Amnistía Internacional celebró la aprobación del protocolo para la realización de abortos no punibles, por parte del ministerio de Salud de la Nación. En una carta enviada al ministro Daniel Gollán, la organización de derechos humanos señaló que el protocolo es un paso hacia el pleno cumplimiento del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que despejó las dudas que existían sobre el artículo 86 del Código Penal. En esa sentencia, el máximo tribunal estableció que el aborto no es punible cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es resultado de una violación y, en este último caso, aclaró que no es necesaria una denuncia policial previa. Sin embargo, y aunque el fallo fue dictado en marzo de 2012, hasta el día de hoy las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante los últimos tres años, Amnistía Internacional había sido muy crítica del ministerio de Salud, por su falta de decisión política para garantizar la aplicación del fallo de la Corte Suprema en todo el país. Ahora, el ministerio ha dado un paso a favor de los derechos de las mujeres, con la sanción de la guía, denominada formalmente Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo, cuya aplicación será “obligatoria en todo el territorio argentino” y por parte de “todas las instituciones sanitarias” públicas y privadas.

“Sin duda es un gesto positivo de las autoridades. Ahora esperamos que el gobierno garantice en la práctica que cada niña, adolescente o mujer pueda acceder al aborto legal en cualquier parte del país, sin trabas arbitrarias e ilegales. Negar el acceso al aborto en los casos de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer es una violación a los derechos humanos de las mujeres”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La organización valoró particularmente que la guía haya establecido que la interrupción voluntaria del embarazo “se encuentra enmarcada en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, e implica el acceso a una atención integral de calidad que asegura el respeto por la intimidad y la autonomía, el flujo de información clara y veraz y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada”.

La carta fue enviada al ministro Gollán con copia a Adriana Álvarez, quien está a cargo del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR).