La estrategia de persecución y criminalización emprendida por el gobierno de Nicaragua para reprimir a quienes participan en las protestas que están teniendo lugar en todo el país se intensificó esta semana con decenas de nuevas detenciones, entre ellas la de Amaya Coppens (23 años), estudiante de medicina de ciudadanía nicaragüense-belga que lidera un movimiento estudiantil, detenida junto con Sergio Midence (30 años) en la ciudad de León (noroeste) el 10 de septiembre.

 

La policía los acusó en los medios de comunicación de ser responsables de actos de “terrorismo”, incendio provocado, agresiones y posesión ilegal de armas de fuego, entre otras cosas. Ninguno ha comparecido aún formalmente ante un tribunal.
Estos detenidos se suman a las más de 400 personas dedicadas al activismo y al liderazgo social que las organizaciones de la sociedad civil tanto locales como internacionales cuentan como detenidas en el contexto de las protestas sociales, unas protestas a las que —sin afiliación ni activismo— se han unido campesinos, feministas, estudiantes, comerciantes y otras personas.
El Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH) informó que de que las recientes detenciones no cumplían las garantías procesales: entre otras cosas, se había utilizado a grupos armados progubernamentales para detener a personas, la policía había entrado en domicilios sin contar con orden judicial, o se había presentado a detenidos ante un juez ya pasadas 48 horas (plazo máximo permitido legalmente), entre otras prácticas que constituirían detención arbitraria. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que estas nuevas detenciones mostraban la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias puesto de manifiesto en su reciente informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua en el contexto de las protestas.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo la liberación inmediata de todos los y las líderes estudiantiles, activistas u otros manifestantes detenidos exclusivamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;

- pidiendo que se respeten los derechos procesales de todos los y las líderes estudiantiles, activistas u otros manifestantes detenidos, incluida su comparecencia sin demora ante un tribunal, y que se garantice el acceso a sus familias y a abogados de su elección;

- pidiendo a las autoridades que pongan fin de inmediato a la estrategia de persecución, detención y criminalización de estudiantes y otras personas dedicadas al activismo que ejercen su derecho legítimo a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A:

Presidente de la República de Nicaragua
Daniel Ortega Saavedra
Presidencia de la República.
Frente a Palacio Nacional, calle 4 Noroeste
Managua, Nicaragua, 11001
Fax: +505 2228 9090
Twitter: @EPP_Nicaragua @DanielOrtega_Ni
Tratamiento: Estimado Presidente

Director general de la Policía Nacional
Francisco Javier Díaz Madriz
Centro Comercial Metrocentro, 2 cuadras al Este Edificio Faustino Ruiz
Policía Nacional (Plaza el Sol)
Managua, Nicaragua
Correo-e: relacionespublicas@policia.gob.ni seguridadpublica@policia.gob.ni
Tratamiento: Estimado Señor Director

Y copias a:
Amnistía Internacional, Equipo de Centroamérica
Correo-e: equipoca@amnesty.org

Publicado el 17 de septiembre de 2018