ignorada en la histórica reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un, afirmó Amnistía Internacional.
Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental:
“A millones de personas se les siguen negando sus derechos humanos en Corea del
Norte, donde hasta 120.000 personas están en campos penitenciarios, en peligro de
sufrir tortura, trabajo forzoso y ejecuciones. Sería muy decepcionante que la catastrófica
situación de los derechos humanos en Corea del Norte quedara totalmente soslayada
mientras continúa el deshielo de las relaciones diplomáticas.”
El mes pasado, Amnistía Internacional escribió al presidente Trump describiéndole las
graves violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas que se producen
en Corea del Norte y señalando las siguientes áreas fundamentales en las que presionar
al presidente Kim Jong-un:
Campos penitenciarios
Se calcula que entre 80.000 y 120.000 personas siguen recluidas en los campos
penitenciarios, donde presas y presos políticos corren peligro de ser sometidos a
tortura, trabajo forzoso y otros malos tratos, y de ser ejecutados. Algunas
violaciones que se cometen en estos campos constituyen crímenes de lesa
humanidad. Muchas de las personas que están en campos penitenciarios no han
sido condenadas por ningún delito reconocido internacionalmente: están
detenidas de forma arbitraria por su relación con personas que el Estado
considera una amenaza, lo que se denomina “culpabilidad por asociación”.
Es preciso que los observadores internacionales tengan acceso inmediato a
todos los centros de detención y que se tomen medidas para poner en libertad a
todas las personas recluidas por actividades que no deben ser criminalizadas.
Libertad de expresión
La ciudadanía de Corea del Norte está tristemente aislada del resto del mundo.
Sigue habiendo graves limitaciones en el acceso a la información y a las
comunicaciones. Aunque más de tres millones de habitantes de Corea del Norte
tienen conexión de telefonía móvil, se trata fundamentalmente de una red
nacional, donde los servicios internacionales están bloqueados. Se somete a
vigilancia, acoso o incluso detención a quienes tratan de ponerse en contacto
con familiares y amistades que han salido del país.
Familias separadas
Se calcula que un millón de coreanos y coreanas han sido separados o alejados
a la fuerza de sus familias por desplazamientos durante la guerra,
desapariciones forzadas y secuestros, y que en Corea del Sur, Japón y otros
países hay unos 30.000 norcoreanos y norcoreanas que no disponen de ninguna
vía legal para comunicarse con sus familiares en Corea del Norte.
Las autoridades norcoreanas deben eliminar las restricciones injustificadas en
las comunicaciones internacionales, incluidos los contactos entre las dos
Coreas. El gobierno también debe resolver los secuestros y cooperar con las
investigaciones realizadas por otros Estados sobre tales denuncias.
Ayuda humanitaria
Según el Programa Mundial de Alimentos, en Corea del Norte hay 10,3 millones
de personas que sufren desnutrición. Los niños y niñas pequeños y las mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia se encuentran entre la población más
afectada. Muchas personas sufren desnutrición crónica. Corea del Norte debe
aceptar la ayuda internacional, y permitir el acceso sin trabas del personal de
ayuda humanitaria.
Personas que trabajan en el extranjero
Corea del Norte sigue enviando trabajadores y trabajadoras a otros países para
generar ingresos, la mayoría para el gobierno. Las autoridades norcoreanas
mantienen un estrecho control sobre las comunicaciones y los movimientos de
estas personas, a las que, además, se priva de información sobre los derechos
laborales del país de acogida, donde están sometidas a jornadas laborales
excesivamente largas y sufren condiciones de explotación.
