Más de 700.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas huyeron del norte del estado de Rajine a la vecina Bangladesh después del 25 de agosto de 2017, cuando las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron un asalto generalizado y sistemático contra cientos de poblados rohingyas. La campaña se inició después de una serie de ataques contra puestos de las fuerzas de seguridad por parte de un grupo armado rohingya, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.
Amnistía Internacional documentó ampliamente que esta ofensiva militar constituyó una limpieza étnica que incluyó incendios selectivos de poblados rohingyas, el uso de minas terrestres y la comisión de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada y expulsiones, así como otras violaciones graves de derechos humanos contra la población rohingya.
“Este aniversario conmemora un hito vergonzoso. La comunidad internacional, con su inacción a la hora de exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad, corre el riesgo de transmitir el mensaje de que las fuerzas armadas de Myanmar no sólo gozarán de impunidad, sino que podrán cometer de nuevo esas atrocidades. No debemos permitir que esto ocurra”, declaró Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Un año después, centenares de miles de mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas que huyeron de este ataque perfectamente orquestado siguen en una situación incierta en campos de refugiados de Bangladesh. Mientras sus verdugos de las fuerzas de seguridad de Myanmar continúen en libertad, cualquier idea de que las personas refugiadas rohingyas pueden tener un retorno sin riesgos, digno y voluntario es ridícula”
Condiciones de apartheid arraigadas
En junio de 2018, dos agencias de la ONU y el gobierno de Myanmar firmaron un memorándum de entendimiento, al que calificaron de “primer paso” para la repatriación de personas refugiadas rohingyas desde Bangladesh. Aunque se filtró una versión casi definitiva, el acuerdo final nunca se hizo público.
Pero para que las repatriaciones sean viables en el futuro, hacen falta reformas serias en el norte del estado de Rajine. Amnistía Internacional y otras entidades documentaron que la virulenta respuesta de las fuerzas armadas de Myanmar a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán de agosto de 2017 tuvo lugar en el contexto de años de discriminación y segregación institucionalizadas que constituyen apartheid: un crimen de lesa humanidad.
“Hacer que la población refugiada rohingya retorne de unos campos masificados en Bangladesh a lo que es, básicamente, una prisión al aire libre en el estado de Rajine no es una opción viable. Los Estados del mundo deben presionar para que Myanmar desmantele su sistema de apartheid y permita que la población rohingya y todas las demás minorías étnicas disfruten de sus derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación”, prosiguió Tirana Hassan.
El informe de la misión de investigación de la ONU
El informe de la misión de investigación de la ONU sobre Myanmar, de inminente publicación, será un elemento importante que se sumará a la montaña ya existente de pruebas de que se cometieron crímenes de derecho internacional contra la población rohingya, así como contra las minorías étnicas de los estados de Kachin y de Shan del Norte, donde Amnistía Internacional documentó crímenes de guerra y donde continúan cometiéndose violaciones graves de derechos humanos contra la población civil.
En estas dos regiones, las autoridades de Myanmar siguen imponiendo severas restricciones al acceso humanitario, con consecuencias devastadoras para la población civil.
“Es la falta de voluntad política, no la falta de pruebas, la causa fundamental de la inacción de la comunidad internacional. Es innegable que las fuerzas de seguridad de Myanmar cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población rohingya. Pero mientras la comunidad internacional da largas para decidir qué hacer al respecto, hay pruebas vitales que podrían desaparecer o ser destruidas”, añadió Tirana Hassan.
Que no se barran bajo la alfombra las atrocidades
A finales de mayo de 2018, ante la creciente presión internacional, las autoridades de Myanmar anunciaron la creación de una comisión de investigación independiente para investigar las violaciones de derechos humanos en el estado de Rajine. Las comisiones anteriores fueron poco más que simulacros de investigación para encubrir las atrocidades de los militares. En una conferencia de prensa celebrada este mismo mes, la presidenta de la Comisión manifestó que no iba a señalar, culpar ni exigir cuentas a nadie, una clara indicación de que este organismo no será diferente.
“No se debe permitir que las autoridades de Myanmar utilicen una comisión nacional de investigación para barrer bajo la alfombra las atrocidades contra la población rohingya. Ya hemos recorrido ese camino y es evidente que están tratando de ganar tiempo hasta que el mundo pase a otra cosa”, dijo Tirana Hassan.
Un momento crítico para la rendición de cuentas
En su informe de junio de 2018 “Lo destruiremos todo”, Amnistía Internacional cita los nombres de 13 personas —entre las que figura el comandante en jefe del Ejército de Myanmar, general jefe Min Aung Hlaing— que desempeñaron un papel clave en las atrocidades contra la población rohingya.
La organización recomendaba pasos concretos para exigir cuentas a estas y a otras personas, incluidos la remisión de la situación por el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional y el establecimiento de un mecanismo internacional destinado a recabar y preservar pruebas para su uso en futuras actuaciones penales.
Aunque en los últimos meses la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos anunciaron sanciones selectivas contra algunos de los presuntos autores, hacen falta muchas más medidas urgentes en la ONU para garantizar la rendición de cuentas.
“Cuando el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU se reúnan el próximo mes, hace falta una actuación enérgica y resuelta para preparar el camino para la justicia para la población rohingya y las minorías étnicas del norte de Myanmar. El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir con carácter urgente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional; la amenaza del veto no es excusa para la inacción. No se puede perder esta oportunidad crítica”, concluyó Tirana Hassan.
