Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas apoyan la propuesta de creación de una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia para la identificación de las complicidades económicas y financieras en relación con violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidas en la Argentina durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.
El trabajo de esta Comisión puede ser una contribución muy importante a la obtención de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura y sus cómplices económicos. Sin embargo, esta iniciativa no debe reemplazar ni dilatar la actividad de la justicia ordinaria. A pesar de que en el período 2006-2015 se han juzgado a casi 700 personas (622 condenadas y 57 absueltas) por crímenes de lesa humanidad, uno de los principales desafíos que actualmente enfrenta la justicia argentina continúa siendo el enjuiciamiento de los sectores civiles, empresariales y judiciales. Hasta la fecha sólo ha habido un funcionario del Poder Judicial y dos empresarios condenados por su implicación en dichos crímenes.
El proyecto de creación de la Comisión ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, ha obtenido dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y podría ser sancionado en las próximas semanas por el Senado. Esta iniciativa se enmarca dentro de una serie de medidas que se están tomando en Argentina para garantizar el derecho a la verdad, asegurar la no repetición de estos hechos y prevenir violaciones y complicidad con violaciones de derechos humanos en el futuro. La experiencia argentina es pionera en materia de verdad, justicia y reparación, y la creación y funcionamiento de la nueva Comisión parlamentaria podría imbuir el proceso con un ímpetu adicional.
La iniciativa se enmarca también en un contexto internacional de creciente preocupación e interés por el involucramiento de empresas comerciales y entidades financieras en la comisión de delitos, muchos de los cuales constituyen abusos a los derechos humanos. Existe hoy una cantidad importante de juicios en curso relativos a empresas o empresarios acusados de complicidad con graves violaciones a los derechos humanos cometidas en países como Nigeria, Colombia o Myanmar. Algunos de estos casos han llegado a tribunales de Estados Unidos o Europa, debido al posible involucramiento de empresas matrices domiciliadas en esos países.
Es esencial que una vez formada la Comisión, esta desarrolle sus labores con estricto apego a las normas constitucionales y al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las garantías de un debido proceso tales como la oportunidad para todos los involucrados de ser oídos. La Comisión no tiene carácter judicial y por tanto no puede establecer responsabilidades legales de los presuntos involucrados, pero una vez establecidos los elementos y las circunstancias de la complicidad económica y financiera en la comisión de los delitos objeto de investigación, aquellos que la Comisión identifique como cómplices deberán ser enviados al poder judicial para su procesamiento de acuerdo a la ley. La Comisión también deberá guardar con celo informaciones e identidades proporcionadas a ella por terceros y cuya divulgación pueda poner en riesgo o vulnerar los derechos de las personas involucradas.
La Comisión ofrecerá una oportunidad única en el largo proceso argentino de asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en relación con las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante la última dictadura. Es también un eslabón más en el esfuerzo de asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de corporaciones y empresas transnacionales.
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