Desde el 18 de octubre de 2019, el estallido social en Chile dejó cientos de víctimas de violencia policial, incluidas cientas de lesiones oculares por balines disparados por agentes de Carabineros. Cuatro años después, ningún mando policial ha rendido cuentas por las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por Carabineros, a pesar de las largas investigaciones penales sobre su rol y posible responsabilidad. La impunidad no puede continuar y la justicia no puede esperar más. Hacemos un llamado a la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte para que, de existir pruebas suficientes, prontamente formalice a los mandos de Carabineros que pudieran ser responsables de estos crímenes y violaciones.

 

ACTUÉN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Xavier Armendáriz

Fiscal de la Región Metropolitana Centro Norte

Av. Pedro Montt 1606

Santiago Centro, 

Chile

Tel: +56 600 333 0000

Email: xarmendariz@minpublico.cl

Twitter: @FRCentroNorte

Estimado señor Xavier Armendáriz,

 

Le escribo debido a la impunidad que rodea a las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el estallido social, que comenzó el 18 de octubre de 2019. Es profundamente preocupante que, cuatro años después de estos hechos, la impunidad siga siendo la regla, especialmente respecto del alto mando de Carabineros de Chile.

 

En 2020, Amnistía Internacional publicó su conocido informe, Ojos sobre Chile: Responsabilidad de mando y violencia policial durante el estallido social. El informe concluyó que “la evidencia casuística y de imágenes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores”. 

 

En consecuencia, la organización ha llamado una y otra vez a la Fiscalía de Chile, de la que usted forma parte, para que esclarezca “la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos, quienes estando en una posición de garante, habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos. Igualmente [hizo] un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.” Estos mandos podrían incluir al General Director y al Director de Orden y Seguridad (DIOSCAR) en funciones al momento de los hechos. 

 

Tras cuatro años, la impunidad no se puede justificar y la justicia no se puede retrasar. Le pedimos que formalice e inicie el proceso penal contra mandos de Carabineros, si es que existen pruebas admisibles suficientes para ello, en el marco de un juicio justo y con todas las garantías del debido proceso.

 

Atentamente,

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 

El 18 de octubre de 2019 iniciaron protestas masivas en todo Chile tras el anuncio de un aumento en el precio del transporte público en Santiago, la capital. Muchas y muchos chilenos vieron esto como la gota que colmó el vaso después de décadas de deterioro del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Las protestas, en su mayoría pacíficas, fueron duramente reprimidas. La respuesta gubernamental, nunca vista desde el gobierno de Pinochet, no puso freno a las protestas. Carabineros, la fuerza policial de Chile, hizo un uso constante e inadecuado de armas menos letales, disparando en varias ocasiones municiones potencialmente letales de manera injustificada, generalizada e indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza de las personas. En múltiples eventos, Carabineros utilizó de manera excesiva e innecesaria gases lacrimógenos, lanzando este químico contra hospitales, universidades, domicilios e incluso escuelas, afectando gravemente a niñas y niños y personas con discapacidad. Miles de personas resultaron heridas, entre ellas cientos de personas con graves lesiones oculares causadas por balines de goma y metal y gases lacrimógenos utilizados de forma indiscriminada e inapropiada. Otras violaciones de derechos humanos incluyeron decenas de casos de tortura, incluida tortura sexual. La mayoría de las violaciones de derechos humanos documentadas ocurrieron a manos de Carabineros.

Los mandos de Carabineros, cuya responsabilidad es ejercer control sobre sus unidades y garantizar que la fuerza se utilice de conformidad con el derecho y las normas nacionales e internacionales, no impidieron que se produjeran estas violaciones de derechos humanos. Un caso emblemático de tal responsabilidad es el de Gustavo Gatica.

Aunque la policía chilena abrió una investigación interna sobre los hechos, concluyó que nadie en la institución podía ser considerado responsable por el ataque. En junio de 2020, Amnistía expuso lo que podría haber sido un intento de Carabineros de encubrir la participación de uno de sus funcionarios, identificado como “G-3”. Al 29 de septiembre de 2023, este oficial está bajo investigación penal por su papel en el asesinato de Gustavo. El fiscal ha presentado cargos contra él, aunque el juicio aún está pendiente y la responsabilidad de la cadena de mando aún no ha sido objeto de su propio juicio.

En octubre de 2020, Amnistía Internacional lanzó el conocido informe Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, concluyendo la posible responsabilidad penal de al menos tres mandos de Carabineros por sus órdenes tácitas u omisiones deliberadas en la violación generalizada del derecho a la integridad física de personas manifestantes, y lanzó una campaña global exigiendo a la Fiscalía Nacional de Chile que investigue a los mandos de Carabineros.

Amnistía Internacional también recomendó en su informe una reforma estructural de Carabineros, debido a las limitaciones derivadas de su carácter militar y estructura orgánica, y la necesidad de un mayor control de la policía por parte de las autoridades civiles, así como de cambios urgentes para garantizar apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos.

A septiembre de 2023, la impunidad por estos hechos ha sido la norma. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al cierre de 2022, la Fiscalía Nacional ha presentado cargos en solo 127 de las 10.568 denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el período de conflictividad social, lo que resultó en apenas 27 condenas y ocho absoluciones. Hasta la fecha no se han presentado cargos contra ninguno de los mandos de Carabineros a cargo de la policía durante el estallido social.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVIÉN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 27 de noviembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Xavier Armendáriz (masculino)

Publicado el 9 de octubre de 2023