Ese mismo día, un juez de la Corte Suprema estatal había paralizado la ejecución de un séptimo preso, y con anterioridad se había suspendido una octava ejecución. Arkansas había programado originalmente ocho ejecuciones en un plazo de 10 días, antes de que vencieran, a fin de mes, los fármacos que se usan en la inyección letal.
“La ciudadanía de Estados Unidos se pronunció en contra de esta espantosa producción de muertes en cadena. Es un alivio que la jueza haya paralizado temporalmente estas ejecuciones. Seguimos pidiendo al gobernador de Arkansas que haga uso de su autoridad ejecutiva para paralizar permanentemente esta producción letal”, opinaron desde la oficina de Amnistía Internacional en Estados Unidos. “La lucha no terminará hasta que este castigo cruel e inhumano quede abolido de una vez para siempre”, concluyeron desde la organización.
