Cuando se conmemora el 20 aniversario de la Corte Penal Internacional (CPI), Amnistía Internacional ha advertido de que la legitimidad de la Corte corre peligro de verse menoscabada por un enfoque cada vez más selectivo de la justicia. La organización ha resaltado varias decisiones y prácticas recientes que parecen demostrar la existencia de dobles raseros y la aceptación de la influencia de Estados poderosos.

Por ejemplo, en 2020, la Fiscalía decidió no investigar los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas británicas en Irak, a pesar de haber concluido que dichos crímenes se habían perpetrado. Posteriormente, en 2021, decidió rebajar la prioridad de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y por las fuerzas nacionales afganas en Afganistán por cuestiones de viabilidad y restricciones presupuestarias, según alegó el fiscal Karim Khan. Sin embargo, seis meses después, la Fiscalía inició su mayor investigación en Ucrania, para la cual había solicitado a los Estados miembros ayuda económica “voluntaria”, gran parte de la cual fue asignada por ellos específicamente para este fin.

Las excusas presupuestarias de la CPI para no actuar respecto a Afganistán, Nigeria y otras situaciones ya no se sostienen.Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Hace 20 años comenzaba su andadura la CPI, tras la decisión histórica de crear un tribunal penal internacional permanente con jurisdicción respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Para las víctimas y sobrevivientes a quienes se había negado justicia, la CPI supuso un atisbo de esperanza de que se haría rendir cuentas a los perpetradores”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, en los últimos años la Corte parece haber perdido el rumbo, y las recientes decisiones de la Fiscalía hacen temer que esté yendo hacia un sistema jerárquico de justicia internacional. La investigación en Ucrania es urgente y vital, de eso no cabe duda, pero muestra que las excusas presupuestarias de la CPI para no actuar respecto a Afganistán, Nigeria y otros países ya no se sostienen.

“La respuesta a la situación en Ucrania ha demostrado de lo que la CPI es capaz. Ahora pedimos a la Fiscalía y los Estados Parte que se aseguren de que todas las investigaciones reciben el mismo tratamiento, para que todas las víctimas de crímenes internacionales tengan acceso equitativo a la justicia.”

La Corte, en peligro de ser manipulada por actores poderosos

La comunidad internacional ha mostrado un apoyo sin precedentes a la CPI desde la invasión rusa de Ucrania. Gobiernos que se habían opuesto a investigaciones de la Corte que implicaban a sus ciudadanos o aliados políticos han fomentado activamente que la Fiscalía investigue crímenes perpetrados en Ucrania.

Por su parte, desde hace poco la Corte ha comenzado a aceptar financiación voluntaria y personal en comisión de servicio asignados específicamente para la situación de Ucrania. Si no se aplica una excepcional precaución y la suficiente transparencia, con este planteamiento se corre el riesgo de permitir a los Estados Parte que apoyen sólo aquellas situaciones que coincidan con sus intereses. Esto agrava el riesgo de llevar a cabo una justicia selectiva y deja a la Corte vulnerable a la manipulación de los Estados poderosos.

A Amnistía Internacional le preocupa también que la Corte y sus autoridades hayan permanecido prácticamente en silencio respecto a la situación en Palestina y otras investigaciones, frente a la publicidad que han dado a la situación de Ucrania. Este silencio puede haber debilitado el efecto disuasorio de la Corte y ha propiciado los ataques políticos sobre su trabajo, además de ataques a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Para la credibilidad de la Corte es fundamental que sus mensajes no parezcan politizados.

En su 20 aniversario, seguimos creyendo que la CPI puede desempeñar una función imprescindible para hacer realidad los derechos universales a interponer recursos y obtener reparaciones. Agnès Callamard

Amnistía Internacional pide a la CPI que se asegure de que la financiación se asigna de forma no discriminatoria y en interés de la justicia, y que todas las víctimas de crímenes internacionales tienen acceso equitativo a los derechos a interponer recursos y obtener reparaciones. Concretamente, y con el aumento de fondos, la Fiscalía debería volver a dar prioridad a sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto de Afganistán. También debería solicitar autorización judicial para reactivar las investigaciones paralizadas en Nigeria, y aumentar sus actividades en otras situaciones en las que ha justificado la escasez de avances alegando limitaciones presupuestarias.

Los Estados Partes de la CPI deben garantizar la plena financiación de todas las investigaciones y actividades de la Corte, no utilizar sus recursos y su cooperación como herramienta para influir sobre qué situaciones y Estados se investigan. Paralelamente, todos los Estados que no lo hayan hecho, incluida Ucrania, deben ratificar el Estatuto de Roma de la Corte.

“En su 20 aniversario, seguimos creyendo que la CPI puede desempeñar una función imprescindible para hacer realidad los derechos universales a interponer recursos y obtener reparaciones”, ha declarado Agnès Callamard

”Para cumplir esta función, la Fiscalía debe seguir con todas las investigaciones sin distinción, lo cual implica investigar a todos los autores de atrocidades sin temores ni privilegios y sin importar la potencia política o económica de ciertos actores.”