El destacado político de la oposición y editor Hisham Kassem se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión por cargos de motivación política –entre ellos, el de difamación— que pesan en su contra sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y haber criticado públicamente a un exministro del gobierno. Su juicio se vio empañado por diversas violaciones de su derecho a una defensa adecuada y de otras salvaguardias procesales. Se espera que el tribunal dicte sentencia el 16 de septiembre. Debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Fiscal General de Egipto

Public Prosecutor Hamada al Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al-Rehab

 Cairo, República Árabe de Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptianPPO

 

Señor Fiscal General:

Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la detención arbitraria, en virtud de cargos de motivación política, del editor, escritor y político de la oposición Hisham Kassem que, a lo largo de los últimos meses, ha criticado abiertamente la mala gestión de la crisis económica por parte de las autoridades y el papel del ejército. Hisham Kassem, de 64 años de edad, fue detenido el 20 de agosto, tras haber sido citado en la fiscalía del sur de El Cairo para ser interrogado en relación con la causa núm. 5007 de 2023, abierta debido a una denuncia de difamación que presentó en su contra el exministro de trabajo, Kamal Abu Eita, a quien Hisham Kassem había criticado en Internet y acusado de corrupción. Aunque la fiscalía ordenó dejarlo en libertad bajo fianza de 5.000 libras egipcias (unos 165 dólares estadounidenses), él se negó a depositar esa cantidad, argumentando que su detención era arbitraria y que él no había cometido ningún acto que justificara su encarcelamiento. El 21 de agosto volvió a ser interrogado por la fiscalía en relación con otra causa ( la núm. 5284 de 2023), debido a unas denuncias interpuestas por tres agentes de policía de la comisaría de Al Sayeda Zeinab, en la que Hisham Kassem había permanecido detenido el 20 de agosto. Según sus abogados, estas denuncias estaban relacionadas con una publicación suya aparecida en Internet el 21 de agosto, en la que explicaba por qué había decidido no depositar el dinero de la fianza y afirmaba ser “más honorable que Abdel Fattah al Sisi y todos sus hombres”.

El 22 de agosto, la defensa de Hisham Kassem se enteró de que su juicio había sido remitido al Tribunal de Delitos Económicos de El Cairo por cargos de difamación, injurias, insultos a la autoridad pública y provocación deliberada de trastornos a las autoridades. Según sus abogados, de ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta tres años de prisión. Sus abogados afirman que las autoridades han violado varias garantías procesales al haberse negado a facilitarles una copia de su expediente antes del juicio, que empezó el 2 de septiembre, y haber prohibido, sin mediar explicación alguna, la presencia en la vista de los medios de comunicación y de diplomáticos extranjeros en calidad de observadores. Hisham Kassem, que se encuentra recluido en la prisión 10 de Ramadán, se declaró en huelga de hambre el 23 de agosto, por lo que su salud se ha resentido, según afirman sus abogados. El 12 de septiembre la suspendió. Se espera que el tribunal dicte sentencia el 16 de septiembre.

Le insto a garantizar que Hisham Kassem quede en libertad de manera inmediata e incondicional y que se retiren todos los cargos que pesan en su contra, ya que fue detenido sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades egipcias deben dejar de utilizar la legislación penal sobre difamación para amordazar a la disidencia, y reformar el Código Penal y otras leyes pertinentes a fin de armonizarlos con las obligaciones de Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, despenalizando el “insulto” y la “difamación”, y tratando esta última como cuestión de derecho civil.

Atentamente,

 

[NOMBRE]

Información complementaria

 

Hisham Kassem es uno de los fundadores del Movimiento Corriente Libre, coalición de partidos políticos de oposición y personalidades políticas, constituida el pasado mes de junio para abogar por el cambio en política económica. Es un destacado editor y autor, y expresidente de la Organización Egipcia de Derechos Humanos.

