El 1 de julio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) informó de 1.215 casos confirmados (el 45% de las 2.673 personas a las que se había realizado la prueba) y 622 casos sospechosos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía. Estas comunidades se enfrentan a una situación de mayor riesgo debido a la escasez de agua potable, fuentes de alimentos, suministros médicos, servicios de salud y pruebas de detección de la COVID-19. Un vertido de petróleo producido el 7 de abril y las inundaciones estacionales contaminaron el medioambiente y las fuentes de comida y agua de muchas comunidades, lo que aumenta su riesgo de infección. Pedimos al presidente que implemente con urgencia un plan de acción para proteger a estas comunidades garantizando sus derechos humanos.

Según la información gubernamental, a 2 de julio de 2020 había habido 50.915 casos confirmados de COVID-19 (el 41% de las 121.328 personas a las que se había realizado la prueba) y 4.246 muertes en Ecuador, cuya población es de 17 millones.

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), a 1 de julio de 2020 había 1.215 casos confirmados de COVID-19 (el 45% de las 2.673 personas a las que se había realizado la prueba) entre las comunidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. De las personas afectadas, 116 se habían recuperado y 25 habían muerto. Además, había 622 “casos sospechosos” de personas que mostraban síntomas de COVID-19, de las que habían muerto 12. En la Amazonía Ecuatoriana viven aproximadamente 290.000 indígenas pertenecientes a 10 nacionalidades (etnias).

Los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto reciente podrían correr incluso peligro de extinción, ya que sus poblaciones suelen ser pequeñas y su capacidad inmune podría estar reducida por la falta de diversidad genética.

Además de la pandemia, el 7 de abril se produjo un vertido de petróleo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que contaminó los ríos Coca y Napo, y afectó al medioambiente, el agua, la comida y los medios de sustento de casi 120.000 personas, de las que 27.000 son indígenas, pertenecientes sobre todo a las nacionalidades (etnias) kichwa y shuar.

El 29 de abril, un grupo de organizaciones indígenas y de derechos humanos presentó un procedimiento de protección constitucional y solicitó medidas cautelares en favor de las casi 120.000 personas afectadas por el vertido de petróleo. La petición hace responsables al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa petrolera estatal Petroecuador y la empresa privada OCP. Los peticionarios informaron de que el juez a cargo del caso ponía en peligro las garantías de debido proceso mediante irregularidades de procedimiento.

El 22 de junio, las organizaciones indígenas y de derechos humanos de Ecuador presentaron un documento al relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas respecto a la vulnerable situación de los pueblos indígenas de Ecuador en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Publicado el 6 de julio de 2020