Éste ha sido un año de mucha actividad para Amnistía Internacional, en el que se han producido cambios positivos en todo el mundo. Se ha modificado legislación, se han ganado premios, han quedado en libertad presos de conciencia, y nuestros y nuestras simpatizantes han seguido haciendo campaña con pasión para garantizar que la gente puede vivir sin ser torturada, hostigada o injustamente encarcelada. Aquí tienes un resumen de los logros en materia de derechos humanos que podemos celebrar este año…

 

Enero

Global: El informe pionero de Amnistía Internacional sobre cómo se ha expuesto, acallado y atacado a personal sanitario de todo el mundo durante la pandemia de COVID-19 dio lugar a que Ibrahim Badawi, médico, y Ahmad al Daydoumy, dentista, quedasen en libertad en Egipto en enero y marzo este año. Son dos de los muchos profesionales sanitarios que habían sido detenidos arbitrariamente en 2020 en Egipto por los cargos excesivamente amplios de “difusión de noticias falsas” y de “terrorismo”, que Amnistía destacó en su informe.

Febrero

Sri Lanka: Tras el brote de COVID-19 en Sri Lanka, se incineraron los cadáveres de varias personas musulmanas siguiendo las instrucciones de las autoridades y en contra de los deseos de sus familiares. Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Sri Lanka que respetasen el derecho de las minorías religiosas a celebrar las ceremonias fúnebres de sus familiares de acuerdo con sus propias tradiciones a menos que fuese necesario imponer restricciones para impedir la propagación de la COVID-19. Amnistía también colaboró con Estados de la Organización para la Cooperación Islámica para transmitir al gobierno de Sri Lanka la petición de modificar esta política discriminatoria, y publicó artículos de opinión en Pakistán y Bangladesh antes de un periodo de sesiones clave del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En consecuencia, en febrero las autoridades de Sri Lanka decidieron poner fin a la incineración forzada de víctimas de la COVID-19.

Marzo

Bahréin: Amnistía Internacional ayudó a que se excarcelase a varios presos en Bahréin este año, entre ellos cuatro menores que habían sido juzgados como adultos. En marzo, un tribunal bahreiní suspendió la condena a seis meses de prisión dictada contra los cuatro y, en su lugar, ordenó su ingreso en un programa de rehabilitación una semana después de que Amnistía emitiese una Acción Urgente. La puesta en libertad en abril del preso de conciencia Mohammed Hassan Jawad, que cumplía una condena a 15 años de prisión por su participación pacífica en el levantamiento de 2011, fue otra buena noticia. Amnistía Internacional llevaba un decenio haciendo campaña por su excarcelación. Por otro lado, se produjo un avance importante cuando el 11 de marzo el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Bahréin y el trato que se da en el país a los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguida de otra en septiembre sobre el caso del preso de conciencia emiratí Ahmed Mansoor. Ambas se hacían eco de las recomendaciones de Amnistía.  


Japón: En marzo, un tribunal japonés resolvió que la negativa del gobierno a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional —la primera sentencia judicial de la historia del país sobre el matrimonio igualitario—. La decisión constituye un paso histórico para las parejas del mismo sexo en su búsqueda de la igualdad de derechos y podría sentar un precedente importante para la resolución de causas similares incoadas por otras parejas del mismo sexo en Japón. El fallo se produjo tras los llamamientos y peticiones de campaña de Amnistía Internacional y otros actores.


Irak: El Parlamento iraquí aprobó la Ley de sobrevivientes yazidíes, que establece un marco de reparación para muchas personas sobrevivientes a las atrocidades del Estado Islámico en el norte de Irak, entre ellas las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual y las personas sobrevivientes de secuestros infantiles. Fue una de las recomendaciones claves que Amnistía Internacional formuló en su informe del año pasado sobe la crisis de salud física y mental que afecta a los niños y niñas yazidíes separados de sus familias. Angelina Jolie citó el informe en un discurso sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos pronunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En septiembre se aprobaron nuevos reglamentos.


Global: En marzo, octubre y noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que iniciaría investigaciones formales de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, la mortífera “guerra contra la droga” del gobierno de Filipinas y los crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela. Amnistía Internacional lleva varios años documentando crímenes de lesa humanidad en todos estos países, y sus investigaciones han sido citadas en decenas de ocasiones en las diligenciasde la Fiscalía.


