Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente, dijo Amnistía Internacional. En un nuevo informe Amnistía Internacional examina la aplicación en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) y muestra que defrauda a la gran mayoría de la personas a quienes se robó la tierra. Muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución.