Las autoridades nicaragüenses adoptaron una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, las posibles ejecuciones extrajudiciales, los intentos de controlar los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas. Así lo manifestó Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

 “Las autoridades nicaragüenses se pusieron en contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y —con frecuencia— letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. El gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

 “El Estado debe dejar de inmediato de reprimir a los y las manifestantes y respetar su derecho a criticar las políticas públicas. En lugar de criminalizar a las víctimas, las autoridades deben abrir una investigación inmediata, imparcial y efectiva y, si procede, formular cargos contra todas las personas que sean sospechosas de cometer u ordenar homicidios extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza, así como otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.” - Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

 Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social, y al mismo tiempo recortaron las prestaciones. Hasta el 21 de mayo, 76 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas.

 En Disparar a matar: Estrategias de la represión de la protesta en Nicaragua, Amnistía Internacional documenta el uso que la policía nicaragüense hace de las armas letales, el gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los aparentes intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios. Estos patrones han llevado a la organización a concluir que existe una alta probabilidad de que la policía y los grupos parapoliciales hayan cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales.

Vecinos limpiando la vereda de los rastros de sangre.

 En una entrevista mantenida con Amnistía Internacional, la Dra. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, declaró que “La policía empezó tirando balas de goma. Pero esa violencia escaló al día siguiente. El 19 de abril hubo varios muertos. Daniel [Ortega] pudo haber parado la represión ese día. Pero no lo hizo. Al día siguiente la policía tiró balas de fuego. La orden era a matar.”

 En un caso, el 20 de abril, Juan Carlos López y Nelson Tellez recibieron disparos en el pecho cuando caminaban por Ciudad Sandino, donde se estaba celebrando una protesta. Juan Carlos murió en el hospital ese mismo día, mientras que Nelson vivió hasta el 2 de mayo. Antes de morir, Nelson le dijo a su esposa que había reconocido al hombre que les había disparado como un miembro de la policía nacional destacado en Ciudad Sandino, aunque en esos momentos el hombre en cuestión vestía de civil.

Policías vestidos de civil disparando a los manifestantes en Masaya

 La estrategia de represión parece haber sido ordenada desde las más altas instancias del gobierno. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo demonizaron reiteradamente a las personas que se manifestaban y negaron que se hubiera matado a gente, mientras las autoridades públicas negaban a las víctimas la atención médica, manipulaban pruebas y se negaban a ordenar autopsias y otros exámenes forenses.

 El uso de grupos parapoliciales, conocidos también como “turbas sandinistas”, desempeñaron un papel fundamental en la represión de las manifestaciones, ya que las autoridades les permitieron atacar a manifestantes, incitar a la violencia y sembrar el miedo entre la población, reforzando tanto el poder represivo del Estado como su capacidad de negar la responsabilidad en los ataques.

 Durante las primeras semanas de la crisis, las autoridades también violaron el derecho de la población a acceder a la información, bloqueando la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields.

 Una delegación de Amnistía Internacional viajó a Nicaragua del 2 al 13 de mayo para verificar la información sobre violaciones de derechos humanos en las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí. El informe de la delegación se basa en más de 30 entrevistas en profundidad, 16 casos específicos (entre ellos nueve homicidios), el estudio de docenas de testimonios y documentación de organizaciones locales, el examen técnico y la corroboración de las pruebas videográficas y fotográficas, y el análisis por parte de personas expertas en armas de fuego y munición.

 La organización global de derechos humanos concluyó que, el 20 de abril, al menos tres hospitales públicos se negaron a tratar a personas que habían resultado heridas de gravedad durante las manifestaciones, incluido Álvaro Conrado, de 15 años, a quien dispararon cuando daba agua a los manifestantes. Al parecer, los guardias de seguridad negaron a Álvaro el acceso al hospital público de Cruz Azul, y el muchacho murió ese mismo día en el hospital privado de Bautista. El personal de este último hospital dijo a Amnistía Internacional que Álvaro podría haber sobrevivido si lo hubieran tratado antes.

Managua, Nicaragua. 07/05/2018. Lizeth Dávila y Álvaro Conrado, padres del adolescente de 15 años Álvaro Conrado, quien fue asesinado el 20 de abril en las protestas contra las reformas al INSS. Oscar Navarrete/ AI.

 El informe documenta también varios casos en los que las autoridades bloquearon las autopsias de personas muertas en las protestas, y condicionaron la entrega de sus cadáveres a sus familias haciendo que éstas firmaran documentos de exención en los que afirmaban que no presentarían denuncia. Varias familias de víctimas contaron que la policía las había amenazado y acosado para disuadirlas de denunciar públicamente lo sucedido o presentar cargos.

 “El despiadado trato de las autoridades a las víctimas y sus familias deja claro su desprecio hacia quienes osan pensar distinto. Sin embargo, pese a los crueles y calculados intentos del gobierno de reprimir la disidencia, la valiente población de Nicaragua demostró que no dejará que la silencien”, expresó Erika Guevara Rosas.

 Amnistía Internacional pide al presidente Ortega, como jefe del Estado y jefe supremo de la policía nacional, que ponga fin de inmediato a la represión violenta de manifestantes, la intimidación y el acoso a las familias de las víctimas y la estigmatización de quienes protestan.

 Las autoridades nicaragüenses deben también permitir el establecimiento de una comisión de personas expertas independientes que garantice una investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, incluidas las presuntamente cometidas por grupos armados progubernamentales.