Cientos de personas de nacionalidad eritrea corren peligro inminente de ser devueltas a su país, donde estarían en claro riesgo de sufrir tortura y detención arbitraria. Los informes indican que alrededor de 300 personas eritreas detenidas recientemente en Turquía sin acceso adecuado a comunicación ni asesoramiento legal han sido expulsadas a Eritrea. Las autoridades turcas deben suspender de inmediato cualquier plan de devolver a personas de ciudadanía eritrea, y garantizarles el acceso a procedimientos de asilo, como dispone el derecho internacional.

 

FACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Atilla Toros

Director de Gestión de la Migración

Head of Migration Management 

Çaml?ca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle

Ankara/Turquía

Correo-e: atillla.toros@goc.gov.tr

Fax: +90 (312) 920-06-09

X: @Gocidaresi

 

Estimado Sr. Atilla Toros:

 

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por los planes inminentes de las autoridades de devolver a personas de ciudadanía eritrea que están detenidas en el centro de expulsión de Ayd?n. Un representante de la sociedad civil dijo a Amnistía Internacional que alrededor de 180 personas eritreas habían sido expulsadas de Turquía en las últimas semanas. La mayoría de ellas están ahora detenidas en Eritrea en la prisión de Adi Abeto, un gran complejo penitenciario en las afueras de Asmara, la capital del país. En los meses anteriores habían sido expulsadas otras 100 personas. Las personas eritreas que actualmente están detenidas en Turquía han alertado a sus familiares, a través de llamadas telefónicas y cartas, de que las autoridades se están preparando para expulsarlas también, y que esto puede suceder en cualquier momento.

 

Amnistía Internacional considera que estas personas no han tenido oportunidad de impugnar ante un tribunal la decisión de expulsarlas ni de solicitar protección internacional en Turquía. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, las personas eritreas detenidas también estaban recluidas en condiciones inadecuadas, con falta de acceso al agua, alimentación inadecuada, saneamiento deficiente y un acceso muy limitado a asesoramiento legal y a teléfonos, lo que dificultaba su comunicación con familiares y seres queridos. La organización ya documentó anteriormente que las personas devueltas habían permanecido detenidas en régimen de incomunicación y habían sido torturadas al regresar a Eritrea, país del que es delito salir sin autorización. Las autoridades turcas deben detener de inmediato todas las expulsiones de ciudadanos y ciudadanas de Eritrea a su país, donde correrían peligro de sufrir graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas tortura.

 

Lo insto a que no se devuelva a más personas a Eritrea, donde correrían un peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos; También lo insto a que se respete la obligación internacional de Turquía en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención contra la Tortura de la ONU y el derecho internacional consuetudinario, de respetar el principio de no devolución, que es vinculante para todos los Estados. Y que, hasta el momento de su liberación, se garantice que las personas eritreas detenidas en Turquía tienen acceso a procedimientos de concesión de asilo justos y efectivos y sus condiciones de reclusión se ajustan a las normas internacionales relativas a la detención de personas migrantes y solicitantes de asilo.

 

Atentamente,

 

Información complementaria

 

Turquía es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Sin embargo, el país mantiene una reserva geográfica a su ratificación de la Convención, de modo que sólo las personas que son ciudadanas de los Estados miembros del Consejo de Europa pueden solicitar que se les reconozca la condición de refugiado. Las personas que no reúnen los requisitos para obtener la condición de refugiado en Turquía pueden solicitar la condición de refugiado condicional o la protección subsidiaria en virtud de la Ley de Protección Internacional y Extranjeros de 2013. La condición de refugiado condicional se creó para las personas originarias de Estados «no europeos» y proporciona derechos más restrictivos que los que se les garantiza a quienes se ha reconocido la condición de refugiado.

Amnistía Internacional ha concluido que las autoridades eritreas consideran que el acto de solicitar asilo en el extranjero es prueba de traición, y un motivo para detener a cualquier persona devuelta a Eritrea. Las condiciones atroces de detención en Eritrea constituyen trato cruel, inhumano o degradante. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que “[s]egún diversos informes, los eritreos que son devueltos por la fuerza pueden tener que enfrentarse a arrestos sin cargos, detención, malos tratos, tortura o, a veces, a la muerte a manos de las autoridades. Se sabe que se encuentran en régimen de incomunicación, en situación de hacinamiento y en condiciones antihigiénicas, con escaso acceso a la atención sanitaria a veces durante largos períodos de tiempo”, y que “[p]ara algunos eritreos, el haber estado fuera del país puede ser causa suficiente para volver a ser sometidos a vigilancia, represalias y malos tratos. Las personas pueden ser sospechosas de haber solicitado asilo, de haber participado en reuniones de la oposición en el exilio, o de otro modo constituir una (real o supuesta) amenaza para el gobierno, especialmente cuando han salido del país ilegalmente”. Además, en 2015, la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que “[c]on pocas excepciones, las personas que se han visto forzadas a regresar al país han sido detenidas y recluidas, y han sufrido actos de maltrato y tortura”.

Según un informe de Amnistía Internacional de 2016, quienes desertan puede ser objeto de reclusión arbitraria prolongada, condiciones de reclusión inhumanas, tortura y otros malos tratos. El servicio nacional es obligatorio en Eritrea para todos los hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, y comporta además funciones obligatorias en la reserva hasta los 50 años. La duración del servicio no tiene límite. Inicialmente dura 18 meses, que incluyen 6 meses de servicio militar seguidos de 12 de destino en servicio militar o del gobierno. Sin embargo, es frecuente que se amplíe indefinidamente. El servicio nacional supone a menudo trabajos forzosos o no voluntarios en proyectos estatales. Los reclutas trabajan como mano de obra en proyectos públicos, como la construcción de carreteras, en la administración pública o en empresas que son propiedad y están gestionadas por las élites militares o del partido gobernante. Reciben salarios mínimos con los que no pueden satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Gran parte de la población adulta de Eritrea está cumpliendo en la actualidad el servicio nacional obligatorio. No hay exención del servicio militar para los objetores de conciencia ni servicio civil alternativo. La consecuencia de eludir el servicio militar suele ser la detención y la tortura.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: turco, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 1 de diciembre de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas ciudadanas eritreas en peligro de devolución (TODOS)

Publicado el 17 de septiembre de 2024