Ante los hechos de dominio público sucedidos en Brasil donde un juicio político produjo la retirada temporal de la presidenta Dilma Rousseff tras la votación del Senado, asumiendo el poder Michel Temer,​ Amnistía Internacional ​insta a las autoridades brasileñas a reafirmar su compromiso con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1988 y a cumplir con sus obligaciones internacionales adquiridas en virtud de los tratados de derechos humanos en los que Brasil es miembro.

Amnistía Internacional​ viene hace tiempo expresando preocupación por el riesgo de​ que la situación actual signifique,​ un grave retroceso en la agenda de derechos humanos desde el punto de vista legislativo​.

​Preocupa especialmente, la situación de los​ grupos históricamente marginados, incluidas las mujeres, afrodescendientes, indígenas y las comunidades tradicionales. ​Particularmente​, Amnistía Internacional ha venido advirtiendo​ sobre el impacto de la propuesta de derogación del Estatuto de Desarme y del Estatuto de la Familia sobre los derechos humanos. ​A​sí como los riesgos para los derechos humanos contenidos en la nueva propuesta del Código de Minería y en temas de licencias ambientales. Amnistía Internacional advirtió también sobre los riesgos de la Ley contra el Terrorismo, aprobada en marzo de 2016, que contiene consideraciones extremadamente vagas que pueden utilizarse para ​criminalizar movimientos sociales y protestas pacíficas.

​Desde la institución vemos con profunda preocupación la falta de diversidad en la composición del gabinete ministerial, que no cuenta si quiera con una mujer o con una persona de ascendencia africana, y la extinción del Ministerio de la Mujer, la Igualdad Racial y los Derechos Humanos, anunciado por el gobierno de Michel Temer​ y el impacto que esta decisión tiene en la agenda de derechos humanos.

​En todo este contexto, y ​teniendo en cuenta estos riesgos, Amnistía Internacional reitera su compromiso de seguir ​ tra​bajando por la promoción y garantía de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y en la Constitución brasileña.