En detención arbitraria por motivos políticos desde marzo de 2019, Juan Carlos Marrufo está soportando unas condiciones de reclusión inhumanas en la prisión venezolana de El Rodeo I desde febrero de 2024. Las autoridades, además de someterlo a aislamiento y falta de agua potable, le niegan pruebas diagnósticas y tratamiento. María Auxiliadora Delgado, casada con Juan Carlos y también en detención desde hace más de cinco años, requiere exámenes médicos inmediatos. Emirlendris Benítez, arrestada arbitrariamente en agosto de 2018, sufre dolencias derivadas de la tortura a la que fue sometida y necesita cirugía inmediata. Pedimos a la ministra Celsa Bautista que garantice que estas tres personas reciben asistencia médica de inmediato.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Celsa Bautista Ontiveros

Ministra para el Servicio Penitenciario

Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios,

Avenida Venezuela, Edificio Platinum,

Urbanización El Rosal, Municipio Chacao,

Caracas

Venezuela

Señora ministra:

 

Durante meses, las autoridades venezolanas han privado de asistencia médica a Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, víctimas de detención arbitraria por motivos políticos. La seguridad y la salud de estas tres personas no pueden esperar más, y está en su mano garantizar que reciben atención médica inmediata y que sus vidas no corren peligro.

 

Emirlendris Benítez fue detenida arbitrariamente y sometida a tortura en agosto de 2018, y está cumpliendo una condena injusta de 30 años de prisión en el centro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques, en Caracas. María Auxiliadora, recluida en el mismo centro del INOF, fue detenida en marzo de 2019 junto con su esposo, Juan Carlos Marrufo, quien está igualmente bajo su custodia en la prisión de El Rodeo, recientemente reformada. Estas tres personas están bajo su cuidado y responsabilidad.

 

En concreto, Emirlendris necesita cirugía inmediata por los problemas médicos derivados de la tortura y violencia de género que sufrió durante su arresto injusto. María Auxiliadora está en espera de las pruebas diagnósticas e imágenes médicas necesarias para prevenir y tratar una afección potencialmente mortal.

 

Juan Carlos Marrufo, detenido inicialmente el 19 de marzo de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto con su esposa, María Auxiliadora, fue trasladado inesperadamente a la prisión El Rodeo I en febrero. Las condiciones en esta cárcel son sumamente alarmantes y podrían constituir tortura y otros malos tratos.

 

Emirlendris Benítez, Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. Mientras estén bajo su custodia, a usted le corresponde proteger su vida y su salud. Le pedimos que les permita recibir de inmediato atención médica adecuada y de confianza, que incluya pruebas diagnósticas y tratamiento urgente.

 

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Emirlendris Benítez es una madre, hermana y comerciante venezolana. El 5 de agosto de 2018 fue detenida arbitrariamente por motivos infundados. Las autoridades la vincularon falsamente con actos de violencia cometidos contra destacados dirigentes políticos de Venezuela, acusación para la que no existen pruebas y que Emirlendris ha negado en todo momento. Mientras estuvo bajo custodia, y a pesar de estar embarazada, Emirlendris fue torturada. Unas semanas después de su detención fue trasladada a la fuerza a un centro médico donde se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento. A causa de la tortura a la que fue sometida, necesita el uso a largo plazo de una silla de ruedas para poder moverse. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión por un tribunal no imparcial y guiado por motivos políticos. Emirlendris no debería haber sido detenida, ya que se cree que sus cargos son de motivación política. Su draconiana condena debe ser anulada y ella debe ser puesta en libertad de inmediato.

Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado fueron detenidos inicialmente el 19 de marzo de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Son matrimonio y, además de la nacionalidad venezolana, tienen la española y la italiana, respectivamente. Habían decidido someterse a un tratamiento de fertilización in vitro cuando fueron detenidos. La única relación de ambos con delitos parece limitarse a que María Auxiliadora es hermana de un oficial militar retirado presuntamente vinculado a un atentado contra Nicolás Maduro. No sólo son víctimas de detención arbitraria, sino que también han sido privados de sus planes de aumentar su familia.

María Auxiliadora y Juan Carlos pasaron los primeros años de reclusión en el centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas. Después, María Auxiliadora fue trasladada a centro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Caracas el 10 de abril de 2024, y Juan Carlos a la prisión de El Rodeo I. Según informes, las condiciones penitenciarias en El Rodeo I incluyen régimen de aislamiento los primeros 30 días de custodia —lo que llaman “periodo de reflexión” para las personas detenidas—, familiares encapuchados durante sus visitas, dormir en cama de hormigón, asistir a juicio por videoconferencia y sin representación letrada, y falta de acceso a agua potable y a artículos básicos de higiene, todo lo cual puede ser constitutivo de tortura.

Sus detenciones no son un hecho aislado. Entran dentro de un uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria —entre otros delitos internacionales y violaciones de derechos humanos— dirigido contra personas consideradas críticas con el gobierno de Nicolás Maduro, y por tanto podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Otras víctimas de detención arbitraria son el defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, quien estuvo sometida a desaparición forzada durante cinco días y continúa detenida desde el 9 de febrero de 2024. Según la ONG venezolana Foro Penal, de 2014 a 2023 se han practicado más de 15.800 detenciones arbitrarias por motivos políticos.

En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil sufren amenazas sistémicas del gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. A fecha de noviembre de 2023, más de 7,72 millones de personas habían huido de Venezuela, lo que equivale a más del 25% de la población total del país.

Desde 2020, cuatro informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 28 de junio de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Emirlendris Benítez (femenino), Juan Carlos Marrufo (masculino), María Auxiliadora Delgado (femenino)

Publicado el 9 de mayo de 2024