“El presidente Duterte llegó al poder con una imagen de ‘hombre fuerte’ y prometiendo mano dura en lo referente al orden público. La realidad, tras dos años de presidencia, es que sus desastrosas políticas hicieron del país un lugar aún más peligroso, especialmente para los filipinos y las filipinas más pobres”, dijo Rachel Chhoa Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Filipinas.
“En vez de combatir un problema social difícil, su ‘guerra contra las drogas’ causó incalculables daños y sufrimientos. Las políticas del presidente Duterte, que incluyen el fomento directo del homicidio ilegítimo, dejaron miles de personas asesinadas con total impunidad en un clima de creciente desgobierno, en el que siguen cometiéndose diariamente ejecuciones extrajudiciales en los hogares y las calles del país." continuó la investigadora.
“Los homicidios continúan y no hay ninguna señal de que se actúe para contrarrestarlos a nivel nacional, de modo que es hora de que la comunidad internacional, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ordene que se investigue el deplorable planteamiento de Filipinas en la resolución de los problemas relacionados con las drogas.” finalizó Rachel Chhoa Howard
Argumentos:
- Miles de homicidios ilegítimos cometidos por la policía y otros individuos armados (a menudo asociados a ella) con total impunidad como parte de la campaña del gobierno contra las drogas.
- Los defensores y defensoras de los derechos humanos que critican la “guerra contra las drogas”, en el punto de mira del presidente y sus aliados.
- Retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional tras anunciarse un examen preliminar de posibles crímenes de derecho internacional en la “guerra contra las drogas”.
- Incremento de los abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y destrucción de viviendas de civiles en la isla de Mindanao desde la declaración de la ley marcial en julio de 2017.
