(Por Anna Błuś, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de las mujeres en Europa)

Hace más de un año, decenas de miles de mujeres se echaron a la calle en ciudades y pueblos de toda Polonia. Bajo una lluvia torrencial, participaron en una movilización sin precedente contra propuestas de restricción del acceso al aborto. Esas mujeres formaban parte de la denominada “Protesta Negra”, y ganaron.

Sin embargo, su victoria está actualmente en peligro. Anoche, los miembros del Parlamento votaron a favor de remitir a un comité parlamentario, para su estudio, una reforma legal que aumenta las restricciones del acceso al aborto. Presentada por el grupo antiabortista Fundación Vida y Familia (Fundacja Życie i Rodzina), la reforma propone eliminar uno de los tres motivos para el aborto permitidos en la legislación polaca, a saber, la malformación grave o mortal del feto. Las estadísticas oficiales muestran que es por este motivo por el que se practican la mayoría de los abortos legales en Polonia.

Las cosas podrían haber sido muy distintas. Ayer, los miembros del Parlamento examinaron también una propuesta de liberalización del acceso al aborto presentada por la iniciativa Salvar a las Mujeres (Ratujmy Kobiety). Pero no pudo ser. La propuesta fue rechazada por un estrecho margen de 202 votos contra 194.

La legislación de Polonia sobre el aborto ya es una de las más restrictivas de Europa, pues sólo lo permite en caso de violación o incesto, cuando se diagnostica una discapacidad grave o mortal del feto o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. Las investigaciones de Amnistía Internacional en Irlanda, El Salvador, Nicaragua y Paraguay mostraron que en todos estos países las mujeres y las niñas pagan un elevado precio por las restricciones impuestas al aborto legal y sin riesgo. El precio es su salud, su bienestar e incluso su vida.

Si se promulga la reforma contra el aborto, entrañará inevitablemente un riesgo para la salud de las mujeres y las privará de un derecho reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, la necesidad de interrupción por malformación grave o mortal del feto es uno de los motivos mínimos por los que las mujeres y las niñas deben de tener acceso al aborto legal y sin riesgo. Restringir aún más la legislación obligará a las mujeres a llevar a término embarazos inviables, poner en peligro su salud física y mental y dar a luz bebés que quizá no tengan posibilidad de sobrevivir, causándoles un sufrimiento inimaginable.

Actualmente, las mujeres encuentran en Polonia enormes obstáculos para acceder a servicios legales de aborto, debido en parte a la denominada “cláusula de conciencia”, que permite a los médicos negar el tratamiento por motivos religiosos. En el clima actual, los profesionales médicos y de enfermería que están dispuestos a practicar abortos legales sufren presión y, a menudo, tienen miedo de ser criminalizados y estigmatizados.

En un caso muy notorio, un profesor de ginecología se acogió a la “cláusula de conciencia” para negarse a llevar a cabo una interrupción por múltiples malformaciones graves y mortales del feto. La mujer fue obligada a llevar el embarazo a término y dio a luz un niño con múltiples problemas médicos, incluida hidrocefalia. El niño murió al cabo de 10 días de sufrimiento; jamás había tenido posibilidades de supervivencia. Su padre y su madre sufrieron tremendo dolor y trauma.

Hablando con una cadena nacional de televisión hace algo más de un año, la mujer que había sido obligada a continuar con su embarazo y había perdido al niño dijo: “Fue decisión consciente del médico hacer sufrir a nuestro hijo [...] consideró su conciencia más importante que mis derechos”.

La votación de anoche no es ninguna sorpresa. Sólo unos días después de la victoria de las activistas de la Protesta Negra, los grupos y políticos antiabortistas estaban preparando ya nuevas estrategias para intentar restringir el acceso al aborto. De hecho, la propuesta de reforma contra el aborto había reunido más de 800.000 firmas. La información publicada en los medios de comunicación indica que los curas católicos pidieron el apoyo a la reforma y que había voluntarios antiabortistas reuniendo firmas a la puerta de las iglesias.

El comité parlamentario al que se envió la reforma contra el aborto no tiene ningún plazo para examinarla. Por consiguiente, el asunto podría resolverse precipitadamente en cuestión de días o quedar relegado y no volver a plantearse hasta dentro de muchos meses.

En una iniciativa paralela, más de 100 miembros del Parlamento, en su mayoría del partido gobernante, solicitaron que se declare inconstitucional la disposición de la legislación actual que permite el aborto por malformación grave o mortal del feto. Su petición al Tribunal Constitucional, que está en la práctica bajo el control del partido gobernante, podría dar lugar, si prospera, a la eliminación de esa disposición en cuestión de días.

Pero antes de que ocurra esto, las mujeres de Polonia y muchas otras de todo el mundo volverán a movilizarse. Continuarán oponiendo resistencia a las nuevas restricciones del acceso al aborto y dejando claro que las decisiones sobre su cuerpo y su salud deben tomarlas ellas, no los políticos.