Veinte años después de una brutal masacre de trabajadores rurales sin tierra a manos de la policía militar de Brasil, la impunidad persiste para los crímenes cometidos contra las comunidades rurales en el país – con 50 asesinatos en 2015 lo que lo convirtió en el año más mortal de la década, dijo hoy Amnistía Internacional.

Desde que 19 trabajadores rurales sin tierra fueron asesinados en el sur-este del estado de Pará el 17 de abril de 1996 –incidente que se conoce como la masacre de Eldorado dos Carajás – más de 271 trabajadores y líderes rurales han sido asesinados sólo en Pará.

Los miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) marchaban hacia la ciudad de Belém cuando la policía les cortó el paso. Se había destacado para detener la marcha a más de 150 agentes de policía, que habían quitado de sus uniformes las placas identificativas e iban armados con rifles cargados con munición real, en una operación que se saldó con una acción represiva extremadamente violenta y con la muerte de los trabajadores.

Sólo dos oficiales al mando de la operación -- el coronel Mario Colares Pantoja, condenado a 258 años, y el mayor Oliveira, condenado a 158 años -- han sido declarados culpables en relación con la masacre. Ambos llevan encarcelados desde 2012. Ningún otro policía ni ningún cargo político que pueda haber incitado a la policía militar a cometer el crimen o de alguna otra forma haber consentido la masacre, han sido llevados a la justicia.

La organización ha documentado y analizado las violaciones de derechos humanos cometidas en la masacre de Eldorado dos Carajás, ha observado el progreso de los procedimientos judiciales y ha reclamado justicia en los juicios a aquellos sospechados de responsabilidad criminal.

Las autopsias revelaron que 10 de los 19 miembros del MST que murieron habían sido ejecutados: a unos les habían disparado a quemarropa y a otros los habían matado a golpes con sus propias herramientas agrícolas.

La masacre se saldó además con 69 personas heridas, muchas de las cuales sufren secuelas a causa de las balas alojadas en distintas partes del cuerpo, que ahora les impiden dedicarse al trabajo agrícola. Dos fallecieron a consecuencia de sus heridas, con lo que la cifra de muertos ascendió a 21.