Amnistía Internacional (AI) presentó el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018, un análisis de 159 países entre los que se encuentra Argentina. En el contexto local, el reporte da cuenta de una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión.

Detenciones indiscriminadas e incluso muertes -como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado- tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales.

Manifestaciones a lo largo del año registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina.

En la concentración por el Día Internacional de la Mujer varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo.

Hay una tendencia en diferentes partes del mundo en propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina entre varios otros, son ejemplo de ello.

Esta tendencia muestra que la libertad de expresión va a ser un tema de agenda decisivo para los derechos humanos durante 2018.

En los últimos años en Argentina este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas).

“La retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Los ataques pretenden generar un disciplinamiento y autocensura de quienes, en ocasiones, tenemos una mirada crítica hacia ciertas políticas de gobierno, sean periodistas, académicos o defensores de derechos humanos. El problema es que estas estrategias limitan la libertad de expresión y restringen las voces disidentes, afectando así al sistema democrático”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El capítulo dedicado a Argentina también incluye otros ejes como derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer y pueblos originarios, áreas en las que aún hay profundas deudas.

El mundo está sufriendo las consecuencias de la retórica del odio que amenaza con normalizar la discriminación a gran escala hacia grupos marginados.Son pocos los gobiernos que salen en defensa de los derechos humanos. En cambio, líderes como Abdelfatah Al Sisi (Egipto), Rodrigo Duterte (Filipinas), Nicolás Maduro (Venezuela), Vladimir Putin (Rusia), Donald Trump (Estados Unidos) y Xi Jinping (China) atentan a diario contra los derechos de millones de personas.



El año pasado las autoridades censuraron medios de comunicación, silenciaron a personas que participaban de diferentes campañas e incluso cientos de activistas fueron asesinados. Con los gobiernos persiguiendo sin ningún pudor e ignorando las normas establecidas democráticamente, el activismo en favor de los derechos humanos es cada vez más limitado.

Myanmar es el triste ejemplo de hasta dónde puede llegar una sociedad a la que se insta a odiar a las minorías. Allí hay una limpieza étnica donde fuerzas de seguridad mataron, torturaron y violaron a hombres y mujeres del pueblo rohingya, incendiando comunidades enteras. Al día de hoy más de 600.000 personas huyeron a Bangladesh.



Entre los signos de regresión mencionados en el informe figuran la guerra contra las drogas en Filipinas y los intentos de reducir los derechos de las mujeres, por dar dos ejemplos, en países como Estados Unidos y Rusia. Pero la lista es muy larga.

“El espíritu y la lucha de millones de mujeres al frente de #NiUnaMenos o #MeToo nos recuerdan que el deseo de igualdad, dignidad y justicia no se apagará jamás. Si los gobiernos se oponen a los movimientos sociales y no escuchan a sus ciudadanos verán su legitimidad seriamente dañada”, indicó Mariela Belski.

En vez de intentar silenciar a las personas e invertir grandes sumas de dinero en ello, los gobiernos deben atender sus preocupaciones y comenzar a eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación, la sociedad civil y otros agentes clave que monitorean al poder. Para Amnistía Internacional los Estados no sólo deben promover la no utilización de este tipo de prácticas, sino que también es su deber garantizar a la sociedad la libertad de opinar y expresarse sin condicionamientos.