Un tribunal británico (el Investigatory Powers Tribunal, IPT) ha dado a conocer la confirmación de que organismos gubernamentales británicos han estado espiando a Amnistía Internacional mediante el acceso y almacenamiento de sus comunicaciones.
El tribunal británico ha comunicado por correo electrónico a la organización que en su resolución del 22 de junio había identificado equivocadamente a una de las dos ONG que según sus conclusiones habían estado siendo objeto de vigilancia ilegal por parte del gobierno británico. La comunicación remitida deja claro que fue Amnesty International Ltd, y no la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, la que, junto con el Centro de Recursos Jurídicos de Sudáfrica, había sido objeto de espionaje.
Estas ONG forman parte del grupo de 10 organizaciones que habían realizado actuaciones judiciales en relación con las sospechas de que su trabajo estaba siendo objeto de vigilancia masiva ilegal por parte de organismos británicos de espionaje.
“Tras 18 meses de litigio, con todas las negaciones y artilugios que el proceso ha traído consigo, ahora se nos confirma que, efectivamente, el gobierno británico nos ha estado sometiendo a vigilancia masiva. Nos preocupa que las prácticas que habitualmente se nos presentan como propias de mandatarios despóticos hayan estado produciéndose en territorio británico, a cargo del propio gobierno británico”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“¿Cómo se espera ahora que realicemos nuestra esencial labor por todo el mundo si tanto defensores y defensoras de los derechos humanos como víctimas de abusos pueden estar pensando que, las comunicaciones confidenciales que mantienen con nosotros muy probablemente pueden terminar en manos de gobiernos?”.
“La confirmación de que el gobierno del Reino Unido ha estado espiando a Amnistía Internacional no hace sino poner aún más de manifiesto las graves deficiencias de la legislación británica en materia de vigilancia. De no haber almacenado nuestras comunicaciones durante más tiempo del permitido por sus directrices internas, jamás nos habríamos enterado. Y lo que es peor, se podría haber considerado perfectamente legal”.
En la comunicación remitida por el tribunal británico no se hace referencia alguna al momento ni a los motivos por los que Amnistía Internacional ha sido objeto de espionaje, como tampoco se dice nada sobre qué se ha hecho con la información que han capturado.
Todo esto demuestra la urgente necesidad que existe de una reforma legislativa sustancial, especialmente en lo que respecta a lo vinculado con las oportunas autorizaciones prejudiciales y de controles efectivos sobre el uso que los servicios de seguridad británicos hacen de sus atribuciones de vigilancia. Queda también en evidencia la necesidad de que se realice una investigación independiente sobre los métodos y los motivos por los que una agencia de inteligencia británica ha estado sometiendo a espionaje a organizaciones para la defensa de los derechos humanos.
Esto confirma el mensaje que nuestra organización viene manifestando para que se ponga fin a la vigilancia masiva de las comunicaciones por parte de los gobiernos.
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