La detención de Hisham Kassem, el 20 de agosto, tuvo lugar en el marco de una intensificación de la represión de la crítica y el hostigamiento al que son sometidas las familias de disidentes que se encuentran en el extranjero. En agosto fueron detenido los padres del periodista egipcio Ahmed Gamal Ziada, residente en Bélgica, y de la activista egipcio-alemana Fagr al Adly, residente en Alemania. Ambos fueron interrogados sobre el activismo de sus hijos. El 30 de agosto, las autoridades volvieron a detener a Mahmoud Hussein, que había permanecido arbitrariamente detenido entre enero de 2014 y marzo de 2016 por haber llevado una camiseta con el eslogan “Por una nación sin tortura”, en relación con un caso de enero de 2014. El 2 de septiembre, el destacado activista Mohamed Adel fue condenado a cuatro años de cárcel por cargos falsos de “propagación de noticias falsas”. Asimismo, el activista y exrecluso Ahmed Hamdy al Sayed —también conocido como “Gika”—, volvió a ser detenido el pasado mes de junio y sometido a desaparición forzada hasta el 27 de agosto, cuando la Fiscalía ordenó su detención en espera de que se investigasen las acusaciones falsas de “propagación de noticias falsas”, formuladas en su contra. Este incesante acoso a la disidencia pacífica deja en evidencia la falta de compromiso del gobierno con una verdadera reforma, pese a haber puesto en marcha el muy esperado diálogo nacional con la oposición el pasado mes de mayo y haber dejado en libertad a unos cuantos críticos muy destacados que llevaban ya tiempo injustamente recluidos por razones políticas, como Ahmed Douma y Patrick Zaki. Miles de personas más continúan recluidas de manera arbitraria y sin ningún fundamento legal, tras juicios manifiestamente injustos, por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación o de reunión pacífica.

A lo largo de los últimos años, las autoridades egipcias han venido consolidando el sometimiento de los medios de comunicación por medio de la censura en Internet, el allanamiento y cierre de los medios de comunicación independientes y el control de contenidos en medios tanto públicos como privados. Desde 2013, las autoridades han detenido y recluido arbitrariamente, enjuiciado y condenado a periodistas y personal de medios de comunicación simplemente por expresar opiniones críticas o realizar su trabajo comunicación. Asimismo, para castigar a los periodistas críticos, han recurrido una y otra vez a presentar cargos por difamación. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2022, la redactora jefa de Mada Masr, Lina Attalah, y tres periodistas, Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin y Beesan Kassab, fueron interrogadas por la fiscalía en relación con los cargos de “difusión de noticias falsas”, “difamación” de miembros del Partido Futuro de la Nación, y “provocación deliberada de trastornos [a éstos], además del cargo de “explotación sin licencia de un sitio web”, en el caso de Lina Attalah. Según la asistencia letrada de Mada Masr, la fiscalía pidió a la redactora jefa que revelase la identidad de las autoras y editoras del artículo en cuestión, así como las fuentes, las relaciones institucionales y la financiación del medio. Las periodistas quedaron en libertad bajo fianza, aunque la causa permanece abierta. Mada Masr lleva desde 2018 tratando, sin éxito, de obtener una licencia.

La legislación egipcia tipifica la difamación como delito, punible con hasta cinco años de cárcel. Esta legislación sobre difamación ha sido utilizada para castigar a la oposición política sólo por la expresión de opiniones críticas sobre el gobierno o sobre autoridades públicas, lo cual es incompatible con las obligaciones de Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte. El Comité de Derechos Humanos de la ONU es claro al señalar que el mero hecho de considerar unas formas de expresión insultantes para con una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas. La difamación debe ser considerada una cuestión de derecho civil, ya que la imposición de sanciones penales por difamación restringe indebidamente el derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto disuasorio sobre su ejercicio. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y las normas conexas, todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de máxima autoridad, como los Jefes de Estado y de gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe, inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 9 de noviembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Hisham Kassem (masculino)

Publicado el 18 de septiembre de 2023