El Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la protección efectiva del defensor de derechos humanos y del medio ambiente Julián Carrillo, afirmó Amnistía Internacional hoy, a tres meses de su asesinato, en el informe Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara.

“Las personas Indígenas Rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas de cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su labor en defensa de los derechos humanos”.

El 24 de octubre de 2018, hombres armados entraron a la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el estado norteño de Chihuahua, y asesinaron a Julian Carrillo. El líder Indígena Rarámuri había sido previamente víctima de amenazas y hostigamiento en relación a su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara. Al menos cinco otros miembros de su familia habían sido asesinados en los últimos años.

A tres meses de su asesinato, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia. Ante estos hechos, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano a tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el asesinato de Julian Carrillo y los demás miembros de su familia.

Julian Carrillo era beneficiario desde el 2014 de medidas de protección brindadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, tras un análisis de los graves riesgos que se enfrentaba. Sin embargo, las medidas – que incluían teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas de policías para acompañarlo en sus traslados – no fueron suficientes para impedir su asesinato.

Amnistía Internacional pudo comprobar que el análisis elaborado por las autoridades falló en atender el contexto de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, presencia del crimen organizado y las dificultades para acceder a la Sierra. Por lo mismo, las medidas no fueran adecuadas y suficientes para responder a las causas estructurares de violencia en la comunidad Coloradas de la Virgen, ni para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio Rarámuri.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno federal a desarrollar a la mayor brevedad posible, y en consulta con la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, una política pública integral para garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor de manera segura en el país.

“Las autoridades mexicanas no pueden seguir limitado la protección de personas defensoras de derechos humanos a un mecanismo que no funciona”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El gobierno debe adoptar sin demora una política pública integral que atienda las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. La defensa del territorio y del medio ambiente no debe ser una sentencia de muerte.”

Información adicional:

Semanas antes de su asesinato, Julian Carrillo dijo en entrevista con Amnistía Internacional que su mayor preocupación eran los altos niveles de violencia en Coloradas, generados por la presencia de grupos del crimen organizado y las divisiones dentro de la comunidad que han resultado del otorgamiento de derechos ejidales a personas que no pertenecen a la comunidad.

Según Julian Carrillo y otros miembros de la comunidad, grupos del crimen organizado ha recurrido a la violencia para apropiarse del territorio Indígena con elobjetivo de sembrar cultivos ilícitos, sobre todo cannabis y amapola. Muchos miembros de la comunidad han sido desplazados a ciudades cercanas, mientras líderes Indígenas y sus familiares han recibido diversas amenazas, incluso de muerte.

En septiembre de 2018, Julian Carrillo le dijo a Amnistía Internacional que creía que las amenazas y los asesinatos de miembros de su familia se relacionaban con su labor en defensa de los derechos humanos y del territorio. También reveló que él había recibido amenazas por denunciar las afectaciones al territorio de las Coloradas por parte del crimen organizado.

Aproximadamente dos semanas antes del asesinato de Julián Carrillo, miembros de la comunidad denunciaran ante autoridades estatales y federales la existencia de una concesión minera a tres particulares en su territorio, y solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los habitantes de Coloradas ante la situación de extrema violencia generada por el crimen organizado.

Días después, Amnistía Internacional estuvo presente en una asamblea comunitaria en la que Julian Carrillo manifestó la oposición de la comunidad a la concesión minera debido a los impactos ambientales y sociales que tendría, y por el incremento de violencia que podría generar en la zona.