“El gobierno del presidente Nicolás Maduro usa la violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica, no son reacciones aisladas es una estrategia planificada”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Desde que las protestas empezaron el 4 de abril, fuentes oficiales citan al menos 91 personas muertas y más de 1.400 heridas en el contexto de la crisis política en Venezuela.
Asimismo, existen preocupaciones sobre un probable empeoramiento de la situación de cara a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que tendrán lugar el próximo 30 de julio en un contexto de alta conflictividad social.
Violencia Estatal
- Uso indebido de la fuerza: en los últimos 3 meses, Amnistía Internacional documentó que las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron con violencia las protestas críticas del gobierno. La organización pudo corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana usaron fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes. Un ejemplo de esto es Juan Pernalete, quien murió después de recibir un impacto de bomba lacrimógena directamente al pecho mientras se manifestaba en Caracas en abril 2017.
- Uso de armas de fuego en manifestaciones: las fuerzas de seguridad también utilizaron armas de fuego para reprimir manifestaciones. Como consecuencia, hubo muertes y personas heridas. Tal es el caso de Fabián Urbina, quien murió el 20 de junio de 2017 después de que un funcionario de la Guardia Nacional le disparara directamente mientras protestaba en Caracas.
- Ataque contra no manifestantes: también se documentaron ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas lacrimógenas, causando destrozos de vehículos y viviendas y poniendo en riesgo las vidas de los residentes.
Según los casos documentados por Amnistía Internacional, estos tipos de uso de fuerza, prohibidos por el derecho internacional, pertenecen a los cuerpos de seguridad en Caracas y al menos a cuatro estados, señal de que estas prácticas no se limitan a un sector del país, sino que tienen un carácter generalizado.
Al mismo tiempo, los actos de violencia han sido específicamente dirigidos contra quienes son identificados por las autoridades como disidentes y contra manifestaciones críticas al gobierno. Por el contrario, las manifestaciones de apoyo al gobierno se desarrollan con normalidad y han sido garantizadas por las autoridades, evidenciando que los actos de violencia tienen como objetivo silenciar a la disidencia.
Amnistía Internacional también tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que atacaron a la población con la aprobación de las autoridades. Existen pruebas de que los ataques de estos grupos, denominados comúnmente como “colectivos armados”, se produjeron en presencia de las fuerzas de seguridad y que estas no actuaron para proteger a la población. El más reciente incidente fue la violenta irrupción por colectivos armados a la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2017, donde incluso algunos diputados fueron atacados.
- Creación de mecanismos estatales únicamente para represión violenta: a lo anterior se suma la creación e implementación de mecanismos e instancias del Estado para llevar a cabo acciones de represión violenta contra la población, como por ejemplo la creación del “Comando Antiterrorista” y el aumento en la cantidad de armas e integrantes de la milicia bolivariana.
- Discursos incitando a la violencia: el gobierno venezolano promueve y usa este tipo de discurso para legitimar la violencia como respuesta a cualquier forma de disidencia.
Las autoridades que promueven estos mecanismos y estrategias de represión violenta tienen que detener de inmediato su implementación, en especial ante la creciente conflictividad social de cara a las elecciones a la Asamblea Constituyente, convocadas para el 30 de julio de 2017.
Ante esto, la justicia penal internacional (tanto la Corte Penal Internacional, como aquellos países que cuentan con jurisdicción universal) estarán observando de cerca la situación venezolana. Si los altos mandos gubernamentales, militares, y policiales no eliminan los mecanismos que apuntan a una política estatal de violencia en contra de la población, y no ponen fin a la promoción de la violencia en sus discursos y sus órdenes oficiales, podrán ser llevados ante la justicia penal internacional.
