En virtud de esta orden, anunciada la tarde del viernes 25 de mayo, el gobierno brasileño autorizó a las fuerzas armadas —por primera vez desde el final del régimen militar en 1985— a ejercer funciones de aplicación de la ley y poner fin a alteraciones cívicas de ámbito nacional.
“La función de las fuerzas armadas no es disolver protestas, reuniones o huelgas. El Estado debe respetar nuestros derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
“Las personas que protestan y las autoridades competentes deben negociar una resolución pacífica de cualquier desacuerdo. Enviar a las fuerzas armadas es una respuesta desproporcionada a esta huelga que podría dar lugar a una grave ola de violencia.” - declaró Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
