Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.- Amnistía Internacional condenó el accionar violento por parte de las fuerzas policiales contra los manifestantes que reclamaban por las irregularidades en las elecciones tucumanas, el último 24 de agosto. En una carta dirigida al Gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, la organización de derechos humanos manifestó su profunda preocupación por la represión violenta de las fuerzas policiales en el marco de la manifestación que tuvo lugar tras la realización de los comicios en el día domingo.
Amnistía Internacional expresó que, según indican los informes, las fuerzas de seguridad, dependiente del Gobierno de la Provincia de Tucumán, hicieron un uso desmedido de la fuerza, utilizando gases lacrimógenos y balas de goma, que atentaron con la integridad física de personas.
Frente a esto, la organización reclamó a las autoridades que inicien las acciones judiciales y administrativas correspondientes para investigar los hechos ocurridos y sancionar a los responsables directos, como también a los encargados de controlar el accionar de los agentes de la policía local y prevenir el uso excesivo de la fuerza.
Además, destacó la importancia de resguardar el derecho humano a manifestarse, permitiendo a las personas expresar su disenso y ejercer su derecho de peticionar a las autoridades de manera pacífica y la obligación de Estado de velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya sea frente a posibles daños de terceros como, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir las propias fueras de seguridad.
“Todo uso de la fuerza por parte de la policía u otras fuerzas debe ser excepcional y debe cumplir las obligaciones internacionales de proporcionalidad y necesidad contraídas por el Estado en materia de derechos humanos, en especial la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad de las personas”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional indicó que las fuerzas de seguridad deben estar capacitadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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