El Estado venezolano usa la fuerza intencionalmente contra la población más vulnerable y excluida socialmente, viola sus derechos y los coloca en el lugar de criminales por vivir en esta situación, en lugar de implementar políticas preventivas de control de la delincuencia ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
“El gobierno del presidente Nicolás Maduro debe garantizar el derecho a la vida. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.
El informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela señala la responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas. El Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado es contundente: hay más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2015 y junio de 2017.
El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios – tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad – fueron hombres jóvenes de entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.
En el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia: más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad en Venezuela. Amnistía Internacional estima que solo en ese año entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven otras tres o cuatro.
Para el 2017, el gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes; cifras que organizaciones no gubernamentales ubicaron en 89.
Amnistía Internacional observó que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no cumplió con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos vulnerados de las víctimas.
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Crisis de derechos humanos
Desde hace varios años, Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado de forma constante las serias violaciones a los derechos a la salud y a la alimentación; la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos; casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones a derechos civiles y políticos.
“Una de las consecuencias más visibles de las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana que vive Venezuela es el drástico aumento del número de personas que huyen hacia otros países, principalmente de nuestra región. Sin ir más lejos, en Argentina creció considerablemente la migración venezolana. Solo en 2017 hubo más de 27.000 radicaciones nuevas, más que los seis años anteriores que en total no superaron las 22.000”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La ONU estima que 2,3 millones de personas salieron de Venezuela desde 2014. “Venezuela atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de su historia. La lista de delitos bajo el derecho internacional en contra de la población va en aumento. Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usan un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”, dijo Erika Guevara Rosas.
“El gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, en pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional de derechos humanos”, agregó.
Amnistía Internacional llama al Estado venezolano a implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Las autoridades deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
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