Madagascar: Tras meses negándose a reconocer la COVID-19, el gobierno de Madagascar abandonó finalmente su política de no adquisición de vacunas contra la enfermedad a raíz de la presión ejercida por Amnistía y otros actores, lo que dará a la población la posibilidad de acceder a vacunas que salvan vidas.


Sudáfrica: En marzo, la policía reabrió una investigación de los asesinatos en 2017 de dos amigas, Popi Qwabe y Bongeka Phungula, tras recibir una petición firmada por más de 341.000 simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo exigiendo que se llevara a los asesinos ante la justicia. La policía ya ha concluido la investigación y trasladado el caso a la fiscalía nacional. Tras años de angustia e ira por las irregularidades y retrasos en la investigación policial inicial, las amistades y las familias de Popi y Bongeka tienen por fin motivos para creer que se hará justicia para sus seres queridos. “Me siento optimista —ha dicho Thembelihle, hermana de Popi—. Siento que por fin algo está a punto de cambiar.”

Abril

Global: Amnistía Internacional publicó su emblemático informe anual, La situación de los derechos humanos en el mundo. La última edición abordó la situación de los derechos humanos en 149 países y se tradujo a más idiomas que ninguna otra: un total de 38. Además, incluyó peticiones de trabajo de incidencia concretas sobre diversas cuestiones de derechos humanos.

Mayo

Global: Amnistía Internacional ganó el prestigioso premio Webby por su micrositio sobre el uso indebido de gas lacrimógeno por la policía en todo el mundo. El sitio se publicó inicialmente a mediados de 2020 y se actualiza regularmente con nuevo contenido e indicios del uso indebido. El material también continúa citándose al hilo de trabajo de incidencia en curso, por ejemplo en los debates que el Congreso estadounidense ha mantenido recientemente sobre la regulación o la prohibición del uso de gas lacrimógeno por la policía.

Junio

Burundi: El trabajador de una ONG y defensor de los derechos humanos Germain Rukuki fue excarcelado tras pasar más de cuatro años encerrado por defender los derechos humanos. Germain, inicialmente condenado a 32 años de prisión por cargos sin fundamento, fue encarcelado antes de haber podido tener en brazos a su hijo menor, que nació unas semanas después de su apresamiento en julio de 2017. Después de más de 400.000 acciones emprendidas en favor de su liberación, Germain está deseando reunirse con su familia, que huyó del país por temor a represalias.


China: Amnistía Internacional publicó un extenso informe en el que expone con detalle por qué las draconianas medidas represivas contra las personas musulmanas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang constituyen crímenes de lesa humanidad. Al informe, que obtuvo una amplia cobertura en medios de comunicación de todo el mundo, le siguió una campaña que pedía el cierre de los campos de internamiento. Hasta la fecha, la petición en favor de la libertad de las personas detenidas en Xinjiang ha sido firmada por más de 323.000 personas de todo el mundo, y los equipos nacionales de Amnistía Internacional de 10 países han organizado actos de entrega de las firmas.

Pakistán: Amnistía Internacional ha llevado a cabo una exitosa campaña por la absolución y la puesta en libertad de Shafqat y Shagufta Emmanuel, pareja cristiana que pasó siete años condenada a muerte por cargos de blasfemia.


Estados Unidos: En el proyecto Decode Surveillance NYC, más de 7.000 simpatizantes de Amnistía Internacional de más de 144 países mapearon 15.000 cámaras de vigilancia en toda Nueva York que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York puede utilizar para rastrear a la gente mediante un software de reconocimiento facial. Los resultados de este innovador proyecto ayudaron a que responsables de campañas ejerciesen presión sobre los legisladores locales para que se prohíba el uso de la tecnología discriminatoria.


Nepal: Tras la presentación del informe de Amnistía Internacional titulado “Struggling to breathe”: The second wave of Covid-19 in Nepal y las actividades sostenidas de campaña e incidencia que le siguieron, el gobierno de Japón donó a Nepal 1,6 millones de dosis de la vacuna; el de Bután, 230.000; y el de Reino Unido, 130.000.

Nigeria: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) emitió una orden que prohíbe a las autoridades nigerianas procesar a ninguna persona por utilizar Twitter en el país. Esta victoria para la libertad de expresión llegó después de que Amnistía Internacional ayudase a la ONG nigeriana Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (SERAP) a emprender acciones judiciales contra las autoridades de Nigeria por su amenaza de procesar a cualquier persona por utilizar Twitter, amparándose en la prohibición general de utilizar la plataforma social que había impuesto en junio.

