Palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual, estas son algunas de la variadas técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener "confesiones" de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental, pone de manifiesto la oscura realidad de la imagen liberal que presentaron los líderes de Marruecos cuando, en 2011, respondieron a los levantamientos populares de la región con la promesa de innumerables reformas progresistas y una nueva Constitución que prohibía la tortura.

“Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los derechos humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura.”

El informe se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014. Entre las víctimas figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.

El informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Con demasiada frecuencia, los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura.

A veces incluso se procesa por "calumnia " y "denuncia falsa" a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia. Sigue imperando la impunidad, pese a las promesas de las autoridades de hacer valer los derechos humanos.

Personas torturadas bajo custodia y obligadas a "confesar"

En el informe se documentan brutales técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, como obligarlas a permanecer en posturas en tensión como la denominada el "pollo asado" o colgarlas por las muñecas y las rodillas de una barra de hierro.

Al igual que otros saharauis, Mohamed Ali Saidi, de 27 años, explicó que la policía lo había torturado bajo custodia tras detenerlo en relación con unas manifestaciones celebradas días antes, en mayo de 2013, en El Aaiún, Sáhara Occidental. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

“Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Era una botella de Pom’s [popular refresco marroquí]. Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada [...] Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones."

Abdelaziz Redaouia, francoargelino de 34 años, dijo que los agentes lo habían torturado por negarse a firmar un informe de interrogatorio en el que se incriminaba de delitos de drogas tras su detención en diciembre de 2013. Explicó:

“Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel.”

Dijo que los agentes le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y le golpearon en las plantas de los pies estando colgado.

Abusos contra manifestantes y simples viandantes

En el informe se afirma que las fuerzas de seguridad dan muestra sin ningún reparo de la impunidad de la que parecen gozar golpeando a manifestantes a plena vista para enviar así un mensaje de advertencia a quienes lo ven. Se documentan en él decenas de casos de brutalidad policial, cometida contra manifestantes y simples viandantes a plena luz del día y en vehículos.

Abderrazak Jkaou, estudiante que participó en manifestaciones, contó que la policía lo había golpeado hasta hacerle perder el conocimiento en la universidad la víspera de una manifestación convocada en Kenitra. Explicó:

“Algunos llevaban largos palos. Me golpearon de la cabeza a los pies. Luego, un agente vestido de civil agarró una esposa con el puño y me golpeó entre los ojos. Perdí el sentido y me desplomé. Luego llegaron los demás y me pisotearon en la vejiga, hasta que me oriné. Me golpearon hasta que me desmayé, y entonces me arrojaron fuera de la universidad, como advertencia a otros estudiantes. Los estudiantes pensaron que estaba muerto."

Aunque entre las personas que contaban que habían sido detenidas y torturadas había activistas conocidos, otras eran simples viandantes. Khadija, cuyo nombre se ha modificado a fin de protegerla, contó que la policía la había agredido cuando pasaba por la universidad en Fez en 2014. Dijo:

“La policía antidisturbios se me acercó por detrás y me hizo tropezar. Me caí, y me arrancaron el pañuelo de la cabeza y me golpearon. Luego me arrastraron por las piernas, boca abajo, hasta su furgoneta. Dentro había alrededor de 10 agentes más esperando. Fue entonces cuando más me golpearon.”

Un sistema que protege a los torturadores, no a las víctimas

En el informe se advierte también de una novedad alarmante: el uso de leyes que penalizan la "denuncia falsa" y la "calumnia", para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de estas leyes, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura.

Según la legislación marroquí, la "denuncia falsa" puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses; y la "calumnia", con hasta cinco años de cárcel. Mientras tanto, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por "calumnia" y "difamación".