La defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi corre el riesgo de ser ejecutada después de que un Tribunal Revolucionario de Rasht (provincia de Gilan) la condenara a muerte en junio de 2024 exclusivamente en relación con sus actividades pacíficas de derechos humanos. Sharifeh Mohammadi apoyaba los derechos de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras, así como la abolición de la pena de muerte, y hasta 2011 fue miembro de un comité de personas trabajadoras en Irán, país donde están prohibidos los sindicatos independientes. Su juicio fue manifiestamente injusto y sus denuncias de tortura y otros malos tratos nunca se investigaron.

 

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Presidente de la Magistratura

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei,

c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

La defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi, de 45 años, corre el riesgo de ser ejecutada en la prisión de Lakan (provincia de Gilan) después de que la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Rasht (provincia de Gilan) la condenara a muerte en junio de 2024. Fue declarada culpable de “rebelión armada contra el Estado (baghi) exclusivamente en relación con sus actividades pacíficas de derechos humanos, que incluían el apoyo a los derechos de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras, así como a la abolición de la pena de muerte, y su pertenencia anterior al Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras, que defiende los sindicatos. Su apelación está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo. 

El 5 de diciembre de 2023, agentes del Ministerio de Inteligencia detuvieron arbitrariamente a Sharifeh Mohammadi y la trasladaron a un centro de detención en Rasht, donde, según una fuente informada, fue sometida a tortura y malos tratos, entre ellos repetidas patadas en las piernas. Unos días más tarde, fue trasladada en régimen de aislamiento a la prisión de Lakan. El 28 de diciembre de 2023, la trasladaron a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj (provincia de Kurdistán), a unos 500 km de Rasht, donde, según fuentes informadas, para obtener “confesiones” forzosas, los agentes la sometieron a tortura y malos tratos como golpes repetidos en la cara y la cabeza mientras tenía los ojos vendados, lo que le causó lesiones visibles. A finales de enero de 2024, tras su traslado a la prisión de Sanandaj, presentó una denuncia por la tortura que había sufrido, pese a lo cual no se llevó a cabo ninguna investigación. Cuatro semanas después, retiró su denuncia después de que la fiscalía la amenazara con una reclusión prolongada en la prisión de Sanandaj, donde había estado sometida a régimen de aislamiento. A finales de febrero de 2024, la trasladaron a la prisión de Lakan. 

El juicio de Sharifeh Mohammadi, que consistió en una sesión de 30 minutos celebrada el 9 de junio de 2024, fue manifiestamente injusto. Fue conectada desde la prisión a través de una videoconferencia y se le negó el derecho a hablar. La sentencia enumera sus actividades pacíficas de derechos humanos como “prueba en su contra, incluida la posesión de documentos de apoyo a las presas, su postura abolicionista y sus vínculos con el Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras.

Detengan cualquier plan para ejecutar a Sharifeh Mohammadi, anulen su sentencia condenatoria y su condena a muerte, y pónganla en libertad de inmediato y sin condiciones, ya que está recluida únicamente por su activismo pacífico de derechos humanos. Hasta su puesta en libertad, proporciónenle atención médica adecuada y visitas periódicas de familiares y profesionales de la abogacía; protéjanla de nuevos actos de tortura y otros malos tratos; y ordenen una investigación independiente, efectiva e imparcial de sus denuncias de tortura, haciendo comparecer a cualquier persona sospechosa de responsabilidad penal ante la justicia en juicios justos. Asimismo, establezcan de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. 

Atentamente,

[NOMBRE]

 

Información adicional

 