Julio

Nicaragua: Tras pasar más de dos años recluida en un centro de detención de inmigración de California en el que sufrió abusos y se le negó el acceso a atención médica adecuada, Maura Martínez, una mujer transgénero de origen nicaragüense, quedó por fin en libertad en julio. Martínez había pasado la mitad de su vida en Estados Unidos, donde buscó seguridad tras sufrir una incesante violencia de género mientras residía en México. No obstante, tras un incidente legal, las autoridades de Estados Unidos la detuvieron y amenazaron con deportarla. Gracias a una campaña global de Amnistía Internacional y organizaciones asociadas, ahora es libre y puede vivir en Estados Unidos mientras espera la resolución de su solicitud de asilo.


Honduras: El 5 de julio de 2021, un tribunal de Honduras declaró a David Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, culpable de participar en el asesinato en 2016 de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Amnistía Internacional lleva años haciendo campaña para que se haga justicia para Berta y sigue pidiendo que comparezcan ante la justicia todas las personas responsables de ordenar o ejecutar su asesinato.

Dinamarca: A comienzos de 2021, el gobierno danés presentó al Parlamento un proyecto de ley que otorgaba a la policía la facultad de emitir una “prohibición de reunión para crear seguridad” si un grupo de personas exhibía un “comportamiento que provocase inseguridad”. Amnistía Dinamarca y entidades asociadas lograron impedir que el gobierno danés aprobase la ley, que habría impuesto restricciones indebidas al derecho a protestar. Su campaña fue merecedora del premio Civic Pride 2021. Quien también recibió un premio fue Amnistía Hungría, que junto a la coalición Civilisacion hizo campaña contra la ley LexNGO, abusiva y estigmatizante. La coalición luchó durante tres años contra la ley LexNGO: llevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, finalmente, logró que se derogase.

Sierra Leona: Tras varios años de trabajo de campaña continuado de Amnistía Internacional y otras organizaciones, el Parlamento de Sierra Leona votó a favor de abolir la pena de muerte para todos los delitos. La ley, aprobada por el Parlamento en julio, se estaba ultimando antes de que el presidente Julius Maada Bio pueda firmar su entrada en vigor. El proceso de conmutación de las condenas a muerte pendientes de ejecución ya ha comenzado. A 30 de junio de 2021, eran 21 los países del África subsahariana que habían abolido la pena de muerte para todos los delitos.


América Latina: Amnistía Internacional celebró los logros de su programa de educación en derechos humanos ¡Es mi cuerpo!, que se extendió durante cinco años y cuya finalidad era educar a jóvenes de Argentina, Chile y Perú sobre los derechos sexuales y reproductivos para que pudiesen hacer cambios positivos en sus comunidades. Se capacitó a cientos de jóvenes para que ofreciesen apoyo a otros, y las repercusiones han sido increíbles. En Argentina, un joven logró modificar el plan de estudios de un colegio para que incluyese educación sexual integral, mientras que en Perú las personas jóvenes que participaron en el proyecto capacitaron a padres, madres y personal docente de todo el país.

Estados Unidos: Después de que la anterior administración federal estadounidense llevase a cabo 13 ejecuciones en seis meses, el 1 de julio de 2021 el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland anunció una suspensión de las ejecuciones hasta que el Departamento de Justicia revisase las políticas y los procedimientos. Amnistía Internacional es una de las organizaciones que ha hecho campaña en favor de este resultado y seguirá trabajando hasta que esta medida provisional se transforme en la abolición permanente de la pena de muerte federal en Estados Unidos (y se conmuten todas las condenas a muerte).

Agosto

Afganistán: Tras la desintegración del gobierno de Afganistán con la toma del poder por los talibanes a mediados de agosto de 2021, personal investigador de Amnistía Internacional continúa investigando las atrocidades cometidas por el grupo y ha podido verificar sendas masacres de población hazara en las provincias de Ghazni y Daykundi a manos de combatientes talibanes. Estos informes constituyen una de primeras pruebas de que los talibanes continuaron persiguiendo a comunidades marginadas de Afganistán cuando tomaron el control del país. Amnistía Internacional también publicó impactantes testimonios de niñas que han quedado excluidas de la escuela en un clima de amenazas y violencia constantes de los talibanes.

Septiembre

Guinea: Al cabo de meses de campaña, Amnistía Internacional y sus simpatizantes lograron que el activista en favor de la democracia Omar Sylla quedase en libertad sin condiciones el 6 de septiembre, un día después de que las fuerzas armadas diesen un golpe de Estado contra el presidente Alpha Conde. Tras su excarcelación, la magistratura también dejó en libertad a decenas de activistas políticos y retiró los cargos que pesaban contra ellos.

