Desde julio de 2018, las autoridades libanesas están organizando el regreso a Siria de personas refugiadas, afirmando que son retornos totalmente voluntarios. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional muestra que se está presionando a la gente para que vuelva a Siria mediante una combinación de políticas gubernamentales restrictivas, condiciones humanitarias extremas y discriminación generalizada.
“Para muchas personas refugiadas sirias, la vida en Líbano está marcada por el miedo, la intimidación constante y un sentimiento de desesperanza. A pesar de que el gobierno libanés dice que los retornos a Siria son voluntarios, incidentes como el ataque contra Deir al Ahmar muestran que la vida se está volviendo intolerable para las personas refugiadas, lo que deja a muchas de ellas sin más opción que volver a Siria”, dijo Lynn Maalouf, directora de investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional.
La organización investigó cómo los desalojos ilegítimos, los toques de queda, los ataques constantes contra los campos de personas refugiadas y las detenciones masivas hacen que para muchas de ellas, la vida en Líbano sea insoportable y obliga a muchas a retornar a Siria a pesar de los peligros que conlleva.
“Al no garantizar su protección de los ataques, el acoso o la intimidación e imponer medidas injustas y restrictivas que hacen más difícil su vida, las autoridades libanesas están propiciando un entorno que obliga de hecho a las personas refugiadas a volver a Siria, donde podrían correr el riesgo de ser interrogadas a su llegada, torturadas y sometidas a desaparición forzada y a otras violaciones de derechos y abusos”, prosiguió Lynn Maalouf.
Para que el retorno de personas refugiadas a Siria sea auténticamente voluntario, ha de estar basado en el consentimiento libre e informado de quienes regresan. Amnistía Internacional cree que muchas de las personas que solicitan salir de Líbano no están en condiciones de tomar una decisión libre e informada por varios motivos: las condiciones extremas en las que viven en Líbano, que incluye dificultades para obtener o renovar visados de residencia válidos, lo que impide que accedan plenamente a servicios esenciales, así como la falta de acceso a información objetiva y actualizada sobre la situación actual de los derechos humanos en Siria.
Esto significa que las autoridades libanesas están incumpliendo su obligación de no devolver a personas refugiadas a un lugar donde correrían un riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos (la obligación de no devolución), pues están imponiéndoles unas condiciones que las fuerzan efectivamente a marcharse de Líbano.
Deir al Ahmar
El 5 de junio, las autoridades libanesas ordenaron la evacuación de Deir al Ahmar, que albergaba a 600 personas refugiadas, después de que aumentaran las tensiones en el campo tras estallar un incendio. Las personas refugiadas que vivían allí se quejaron de que los bomberos habían llegado tarde, lo que desembocó en un altercado entre aquellas y residentes locales. Trabajadores y trabajadoras de ONG presentes en el campo dijeron a Amnistía Internacional que algunos hombres de Deir al Ahmar amenazaron con quemar a las personas refugiadas en sus tiendas, lo que hizo que muchas huyeran inmediatamente.
Esa noche, llegaron al menos 50 hombres que empezaron a atacar el campo, incendiaron tres tiendas y derribaron otras dos con una excavadora. Gritaron amenazas a las personas refugiadas: “Estáis ensuciando nuestro suelo, fuera de aquí, arded aquí y en el infierno”. Ninguna de las fuerzas de seguridad presentes en el campo intervino para detener el ataque. Un día después, las autoridades municipales de Deir al Ahmar, así como las de los pueblos vecinos y las de la ciudad de Baalbek, situada en las proximidades, emitieron una declaración en la que ordenaban a las personas refugiadas sirias que abandonaran Deir al Ahmar, alegando que la orden era “para su propia protección”.
Ninguno de los pueblos de los alrededores accedió a acoger a las personas refugiadas, aunque unas 90 familias de un total de 120 fueron finalmente autorizadas a acampar en el remoto pueblo de Mekna. Allí, la inmensa mayoría vive en los campos, al aire libre, sin acceso a electricidad, agua, comida ni tiendas, y sin servicios en las proximidades.
Condiciones desesperadas
Otro ejemplo de la hostilidad creciente hacia las personas refugiadas en Líbano fue la concentración organizada por el partido político libanés Movimiento Patriótico Libre el 8 de junio para movilizar a la población contra las personas refugiadas sirias y pedir su retorno. El partido repartió volantes con el eslogan “Siria es un lugar seguro para retornar y Líbano no puede más” y carteles en los que se instaba a la gente a “proteger a los trabajadores y trabajadoras libaneses” denunciando a las personas refugiadas que infringieran las leyes laborales.
En abril, el Consejo Superior de Defensa de Líbano, un órgano militar, fijó de plazo el 10 de junio para la demolición de todas las “estructuras semipermanentes” construidas por la población refugiada siria en campamentos informales en la ciudad septentrional de Arsal con cemento y de más de 1,5 metros de altura. Según una persona que trabaja en ayuda humanitaria en Arsal, las autoridades están presionando a las personas refugiadas para que derriben ellas mismas las estructuras a fin de evitar imágenes de soldados demoliendo casas por la fuerza en el campamento. Un vídeo que ha analizado Amnistía Internacional parece mostrar a una refugiada tirando una pared de hormigón con un martillo.
Un documento publicado por ACNUR el 10 de junio reveló también que las autoridades libanesas endurecieron las restricciones impuestas a la población refugiada siria y a las personas menores de 15 años que quieren obtener un permiso de residencia normal. También emitieron un nuevo decreto para deportar a todas las personas sirias de quienes se halle que entraron irregularmente en Líbano después del 24 de abril de 2019.
Alrededor del 73% de la población refugiada de Siria vive en Líbano sin un visado de residencia válido porque no puede pagar la tasa de 200 dólares estadounidenses o por los retrasos en la tramitación de las solicitudes por las autoridades locales. Las personas refugiadas que carecen de condición migratoria regular pueden ser detenidas y tienen restringido el acceso a servicios como la educación y la atención sanitaria.
Acabar con los “retornos voluntarios”
Amnistía Internacional considera que debido al entorno de coacción en el que se están produciendo los retornos a Siria, estos no son voluntarios. Por tanto, las autoridades libanesas están incumpliendo su obligación contraída con arreglo al derecho internacional de no devolver a personas refugiadas a un lugar en el que correrían un riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.
Hasta la fecha, las personas civiles que retornan a su lugar de origen deben obtener una “autorización de seguridad” que implica ser interrogadas por las fuerzas de seguridad sirias, que son responsables de violaciones de derechos humanos y abusos generalizados y sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el uso de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
“Las autoridades libanesas deben eliminar con carácter urgente todos los factores coercitivos, como la imposibilidad para las personas refugiadas de obtener documentos de residencia oficiales y otras restricciones, o detener totalmente los retornos de personas refugiadas a Siria. Por su parte, la comunidad internacional debe proporcionar fondos y recursos suficientes, reasentar a personas refugiadas y presionar a las autoridades libanesas para que no las devuelva a Siria hasta que esté claro que la situación es segura y que se van a proteger los derechos de quienes retornen”, concluyó Lynn Maalouf.
Información complementaria:
En 2019 hay 938.531 personas refugiadas sirias en Líbano inscritas en el ACNUR y 31.000 personas refugiadas palestinas de Siria inscritas en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).
Por otra parte, el gobierno libanés afirma que hay alrededor de 550.000 que viven en Líbano sin estos registros. En marzo de 2019, Seguridad General anunció que habían vuelto a Siria, desde diciembre de 2017, 172.046 personas refugiadas gracias a la reducción de las restricciones administrativas y a la facilitación y organización de retornos.
