El Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de Ley al Congreso sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, una deuda de Argentina en su compromiso por derribar las barreras del secreto de la gestión pública.

En un contexto de crisis internacional respecto de la transparencia en los sistemas financieros y legales, es imprescindible implementar políticas que obliguen a las autoridades y funcionarios públicos de los tres poderes a rendir cuentas y brindar explicaciones sobre su gestión y mandato.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano y constituye una de las principales herramientas para el control de la actividad estatal por parte de la ciudadanía. La información pública es el primer paso hacia el principio de publicidad en la administración de gobierno y es imprescindible para concretar la participación social.

“Desde Amnistía Internacional celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de haber puesto en la agenda pública este tema.  El derecho de acceso a la información es una herramienta  fundamental para hacer exigible derechos humanos. Sabemos que la falta de información clave impide conocer la situación de violación de ciertos derechos y en consecuencia evaluar que medidas está adoptando el Estado para satisfacer los distintos derechos que posee la ciudadanía” dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Del derecho de las personas a recibir información se desprende la obligación positiva del Estado de producirla. De allí que esta norma que se envió al Congreso debe estar acompañada por el compromiso real de contar con bases de datos y fuentes de información cuantitativa y cualitativa oportuna para el análisis de la realidad política, social y económica de un país.

Hasta el momento, el decreto 1172/2003 sobre Mejora de la Calidad de la Democracia y sus Instituciones, ha demostrado ser ineficiente. Su carácter restrictivo limitado exclusivamente al ámbito del Ejecutivo nacional, plantean la necesidad de que se avance en la sanción de una ley nacional que establezca mecanismos claros para que los órganos estatales asuman el deber de producir y difundir información, y a la par, la ciudadanía pueda reclamar y recibir información pública.

“América Latina es una de las regiones que más ha avanzado en materia de acceso a información pública. La mayoría de los países de la región han sancionado marcos legales que garantizan el ejercicio efectivo de este derecho. Argentina, sin embargo, no ha sido parte de esta tendencia. El Congreso tiene la oportunidad de sumar a Argentina al grupo de países de la región preocupados por garantizar mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad en asuntos públicos y a la vez contribuir a reducir los niveles de desigualdad, de corrupción, evasión fiscal y abuso de poder”. concluyó Belski.

 

¿Por qué es fundamental una ley de acceso a la información?

•  El derecho de acceso a la información es parte constitutiva del derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.


• El acceso y difusión de información en manos del Estado permite a los ciudadanos involucrarse de manera significativa en las cuestiones de interés público incidiendo en los procesos de formulación de políticas.


• El acceso a la información nutre y fortalece el proceso de toma de decisiones en un sistema democrático de gobierno.


• La información ayuda a igualar los desequilibrios de poder y potenciar las oportunidades de sectores más desfavorecidos.


• El derecho internacional de los derechos humanos dispone que las autoridades estatales deben regirse por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones.


• Las limitaciones en el acceso a la información deben estar debidamente justificadas, y no puede invocarse fórmulas generales como la seguridad o el orden público para incumplir esta obligación. Debe probarse la existencia de un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo que justifique la denegación de la información. Ante la duda, debe primar el derecho de acceso a la información.