Túnez: La investigación de Amnistía Internacional ayudó poner fin a la práctica de la prohibición arbitraria de viajar impuesta a numerosas personas tunecinas tras la asunción de facultades excepcionales por parte del presidente Kais Saied. Después de que Amnistía publicase un artículo sobre la situación, el 17 de septiembre el presidente emitió una declaración en la que ordenaba a la policía de fronteras “abstenerse de imponer la prohibición de viajar salvo que dispusiera de una orden judicial”.


Global: Tras años de trabajo de incidencia, presión y relacionamiento de Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos reconoció el derecho a un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible y creó una relatoría especial sobre los derechos humanos y el cambio climático —una declaración empática en el periodo previo a la COP26 con la que reconoció el vínculo entre los derechos humanos y la crisis ambiental—.

República Centroafricana: Por fin se ha detenido a dos presuntos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, Mahamat Said Abdel Kani y Eugene Barret Ngaikosset, y el Tribunal Penal Especializado ha puesto a Ngaikosset bajo custodia. Es la primera vez que el Tribunal nombra públicamente a un sospechoso, y ha sucedido después de que Amnistía Internacional pidiese que se abordase su falta de transparencia. Amnistía lleva varios años trabajando para que se haga justicia por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana, y nuestro trabajo, junto con el de otros actores, ha contribuido a la detención de estas dos personas.

Octubre

Global: El Premio de Periodismo Daphne Caruana del Parlamento Europeo se concedió al Proyecto Pegasus, en el que Amnistía se asoció a un consorcio de destacadas organizaciones de medios de comunicación para sacar a la luz la enorme magnitud de las violaciones de derechos humanos perpetradas a través de sistemas de cibervigilancia opaca. Las revelaciones ocuparon titulares de prensa en todo el mundo y dieron lugar a que la empresa fabricante de software espía NSO Group fuese incluida en una lista en Estados Unidos, se iniciasen investigaciones en numerosos países y se pidiese una regulación adecuada del sector de la vigilancia.

Moldavia: El Parlamento de Moldavia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), lo que abre la puerta a una mejor protección y apoyo para las personas sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar y de violencia contra las mujeres. Según el gobierno moldavo, el país ya ha adaptado más de 20 actos legislativos para satisfacer los requisitos del Convenio. Actualmente, el único país de Europa Oriental y Asia Central que falta por ratificar el Convenio es Georgia. Amnistía lleva años promoviendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género en el ámbito familiar.

Kosovo: Tras una intervención de Amnistía Internacional, la empresa radicada en Austria Kelkos Energy retiró las demandas judiciales infundadas por difamación que había interpuesto contra los activistas ambientales Shpresa Loshaj y Adriatik Gacaferi, que habían expresado públicamente su preocupación por el impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos de la empresa. Kelkos Energy utilizó las demandas para intimidar a Shpresa y Adriatik y silenciar su denuncia pública de los posibles daños ambientales causados por su explotación de recursos naturales kosovares.


Turquía: Un tribunal absolvió a 18 estudiantes y un miembro del personal docente por participar en una marcha pacífica del Orgullo que se celebró en un campus universitario en Ankara en mayo de 2019 en la que la policía utilizó pulverizadores de pimienta, munición de plástico y gas lacrimógeno. Su absolución tras una larga batalla en los tribunales fue una victoria para la justicia. El caso de los y las estudiantes de la METU formó parte de la emblemática campaña anual de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos en 2020. Más de 445.000 personas de 43 países pidieron su absolución.

Global: Tras la presión ejercida por Amnistía Internacional y organizaciones asociadas, la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU anunció planes para incorporar los derechos de la infancia a todo el sistema de la ONU. El anuncio tuvo lugar después de un acto paralelo de la ONU organizado por Amnistía Internacional y sus entidades asociadas en el que la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, pronunció un discurso.

Noviembre

Guinea-Bissau y Níger: Guinea-Bissau y Níger declararon que permitirían que individuos y ONG presentasen quejas ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con lo que ahora son ocho los países que han firmado la declaración. La campaña de incidencia de Amnistía —su vídeo educativo, su campaña en las redes sociales y su trabajo continuado con actores de la Unión Africana y grupos de la sociedad civil— fue fundamental.