Vanessa Mendoza Cortés, activista que trabaja sobre el derecho al aborto, jamás debería haber sido acusada de un delito o juzgada por defender los derechos humanos. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Women’s Link en vísperas de su juicio por difamación, que se celebrará el lunes.

Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de la sociedad civil Stop Violències, fue acusada de difamación criminal tras manifestar la preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión celebrada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar el historial del país sobre los derechos de las mujeres en 2019.

“Este juicio de motivación política es el más reciente intento de las autoridades andorranas de silenciar las críticas sobre el nocivo impacto de su prohibición total del aborto. Este procesamiento es un intento deliberado y escandaloso de castigar a una respetada defensora de los derechos humanos por su participación en una reunión de la ONU”, ha manifestado Monica Costa Riba, directora de Campañas de Amnistía Internacional sobre Justicia de Género en Europa.

En 2020, la fiscalía presentó tres cargos de difamación criminal contra Vanessa pero, a causa de la indignación internacional, dos de los cargos que acarreaban penas de prisión fueron retirados. En la actualidad, Vanessa está acusada de “un delito contra el prestigio de las instituciones” y, si es declarada culpable, se enfrenta a una multa de 6.000 euros, otros 6.000 euros en concepto de daños civiles, y una prohibición de ocupar ningún cargo público durante seis meses.

Habida cuenta de la honda preocupación en materia de derechos humanos que suscita el prolongado procesamiento de Vanessa Mendoza Cortés, dos eminentes expertas en derechos humanos asistirán el lunes a la vista judicial como observadoras independientes y evaluarán si los procedimientos del tribunal cumplen las normas internacionales de derechos humanos.Andorra es el único país de Europa que prohíbe totalmente el aborto. Como consecuencia, las personas que necesitan abortar se ven obligadas a viajar al extranjero para recibir la atención médica que necesitan, lo cual viola sus derechos y las somete a un estrés adicional.

“El aborto es una parte esencial de la atención médica, y el acceso al aborto es un derecho humano. Las defensoras de los derechos humanos como Vanessa Mendoza Cortés que defienden los derechos reproductivos nunca deberían ser objeto de represalias y otras formas de intimidación. Los cargos contra Vanessa deben retirarse, y las autoridades andorranas deben poner fin a las represalias contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que participan en las Naciones Unidas”, ha manifestado Katrine Thomasen, directora asociada para Europa del Centro de Derechos Reproductivos.

Las organizaciones sienten una honda preocupación por las disposiciones del Código Penal sobre la difamación contra las instituciones del Estado y contra el jefe o la jefa del Estado, incluido el artículo en virtud del cual se ha acusado a Vanessa Mendoza Cortés. Según las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades gubernamentales y públicas deben ser legítimamente sometidas a escrutinio o crítica pública. Las leyes que protegen frente a los ataques a la reputación no deben estar diseñadas para proteger valores abstractos o instituciones estatales.

“El procesamiento de Vanessa Mendoza Cortés muestra de qué manera la criminalización y la prohibición del aborto pueden dar lugar a violaciones del derecho a la información y a la libertad de expresión y de asociación, y limitan el debate público y el escrutinio sobre el gobierno”, ha manifestado Gema Fernández, abogada administradora de Women’s Link.

Información complementaria

El 28 de noviembre, en una declaración pública, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a las autoridades andorranas que garantizaran el derecho a la libertad de expresión de la defensora de los derechos de las mujeres Vanessa Mendoza Cortés y aseguraran un entorno propicio para quienes defienden los derechos de las mujeres en el país.Más de 70.000 personas de países como Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Finlandia o Reino Unido han pedido a la Fiscalía General de Andorra que retire los cargos contra Vanessa Mendoza Cortés.

El injusto procesamiento de Vanessa Mendoza Cortés y los esfuerzos concertados para deslegitimar su trabajo de promoción de los derechos sexuales y reproductivos siguen un patrón global de intimidación, ataques y estigmatización de personas que defienden el derecho al aborto, un patrón que hace que su trabajo sea cada vez más difícil.