comunicado conjunto

Mientras se debate la legalización del aborto en el Congreso argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país con representantes del Estado y de organizaciones de derechos humanos. Las comisionadas presentes remarcaron que la Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales e incorporar en nuestra legislación los estándares e instrumentos internacionales ratificados por el país.

 
“Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, y en particular a las niñas y a las personas jóvenes”, dijo la presidenta de la Comisión Margarette May Macaulay. Agregó que el Poder Ejecutivo tiene el deber de transmitirle a las y los legisladores las obligaciones internacionales de la Argentina.

 
En la audiencia las organizaciones solicitantes –Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)–, detallamos los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes.

 
En la actualidad, más de la mitad de las provincias del país no cuenta con normas que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción legal del embarazo, previsto para los casos en los que la gestación implica un peligro para la salud de la mujer o en casos de violación. Esto significa que una gestante puede acceder a un aborto legal en una jurisdicción, mientras en otra su derecho puede ser negado, empujándola a la clandestinidad y la criminalización.

 
Más de medio millón de mujeres se someten a abortos clandestinos cada año en el país y más de tres mil mujeres han pagado con su vida por la criminalización del aborto desde 1983. La falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto legal, es un factor que lleva a las mujeres a ser víctimas de violencia institucional, una violencia ejercida o tolerada por el propio Estado. Pese a estos datos, la Argentina insiste en adoptar una política represiva en torno a los derechos reproductivos: reformar la norma que penaliza el aborto es un imperativo de derechos humanos.

 
Muchos de los argumentos utilizados en contra de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados hacen un uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, las cuatro organizaciones que solicitamos esta audiencia, pedimos a la CIDH que oriente el debate legislativo y refuerce los estándares internacionales respecto del derecho a la salud sexual y reproductiva de las gestantes.

 
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda la interrupción medicamentosa del embarazo hasta la semana 12, en la Argentina no se comercializa la mifepristona y el misoprostol es autorizado exclusivamente para tratamientos gástricos, sin reconocer la indicación para usos obstétricos. Solicitamos, por lo tanto, que la CIDH indique al Estado la necesidad de garantizar el acceso a estas medicinas esenciales, como parte de una política de salud pública coherente.

 
Finalmente, las comisionadas y el secretario ejecutivo de la CIDH resaltaron el valor que tiene el debate legislativo en la Argentina para toda la región.

 
Se puede mirar la audiencia pública en este enlace y leer la presentación completa que entregamos a la CIDH acá.

 
Amnistía Internacional Argentina (AIAR)
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)