La presión de la Unión Europea a Italia para que aplique “mano dura” a las personas refugiadas y migrantes ha dado lugar a expulsiones ilegales y a malos tratos que, en algunos casos, pueden constituir tortura. Así lo ha revelado un nuevo informe de Amnistía Internacional hecho público hoy.

Entre las numerosas denuncias de abusos documentadas en el informe Hotspot Italy: How EU’s flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights, se incluyen palizas, descargas eléctricas y humillación sexual. El informe demuestra cómo el “enfoque de puntos críticos” promovido por la UE para procesar los casos de las personas refugiadas y migrantes en el punto de llegada no sólo está socavando el derecho de estas personas a pedir asilo, sino que ha alimentado abusos atroces.

“En su determinación por reducir el avance de las personas refugiadas y migrantes a otros Estados miembros, los líderes de la UE han empujado a las autoridades italianas hasta los límites —y más allá— de lo legal”, ha manifestado Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre Italia.

“El resultado es que se está sometiendo a personas traumatizadas, que llegan a Italia después de viajes aterradores, a evaluaciones deficientes y, en algunos casos, a abusos atroces a manos de la policía, así como a expulsiones ilegales.”

El enfoque de puntos críticos se diseñó para identificar y tomar las huellas dactilares a las personas recién llegadas a los países de primera línea de la UE, como Italia, evaluar con rapidez sus necesidades de protección y, o bien procesar su solicitud de asilo, o bien devolverlas a su país de origen. El informe, basado en entrevistas con más de 170 personas refugiadas y migrantes, revela serios fallos en cada una de estas etapas.

En un aparente esfuerzo por reducir la presión en los Estados de primera línea, como Italia, el enfoque de puntos críticos se unió a un programa para reubicar a solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Sin embargo, el elemento de solidaridad del enfoque de puntos críticos ha resultado ser en gran medida ilusorio. Hasta el momento se ha reubicado a 1.200 personas desde Italia, de las 40.000 prometidas, y más de 150.000 personas han llegado a Italia por mar este año. Aunque la travesía marítima es peligrosa, las autoridades italianas lideran los esfuerzos por rescatar personas en el Mediterráneo.

Toma de huellas dactilares por la fuerza

El enfoque de puntos críticos, introducido en 2015 por recomendación de la Comisión Europea, exige a Italia que tome las huellas dactilares a todas las personas recién llegadas. Sin embargo, las personas que quieren pedir asilo en otros países europeos —quizá porque tienen familiares allí— están muy interesadas en evitar que las autoridades italianas les tomen las huellas dactilares, para evitar el riesgo de ser enviadas de vuelta a Italia en virtud del sistema de la UE denominado sistema de Dublín.

Bajo la presión de los gobiernos e instituciones de la UE, Italia ha introducido prácticas coercitivas para obtener las huellas dactilares. Amnistía Internacional ha recibido informes coherentes que indican que se han utilizado la detención arbitraria, la intimidación y la fuerza física excesiva para coaccionar a hombres y mujeres —e incluso niños y niñas— recién llegados para obtener sus huellas dactilares. De los 24 testimonios de malos tratos recopilados por Amnistía Internacional, 16 incluyeron palizas. Una mujer de 25 años de Eritrea describió que un policía la había abofeteado repetidamente hasta que accedió a que le tomaran las huellas dactilares.

En varios casos, las personas refugiadas y migrantes también han denunciado haber recibido descargas eléctricas con porras de alto voltaje. Un muchacho de 16 años procedente de Darfur describió a Amnistía Internacional los malos tratos que había sufrido: “Me aplicaron electricidad con un bastón, muchas veces en la pierna izquierda, luego en la pierna derecha, el pecho y el vientre. Yo estaba demasiado débil, no podía resistirme y, en ese momento, me agarraron las dos manos y me las pusieron en la máquina”.

Otro muchacho de 16 años y un hombre de 27 dijeron que la policía los había humillado sexualmente y les había infligido dolor en los genitales. El hombre contó a Amnistía Internacional que unos policías de Catania le habían golpeado y le habían aplicado descargas eléctricas antes de obligarlo a desnudarse y utilizar contra él unos alicates de tres puntas: “Estaba en una silla de aluminio, con una abertura en el asiento. Me sujetaron por los hombros y las piernas, me agarraron los testículos con los alicates y pegaron dos tirones. El dolor era indescriptible”.

