Amnistía Internacional celebra la aprobación por unanimidad de la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena (26.160) por cuatro años. Tras la media sanción de ayer en el Senado, le corresponde ahora a la Cámara de Diputados asumir la responsabilidad de proteger a las comunidades originarias y brindar seguridad jurídica sobre sus territorios.
La norma vence el 23 de noviembre de 2017 y se espera que sea tratada en la Cámara baja en octubre.
El camino de la ley de emergencia territorialLa ley de emergencia territorial indígena fue sancionada en 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y realizar un relevamiento sobre las tierras ocupadas por los pueblos originarios a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios. El relevamiento ha sido encargado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, a once años de su promulgación, por lo menos el 70 % de las comunidades registradas no han sido relevadas de manera completa, quedando completamente a la deriva.
¿Por qué es necesaria la prórroga de la ley? Ver el informe “Prórroga de la ley de emergencia territorial”
“La Cámara de Diputados debe estar a la altura de los compromisos asumidos por el Estado respecto a la protección de los pueblos originarios. Asimismo, la prórroga de la ley no puede constituir un fin en sí mismo. Es imperioso que el Estado culmine el proceso de relevamiento en los próximos 4 años y de manera integral, permitiendo así avanzar en el camino hacia la titulación de las tierras indígenas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Para más información ver la web "Territorio Indígena"
