“Las autoridades mexicanas deben proveer condiciones para que las personas no sufran afectaciones a sus derechos humanos en el marco del proceso electoral, incluyendo durante la jornada de votación del domingo y en los días subsiguientes” declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.
El domingo 1 de julio México celebrará elecciones para más de 3400 puestos de elección popular, entre ellos, se elegirá al próximo presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso federal.
Durante las campañas electorales de 2018, han sido asesinadas al menos 120 personas vinculadas con el proceso electoral en curso, muchas de ellas eran candidatas a puestos de elección popular.
En este contexto de violencia, se corre el riesgo de que durante este proceso electoral las personas no puedan ejercer libremente sus derechos humanos por miedo a represalias. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todas las personas, incluyendo ataques cometidos tanto por el Estado como por otros actores.
Este nivel de violencia es una expresión clara de la profunda crisis de derechos humanos y de seguridad que enfrenta México. El próximo gobierno deberá tomar medidas claras que tengan a los derechos humanos de todas las personas como eje de sus políticas públicas. Durante los tres debates televisados que sostuvieron entre abril y junio, los candidatos a la presidencia de la República no discutieron a profundidad la crisis de inseguridad y derechos humanos que enfrenta el país.
“El próximo gobierno deberá mostrar la capacidad y voluntad para llevar a cabo las medidas necesarias para revertir la profunda crisis de derechos humanos en que se encuentra el país”, afirmó Guevara Rosas.
El país enfrenta una crisis sin precedentes de inseguridad y de violaciones graves a los derechos humanos. Más de 37,000 personas se encuentran actualmente desaparecidas de acuerdo con un registro oficial; la tasa de homicidios es históricamente alta al ubicarse en 20.52 por cada 100,000 habitantes para 2017, de acuerdo con datos del gobierno federal; y la impunidad es generalizada.
