Por Sofía Benavides en Infobae
Pese a que se trata de la principal causa de muerte materna a nivel mundial, en algunas regiones hablar del aborto continúa siendo un tabú. Es el caso de Latinoamérica, en donde la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido es considerado un crimen por las legislaciones de la abrumadora mayoría de países.
Con la salvedad de Uruguay, la capital de México, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico -donde actualmente es legal-, los países de la región oscilan entre la prohibición absoluta del aborto (con penas de prisión para quienes lo practican) y la prohibición con algunas pocas excepciones.
Dichas excepciones son tres, usualmente reconocidas en los códigos penales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la madre y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevida. Sin embargo, son usuales los casos en los que las trabas burocráticas y las dificultades a la hora de hacer cumplir dichas excepciones hacen que se superen los tiempos establecidos por ley, por lo que los derechos de esas mujeres terminan siendo vulnerados.
“El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad reproductiva viven en países donde el acceso a aborto seguro está severamente restringido por ley”
Es el caso de Mainumby en Paraguay, una niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de los abusos de su padrastro. Incluso después de que el director del Hospital Materno Infantil de Trinidad recomendó el aborto porque el cuerpo de Mainumby no estaba preparado para un embarazo y cuando la legislación paraguaya lo habilita para estos casos, el Estado no habilitó la práctica. La menor dio a luz en agosto de 2015, mientras su madre estaba en prisión investigada por su responsabilidad en los abusos.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado en marzo de 2016, "el 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad reproductiva viven en países donde el acceso al aborto seguro está severamente restringido por ley. Como siempre sucede en la región más desigual del mundo, la necesidad insatisfecha de servicios de salud sexual y reproductiva afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en situación de pobreza y marginalización".
A esa situación se suma el hecho de que en América Latina y el Caribe la mitad de los embarazos son no deseados y no planificados -como consecuencia de la violencia sexual, la demanda de anticoncepción insatisfecha y un patrón cultural que prioriza el rol de la mujer madre-, tasa que se ha mantenido inalterable desde 1985, de acuerdo con el mismo informe.
Lejos de los países europeos, norteamerica e incluso gran parte de Asia, donde el aborto se encuentra mayormente permitido, el mapa latinoamericano se asemeja más al del África y Medio Oriente, donde a excepción de Túnez, Sudáfrica y Mozambique, el resto de los países imponen severas penas a la práctica abortiva. Según un informe del 2012 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 97% de los abortos en África y 95% en América Latina son considerados inseguros (un total de 5 millones y 4,4 millones, respectivamente).
Por su parte, de acuerdo con las cifras del instituto especializado Guttmacher Institute, en el período 2010–2014 la tasa anual de aborto más alta ocurrió en el Caribe, estimada en 65 por 1.000 mujeres en edad reproductiva, seguida por América del Sur en 47 por 1.000. Las tasas más bajas ocurrieron en América del Norte, con 17, y en Europa Occidental y del Norte, ambas con 18.
Objeción de conciencia, la influencia de la Iglesia Católica
Entre las dificultades con las que se topan las mujeres latinoamericanas a la hora de hacer uso de los derechos consagrados por ley en lo relativo a la práctica del aborto se encuentran los objetores de conciencia. Se trata de médicos o trabajadores del sistema de salud pública que, apelando a motivos éticos y religiosos, poseen el derecho de negarse a practicar interrupciones del embarazo, o incluso a brindar atención pre y post aborto.
La presencia de esta figura en las dependencias estatales ha bloqueado en los hechos la posibilidad de muchas mujeres de ejercer sus derechos. En el caso de Uruguay, donde el aborto es legal, la objeción de conciencia se ha convertido en un impedimento casi absoluto en algunos departamentos del país, donde la totalidad de los médicos del área de ginecología y obstetricia se declararon objetores.
Claroscuros del caso uruguayo
Aunque se trata de uno de los países más permisivos de la región, algunas organizaciones de mujeres y de derechos humanos señalan que el acceso al aborto en Uruguay, donde es legal, está dificultado por distintas trabas y plazos burocráticos.
En efecto, la mujer debe cumplir con una serie de pasos que incluyen una entrevista con un tribunal interdisciplinario y, tras eso, cinco días de "reflexión". Por otra parte, los abortos se practican a través de las pastillas de misoprostol, no mediante una intervención médica. Las organizaciones señalan que es necesario que el proceso cuente con acompañamiento médico durante y después de la práctica.
Pese a todo, y de acuerdo con los últimos índices, la despenalización en el año 2012 redujo significativamente la mortalidad materna, colocando a Uruguay en el segundo lugar de América después de Canadá con las tasas más bajas. Así lo confirmó a Infobae Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Intentos frustrados por mayores restricciones en El Salvador
En julio de este año, un grupo de legisladores salvadoreños de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó una propuesta para aumentar las penas para aquellas mujeres que recurran al aborto -prohibido en todos los casos- hasta los 50 años de cárcel.
El Salvador ya es escenario de algunos de los casos más aberrantes de criminalización de las mujeres por este tema, como lo demuestra la historia de Teodora, condenada en el año 2008 a 30 años de prisión por un emergencia obstétrica sufrida en el noveno mes y que la llevó a perder su embarazo.
El debate actual en Chile
Chile, uno de los pocos países de la región cuya legislación prohíbe el aborto en todos los casos por un decreto de Augusto Pinochet del año 1989, atraviesa actualmente un debate sobre la despenalización por tres causales (riesgo de vida para la madre, feto inviable y embarazos producto de una violación). Se trata de un proyecto presentado por la actual presidente Michelle Bachelet y que obtuvo en marzo de este año la sanción favorable de la Cámara de Diputados.
El proyecto, que se refleja en otro colombiano aprobado en el año 2006, todavía tiene que superar varias etapas parlamentarias y recursos que ya han antepuesto sectores de la oposición y del propio oficialismo. Cada una de las causales fue votada por los diputados en particular y, paradójicamente, el aborto en caso de violación ha sido la más resistida de las tres.
En el primer mundo, un debate (casi) saldado
Las legislaciones sobre el aborto en la Unión Europea (UE) van desde países como Malta o Irlanda del Norte, con leyes muy restrictivas o directamente prohibitivas, hasta Holanda, el país más liberal del mundo en esta materia. En cualquier caso, existe en el viejo continente una tendencia general a leyes que permiten el aborto (con diferentes plazos y condiciones durante el embarazo) y que se basan en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
El caso de Holanda demuestra que una ley amplia o permisiva no implica necesariamente altos índices de abortos. La interrupción del embarazo por voluntad de la madre está permitido hasta la semana 24 de la gestación. Es el plazo más largo de todas las legislaciones europeas y, sin embargo, la tasa de abortos se sitúa en el 10,4 por cada mil mujeres.
En Polonia, una masiva movilización nacional de mujeres logró revertir recientemente un intento por restringir el aborto en todas sus formas y de aumentar las penas para las mujeres que lo practiquen. El proyecto, impulsado por sectores conservadores vinculados al Opus Dei, fue finalmente descartado por el oficialismo.
En los Estados Unidos, el aborto es legal en todos los estados desde la sentencia de la Corte Suprema en el Caso Roe contra Wade, el 22 de enero de 1973. En 2016, la Corte volvió a ratificar el derecho al aborto ante un intento de imponer restricciones en Texas que se estaba replicando en varios estados gobernados por el Partido Republicano.
