Las autoridades egipcias deben detener de inmediato la ejecución inminente de siete hombres que fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos, declaró Amnistía Internacional tras pedir que se remita el asunto a los magistrados supremos de la más alta instancia judicial de Egipto, el Tribunal de Casación.

La organización advirtió recientemente que las reformas jurídicas aprobadas por el presidente Abdel Fattah al Sisi, que limitan el proceso de apelación judicial, pueden contribuir a que se produzca un repunte de las condenas de muerte y las ejecuciones en el país.

Al menos seis de estos hombres fueron sometidos a desaparición forzada y torturados para obtener “confesiones”, que el tribunal penal de Mansoura utilizó luego para declararlos culpables de asesinar a un agente de policía y de establecer una organización “terrorista”. El Tribunal de Casación confirmó la sentencia la semana pasada. En una causa aparte, otro hombre corre riesgo inminente de ejecución tras haber perdido su recurso definitivo ante el mismo tribunal. Luego de un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a una persona durante una protesta en Alejandría.

“Con independencia de los hechos en los que estos hombres puedan estar implicados, someter a desaparición forzosa a presuntos delincuentes y torturarlos para hacerlos confesar no es justicia. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Nadie debe ser privado del derecho a la vida, por horrible que sea el delito del que haya sido acusado”, expresó Amnistía Internacional.

“Se está agotando ya el tiempo para salvar la vida de estos hombres, que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Las autoridades egipcias deben detener de inmediato estas ejecuciones y ordenar que los siete hombres sean sometidos a un nuevo juicio, que sea justo, en el que no se recurra a la pena de muerte y que no esté basado en pruebas obtenidas presuntamente mediante tortura.

El 7 de junio, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó las condenas de muerte de Bassem el-Khereby, Ahmed Meshaly, Ibrahim Azab, Mahmoud Wahba, Khaled Askar y Abd el-Rahman Atteia tras un juicio lleno de irregularidades. El hombre por cuyo asesinato están acusados, era guardia policial de un juez que formó parte un tribunal ante el que fue juzgado el presidente Mohamed Morsi. El mandatario egipcio dispone de 14 días para reducir la condena antes de que se fije la fecha definitiva de la ejecución.

Los abogados de los condenados presentaron el 15 de junio un recurso final ante la Fiscalía para solicitar un nuevo juicio, por considerar que en el anterior había habido errores que afectaron al debido proceso. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.

De acuerdo con sus familias y sus abogados, los hombres fueron detenidos por la Agencia de Seguridad Nacional en marzo de 2014 y estuvieron sometidos a desaparición forzada por periodos de entre tres días y tres meses, en los que no tuvieron acceso a sus familiares y abogados ni al mundo exterior y fueron torturados para obtener de ellos “confesiones” grabadas en vídeo . Los tuvieron recluidos en distintos lugares de todo el país, incluida la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo.

Los padres de al menos tres de ellos dijeron a Amnistía Internacional que no supieron que habían sido detenidos  hasta que los vieron “confesando” en la televisión, con contusiones en la cara. Cuando se permitió por fin que sus familias pudiera visitarlos en la prisión, los hombres contaron que habían sido torturados con métodos como violación anal con un palo y con descargas eléctricas en los genitales y en otras partes del cuerpo. También contaron que los mantuvieron colgados hasta cuatro días en posturas de tensión. Explicaron que los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional les habían hecho quemaduras en el cuello con colillas de cigarrillos y habían amenazado con violar a sus madres y sus hermanas para obligarlos a confesar.

Los hombres se retractaron posteriormente de sus confesiones ante un fiscal de los servicios de Seguridad del Estado de El Cairo, explicando que los habían torturado. Sin embargo, los llevaron de nuevo a la Agencia de Seguridad Nacional, donde volvieron a torturarlos para castigarlos por haber retirado sus declaraciones y los llevaron por segunda vez ante el fiscal, instancia en la que “confesaron” tener miedo de sufrir más represalias.

Los abogados de los hombres expresaron, en diálogo con Amnistía Internacional, que les negaron el acceso a asistencia letrada durante el interrogatorio y que las sentencias estuvieron basadas totalmente en pruebas obtenidas por medio de tortura y en investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional llenas de irregularidades. El tribunal ignoró además pruebas periciales según las cuales, al menos dos de los hombres, presentaban en el cuerpo contusiones y quemaduras causadas bajo custodia, y se negó reiteradamente a remitir a los acusados la Autoridad Médico Forense para que se investigaran sus denuncias de tortura.

Aunque el Tribunal de Casación admitió el recurso y revisó los incidentes de la causa, no fijo una fecha para un juicio donde los abogados pudieran presentar sus argumentos. Además, el tribunal aplicó unas draconianas reformas jurídicas del sistema de apelación judicial aprobadas recientemente, que anulan el derecho de los acusados a un nuevo juicio y limitan la presentación de recursos a una etapa, en vez de dos, lo que prepara el terreno para más condenas de muerte y ejecuciones aún.

La causa de Alejandría

El Tribunal de Casación ha confirmado también la condena de muerte impuesta a Fadl Abdel Mawla en abril de  2017 en una causa aparte. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre durante una protesta celebrada en Alejandía el 15 de agosto de 2013, y corre también riesgo inminente de ejecución. Su abogado relató que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional lo sometieron a malos tratos en la dirección de seguridad de Alejandría para intentar, en vano, que confesara.

Abogados que conocen el caso explicaron a Amnistía Internacional que, para declararlo culpable, el tribunal se basó por completo en el testimonio de un testigo que, según abogados y grupos locales de derechos, fue presionado por un agente de la Agencia de Seguridad Nacional para que prestara declaración.  Sus abogados presentaron también al tribunal documentos oficiales donde se afirmaba que Fadl Abdel Mawla estaba en el trabajo en el momento de la protesta. Han presentado un recurso en la Fiscalía solicitando un nuevo juicio. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.