De Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil

“Brasil lleva el estigma de la flagelación en su alma”. Esta frase de la investigadora Sonia Correa llama la atención sobre las ideas y prácticas de castigo, violencia y tortura como métodos de control y dominación de determinados segmentos de la población. No me refiero solo a las millones de las personas negras esclavizadas y a sus actuales descendientes relegados a la marginalidad y expuestos a todo tipo de violencia en Brasil. Me refiero también a las amenazas que las propuestas de reformas legislativas en el Congreso Nacional significan para las mujeres brasileñas de todas las razas.

Recientemente hemos seguido de cerca una propuesta de enmienda a la Constitución cuyo supuesto propósito es proporcionar importantes beneficios a la salud reproductiva de las mujeres. El proyecto de ley propone extender el período de licencia por maternidad en los casos de parto prematuro, con el objetivo de mejorar la salud de los recién nacidos.

Sin embargo, este proyecto de ley es un caballo de troya que oculta una trampa peligrosa: la propuesta de reforma de los artículos 1° y 5° de la Constitución plantea extender la idea de inviolabilidad de la vida al momento de la concepción. De esta manera, el embrión gozaría de la misma protección que el recién nacido. Al establecer que la vida es inviolable desde la etapa embrionaria, esta maniobra prohíbe interrumpir el embarazo en cualquier situación, incluso en aquellos casos en que la ley lo permite: cuando el embarazo es el resultado de una violación, cuando el feto no puede sobrevivir después del parto y cuando constituye un riesgo para la salud o para la vida de la madre.

Mientras vemos que Chile, un país de tradición conservadora, da un paso hacia adelante para garantizar el derecho de las mujeres al libre acceso al aborto legal y seguro en los tres casos anteriores, el Congreso brasileño tramita rápidamente esta enmienda que propone un retroceso a ideas y principios del siglo pasado. Un retroceso que, en última instancia, supone el establecimiento de una jerarquía, según la cual algunas vidas tienen más importancia que otras y el embrión es considerado como una entidad jurídica de mayor importancia que la mujer que lo gesta. Tal propuesta aumentaría aún más la vulnerabilidad de las niñas y mujeres en un país en el que cada once minutos una mujer es violada, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

El resultado de esta propuesta de reforma es algo muy serio para una joven democracia como la nuestra. Prácticamente en todas las familias brasileñas hay una mujer a la que se le ha practicado un aborto -clandestino o legal- en alguna ocasión, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Aborto 2016, y cada dos días una muere como consecuencia de ello, debido principalmente a las condiciones precarias e insalubres de los abortos ilegales y clandestinos, según la Organización Mundial de la Salud. Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, se transmitirá a la sociedad la idea de que las mujeres deben ser castigadas, maltratadas, humilladas y criminalizadas por buscar ayuda para tomar una de las decisiones más difíciles de sus vidas.

Es fundamental recordar que en 2011, más de la mitad de los casos de violación en el país, alrededor de 250.000, se cometieron contra mujeres y niñas negras, según datos del Ministerio de Salud/SINAN. En el 70% de estos casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Negarles el derecho a interrumpir un embarazo resultante de una violación es, en realidad, prolongar este acto de violencia. Es un trato cruel e inhumano, un acto de tortura. ¡Es inaceptable!

Al negar el acceso al aborto, incluso en los casos en que actualmente está permitido, la reforma legislativa propuesta constituye un ataque directo contra los derechos individuales de la mujer, contra la autonomía sobre su cuerpo y su derecho de decidir. Ninguna mujer debe ser criminalizada, arrestada, acusada, procesada o condenada por someterse o tratar de someterse a un aborto. Si no somos capaces de garantizar los derechos ya conquistados, ¿es correcto proponer como solución un retroceso?

La función constitucional del Congreso brasileño es promover los derechos y consolidar la democracia en el país. Eso es lo que esperamos y necesitamos. Debemos decirle al Congreso Nacional que los derechos no se liquidan, no retroceden, sino que se expanden. Necesitamos garantizar y reafirmar que no perderemos ningún derecho.  ¡No vamos a quedarnos impasibles ante este ataque a nuestros derechos!