“Con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país pudo constatar crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, y ofreció al gobierno, a través de su informe, una ruta de soluciones que deberían ser implementadas inmediatamente, además de las ya ofrecidas por diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos.”
“El gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión. Esta postura agrava todavía más la crisis, que dejó hasta el presente no menos de 322 personas muertes, miles de heridos, decenas de personas detenidas arbitrariamente y miles que abandonaron su país en busca de protección.”
“La expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es la más reciente acción del gobierno del presidente Ortega para generar un contexto de temor en la población, con el fin de silenciar a las voces disidentes y la exigencia de justicia. Este tipo de acciones no van a impedir que las organizaciones de derechos humanos continuemos exponiendo y denunciando sus tácticas represivas hasta obtener justicia, verdad y reparación para las víctimas”.
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