Aunque la conducta de la mayoría de los policías es profesional, y la gran mayoría de las huellas dactilares se toman sin incidentes, las conclusiones de este informe suscitan honda preocupación y ponen de manifiesto la necesidad de una revisión independiente de las prácticas actuales.

Selección

Según el enfoque de puntos críticos, las personas recién llegadas a Italia son sometidas a un proceso de selección para separar a los solicitantes de asilo de las personas a las que se considera migrantes en situación irregular. Esto significa que estas personas, a menudo agotadas y traumatizadas por su viaje y sin acceso a información o asesoramiento adecuados sobre procedimientos de asilo, tienen que responder preguntas que pueden tener consecuencias muy importantes para su futuro.

Una nigeriana de 29 años contó a Amnistía Internacional: “Ni siquiera sé cómo llegamos aquí, yo estaba llorando [...] Veía a tantos policías que tenía miedo [...] Tenía la cabeza en otra parte, ni siquiera era capaz de recordar el nombre de mis padres”.

A la policía se le pide que pregunte a las personas recién llegadas por qué han acudido a Italia, en lugar de limitarse a preguntarles si tienen intención de pedir asilo. Puesto que la condición de refugiado no se determina por los motivos por los que una persona ha entrado en un país, sino por la situación a la que se enfrentaría si fuera devuelta a su país de origen, este enfoque adolece de defectos fundamentales.

Sobre la base de esta entrevista, extremadamente breve, unos policías que carecen de formación adecuada están, de hecho, tomando una decisión sobre las necesidades de protección de una persona. En el caso de las personas que, según el criterio de los policías, no tienen argumentos para pedir asilo, se dictan órdenes de expulsión —incluida la repatriación forzada a su país de origen— que pueden exponerlas a violaciones graves de derechos humanos.

Expulsiones

Bajo la presión de la UE, Italia ha tratado de incrementar el número de personas migrantes que devuelve a sus países de origen. Para ello, ha negociado acuerdos de readmisión con países que han cometido atrocidades espantosas.

Por ejemplo, en agosto se firmó un memorándum de entendimiento entre las autoridades policiales italianas y las sudanesas que permite un proceso de identificación sumario que, en determinadas circunstancias, puede tener lugar incluso en Sudán, después de llevarse a cabo la expulsión. Incluso si la identificación tiene lugar en Italia, es tan superficial, y se delega hasta tal punto en las autoridades sudanesas, que no permite una determinación individualizada sobre si una persona correrá o no un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos a su regreso. Esto ha dado lugar ya a casos de expulsión ilegal.

El 24 de agosto de 2016, 40 personas identificadas como ciudadanas sudanesas fueron subidas a un avión rumbo a Jartum desde Italia. Amnistía Internacional habló con un joven de 23 años de Darfur que iba en ese vuelo y que describió la manera en que las fuerzas de seguridad estaban esperando su llegada a Jartum: “Nos llevaron a un área especial del aeropuerto. Vi a un hombre al que habían golpeado [...] Nos interrogaron de uno en uno [...] Ahora tengo miedo de que las fuerzas de seguridad me estén buscando. Si me encuentran, no sé qué me sucederá”.

“El enfoque de puntos críticos, diseñado en Bruselas y ejecutado en Italia, ha incrementado, no disminuido, la presión sobre los Estados de primera línea. Está dando lugar a violaciones atroces de los derechos de personas desesperadamente vulnerables sobre las que las autoridades italianas tienen una responsabilidad directa y sobre las que los líderes europeos tienen una responsabilidad política”, ha manifestado Matteo de Bellis.

“Quizá las naciones europeas puedan deshacerse de gente expulsándola de su territorio, pero no pueden deshacerse de las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional. Las autoridades italianas deben poner fin a los abusos y deben garantizar que no se devuelve a gente a países donde corra peligro de sufrir persecución o tortura.”