes deben tomar medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales y, en los casos en que se hubieren ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios sin su consentimiento libre e informado, adoptar medidas para que les sean devueltos”[8]. En Este sentido, deben respetar también el principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todos los aspectos concernientes al ámbito de aplicación de sus derechos específicos^[9]”^[10].

 

Si bien el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados forma parte del ordenamiento jurídico interno de Argentina —en tanto país signatario de instrumentos internacionales— no existe ninguna ley o política —tanto a nivel federal como provincial— que regule un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas[11]. En oportunidad de su informe al Comité DESC y en respuesta al List of Issues, Argentina informa que actualmente el INAI impulsa y/o participa en 21 procesos de consulta en diferentes estadios de avance y provincias. Sin embrago no indica cómo se realizan estos procesos, la manera en que las comunidades indígenas reciben información de manera de garantizar procesos de consulta genuinos, ni sobre qué áreas temáticas y jurisdicciones se llevan adelante[12].  

 

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