El gobierno de Estados Unidos debe detener de inmediato las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo en la frontera con México y facilitar la recepción sin demora de los miles de personas afectadas y la tramitación de sus casos de acuerdo con la legislación estadounidense, ha manifestado Amnistía Internacional hoy durante una visita a la frontera.

“Estas expulsiones violan el derecho internacional, y las autoridades estadounidenses están obligando a miles de solicitantes de asilo a esperar durante meses en el lado mexicano de la frontera tanto antes como después de recibir sus solicitudes de protección. Los tribunales están desempeñando una función esencial a la hora de contener los abusos de poder de las autoridades estadounidenses, pero la mayoría de las personas que solicitan asilo carecen de acceso a la justicia y continúan sufriendo violaciones en gran escala de sus derechos”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Del 8 al 10 de abril, Amnistía Internacional monitoreó en San Diego las vistas de 28 casos de asilo que afectaban a 31personas adultas y 26 menores devueltas por las autoridades estadounidenses a México desde finales de enero en aplicación de la política conocida como “Quédate en México”. Durante las vistas, más del 40% de las personas expresaron proactivamente su temor de regresar a México.

Amnistía Internacional identificó en las vistas graves irregularidades debidas a la política conocida como “Quédate en México”, entre ellas una falta generalizada de acceso a abogados que afectaba a las personas devueltas a México durante los procedimientos. Sólo en uno de los casos monitoreados por Amnistía Internacional habían conseguido las personas solicitantes de asilo asistencia letrada.

La organización entrevistó también, en Tijuana, a ocho personas adultas y a tres menores a quienes las autoridades estadounidenses habían devuelto a México tras solicitar asilo. Algunas de ellas expresaron su temor a sufrir algún daño en México mientras esperaban a que se iniciara la vista de sus casos.

“No me siento seguro aquí. Puede ocurrir algo, porque soy hondureño. Aquí la policía es muy corrupta, y roba el dinero a mucha gente”, afirmó Josue, hondureño de 53 años.

El 8 de abril, una corte federal estadounidense dictó una orden preliminar por la que se prohibía seguir aplicando la política conocida como “Quédate en México”, o “protocolo de protección de migrantes”, en virtud de la cual las autoridades de Estados Unidos han devuelto a México a más de 1.300 solicitantes de asilo cuyas solicitudes estaban todavía tramitándose. No obstante, centenares de personas que están esperando aún en México a que se inicie la vista judicial de sus casos en Estados Unidos se encuentran atrapadas en una situación de incertidumbre jurídica, en condiciones que pueden ser peligrosas.

Lista ilegal de espera para solicitar asilo en virtud de la política estadounidense de “dosificación”

Además de aplicar la política conocida como “Quédate en México”, las autoridades estadounidenses y mexicanas obligan a las personas solicitantes de asilo a esperar durante semanas o meses antes de permitirles solicitar protección, tras incluirlas en una lista de espera que es ilegal y que algunas afirman que las pone en peligro.

Manuel, salvadoreño de 29 años que había sido devuelto a México tras solicitar asilo, dijo que la policía mexicana lo había detenido y le había robado el dinero y el teléfono la víspera del día en que se iba a anunciar por fin su número en la lista ilegal tras esperar durante semanas en Tijuana a que le llegara el turno.

La lista de espera está gestionada por un pequeño grupo de solicitantes de asilo durante el día y por la policía mexicana de noche. A fecha de 9 de abril, había alrededor de 4.460 personas inscritas en ella Tijuana, alrededor del 40% de las cuales eran ciudadanos y ciudadanas mexicanos, a quienes ni las autoridades de Estados Unidos ni las de México pueden prohibir legalmente solicitar asilo en la frontera estadounidense.

Al obligar a miles de personas de nacionalidad mexicana a esperar en México durante semanas o meses antes de permitirles entrar en Estados Unidos para solicitar protección, el gobierno estadounidense infringe su propia legislación nacional sobre el asilo. Asimismo, el gobierno mexicano infringe el artículo 11 de su Constitución (que garantiza a la ciudadanía la libertad de circulación) al impedir a personas de nacionalidad mexicana acercarse a la frontera para presentar ellas mismas sus solicitudes de asilo, y ambos países incumplen las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional.

Del 8 al 10 de abril, Amnistía Internacional entrevistó a 15 personas solicitantes de asilo que llevaban entre varias horas y varios meses inscritas en las listas ilegales de espera.

Cindy, madre de 17 años embarazada de siete meses, llevaba más de dos meses esperando en Tijuana a solicitar asilo en la frontera estadounidense, tras haber huido del estado mexicano donde vivía, Michoacán, debido a las amenazas y la violencia. “No me siento segura y me da miedo estar aquí”, explicó. Poco después de su huida, Cindy había empezado a recibir por teléfono amenazas de sus agresores en Michoacán.

Tres mujeres transgénero de El Salvador y Honduras dijeron a Amnistía Internacional que les daba miedo esperar en Tijuana a solicitar asilo en Estados Unidos, porque la policía mexicana las había agredido y se había aprovechado de ellas.

Pamela, salvadoreña transexual de 29 años, dijo que le daba “mucho miedo” esperar en Tijuana. “Como la policía mexicana me atacó y me agredió en Ciudad de México, no me sentiría segura si tuviera que ir a la policía porque alguien me atacara aquí en Tijuana. Dicen que Tijuana es un lugar muy peligroso, y me da miedo ir por la calle sola.”

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): duncan.tucker@amnesty.org

Amnistía Internacional Estados Unidos: media@aiusa.org