El 5 de diciembre de 2023, unos agentes arrestaron arbitrariamente a Sharifeh Mohammadi en su casa de Rasht, confiscaron sus dispositivos electrónicos y otros objetos personales y la llevaron a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Rasht. Allí, fue sometida a interrogatorios sin acceso a asistencia letrada y se le negó el contacto con su familia, le vendaron los ojos y fue interrogada repetidamente. Los interrogatorios giraron en torno a su activismo de derechos humanos, como las razones de su postura contra la pena de muerte y el apoyo a las personas presas recluidas por motivos políticos. Después de varios días, fue trasladada en régimen de aislamiento a la prisión de Lakan, donde continuaron los interrogatorios sobre su activismo. El 28 de diciembre de 2023, después de su repentino traslado a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, continuaron los interrogatorios y, según una fuente informada, los agentes la sometieron a nuevas torturas y otros malos tratos que incluyeron golpes reiterados en la cara. Los agentes trataron de obligarle a “confesar” que tenía vínculos con el Partido Komala del Kurdistán, grupo de oposición kurdo prohibido con sede en la Región del Kurdistán de Irak, lo que ella negó repetidamente. Hacia finales de enero de 2024, cuando fue trasladada en régimen de aislamiento a la prisión de Sanandaj, Sharifeh Mohammadi presentó una denuncia por el trato que había recibido en el centro de detención del Ministerio de Inteligencia de Sanandaj, pese a lo cual no se llevó a cabo ninguna investigación. Cuatro semanas después, la fiscalía la presionó para que retirara su denuncia. En ese momento, las heridas visibles en su rostro se habían curado y los funcionarios de la fiscalía le dijeron que si quería que se llevara a cabo una investigación, continuaría recluida en la prisión de Sanandaj en lugar de ser trasladada de regreso a la prisión de Lakan, más cercana a su familia. A finales de febrero de 2024, después de retirar su denuncia bajo presión, fue trasladada de nuevo a la prisión de Lakan, donde permanece. Hasta que fue trasladada al ala general de la prisión de Lakan a principios de marzo de 2024, sólo se le permitieron algunas llamadas telefónicas muy breves a su familia. El 11 de junio de 2024, después de dedicar meses al seguimiento del caso de Sharifeh Mohammadi, Sirous Fattahi, su esposo, fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza de la prisión de Lakan el 20 de junio de 2024. Las autoridades han incoado ahora dos casos en su contra —uno ante un Tribunal Revolucionario y otro ante un tribunal penal— por cargos falsos exclusivamente relacionados con su apoyo a la liberación de Sharifeh Mohammadi, entre ellos la “difusión de mentiras con la intención de perturbar la opinión pública”.

 

El juicio de Sharifeh Mohammadi ante la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Rasht fue manifiestamente injusto. Su abogado solo dispuso de 10 minutos para presentar una defensa. La sentencia, dictada el 30 de junio de 2024, que ha examinado Amnistía Internacional, enumera las actividades pacíficas de derechos humanos como “pruebas” de los actos de Sharifeh Mohammadi “contra los fundamentos de la República Islámica de Irán”. El fallo cita como “prueba” contra Sharifeh Mohammadi su apoyo a la abolición de la pena de muerte en Irán, su documentación de casos de mujeres recluidas por motivos políticos en la provincia de Gilan, su posesión de información sobre la participación de trabajadores y trabajadoras en el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de septiembre-diciembre de 2022 y de los datos de contacto del Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras hallados en sus archivos electrónicos. La sentencia también afirma que existe una conexión entre el Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras, al que Sharifeh Mohammadi perteneció hasta 2011, y el Partido Komala de Kurdistán. El Comité, que sigue funcionando como una organización independiente que promueve los derechos de las personas trabajadoras y los sindicatos, ha declarado en repetidas ocasiones que es un comité de derechos de las personas trabajadoras y que no tiene relación con el Partido Komala de Kurdistán.

Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades deben garantizar unas investigaciones independientes, imparciales y efectivas de las denuncias de tortura y otros malos tratos cuando se disponga de información sobre dichos presuntos delitos, incluso en ausencia de denuncias formales. Amnistía Internacional ha documentado en repetidas ocasiones que, en Irán, las autoridades judiciales desestiman o niegan sistemáticamente las denuncias de tortura y otros malos tratos en lugar de investigarlas. No toman medidas para proteger a las personas sobrevivientes frente a las represalias de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad y, por el contrario, las castigan en algunos casos por presentar denuncias, lo que consolida aún más la impunidad. En consecuencia, cuando estas personas se retractan de sus denuncias tras sufrir represalias, las autoridades judiciales cierran el asunto y dan por hecho que no se ha cometido ningún delito.

Tras el levantamiento “Mujer Vida Libertad”, las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir temor entre la población y afianzarse en el poder. Esta escalada incluye el uso de la pena de muerte contra mujeres por cargos de motivación política. La activista de la sociedad civil kurda Pakhshan Azizi fue declarada culpable en julio de 2024 de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) y condenada a muerte por el Tribunal Revolucionario únicamente por su activismo pacífico. Al menos otras dos mujeres, Wrisha Moradi y Nasim Gholami Simiyari, han sido juzgadas también por “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en sendas causas. En 2023, las autoridades llevaron a cabo al menos 853 ejecuciones, y el uso de la pena de muerte ha afectado de manera desproporcionada a la minoría étnica baluchi, perseguida de Irán, que constituye alrededor del 5% de la población del país pese a lo cual representó el 20% de todas las ejecuciones en 2023. En 2024, las autoridades iraníes han seguido llevando a cabo ejecuciones, lo que afectó a minorías étnicas y disidentes.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa, inglés o su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 9 de diciembre de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Sharifeh Mohammadi (femenino).

Publicado el 17 de septiembre de 2024