Estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017. Estas decisiones se basan frecuentemente en información falsa o distorsionada que busca asociar migración con criminalidad y encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas.
Este giro preocupante en la política migratoria argentina ha derivado en casos extremos que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. Tal es el caso de la expulsión, el lunes 4 de febrero, de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva junto a su hijo argentino de dos años. Vanessa fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años. Su trámite de expulsión tuvo inicio en 2015, luego de haber cumplido una sentencia en una causa por comercio de estupefacientes. Tras cumplir la condena buscó reinsertarse en la Argentina y se recibió de enfermera en un terciario. Pese a los diversos recursos presentados por su defensa, el 1 de febrero la policía fue a su domicilio con la excusa de que tenía que acompañar a los agentes para “firmar una notificación”. Vanessa llevó a su hijo menor de 2 años y dejó a los otros dos en casa. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes 4 a la tarde fue expulsada del país junto a su hijo menor y no sabe cuándo volverá a ver sus hijos más grandes.
Ante este panorama, un grupo de diversas organizaciones enviamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre estos hechos. El texto enviado señala que estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes.
Resulta necesario que el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 y disponga las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño. Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas.
Amnistía Internacional
Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)
Asociación Civil CineMigrante
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo para La Diversidad (COPADI)
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
Equipo de Investigación en Antropología y Migración (ICA, UBA)
Equipo Migraciones del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (SEUBE-FFyL-UBA)
Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
Migrantes x Migrantes
Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani
Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina
Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
