“Este ataque mortal, que afectó a un centro de detención donde al menos 600 personas refugiadas y migrantes se hallaban atrapadas bajo custodia, sin posibilidad de escapar, y cuya ubicación era conocida por todas las partes contendientes, debe investigarse de manera independiente como crimen de guerra. La Corte Penal Internacional de investigar la posibilidad de que fuera un ataque directo contra civiles”, señaló Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Esta brutal matanza es también un repugnante recordatorio de las consecuencia mortales de las crueles políticas migratorias de Libia y la Unión Europea. La cooperación entre ambas para contener el flujo de personas migrantes y refugiadas hace que, sin rutas seguras de salida del país, miles de personas interceptadas en el Mediterráneo central sean devueltas a Libia, donde son recluidas arbitrariamente en centros en los que están expuestas a sufrir tortura y corren peligros mortales.”
Se teme que desde el ataque de anoche al centro de detención la cifra de muertes aumente. No obstante, incluso en la información inicial se dobla la cifra de muertes civiles desde que, el 4 de abril de 2019, comenzó la ofensiva lanzada por el autoproclamado Ejército Nacional Libio para arrebatar Trípoli al Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido internacionalmente, según cifras de la ONU.
“La mayoría de las víctimas del ataque eran personas migrantes y refugiadas, muchas de las cuales salieron de su país huyendo del derramamiento de sangre, la persecución o la pobreza y en busca de una vida mejor fuera y se encontraron encarceladas indefinidamente en un centro de detención libio, próximo a zonas de conflicto activo”, ha añadido Magdalena Mughrabi.
“Este ataque debe avergonzar a todos los bandos, que tienen que tomar de inmediato medidas para sacar a las personas refugiadas y migrantes de las zonas de conflicto activo, donde su vida corre peligro, y poner fin a su cruel práctica de detener a migrantes.”
Esta mañana, Amnistía Internacional habló con tres personas refugiadas que se hallaban detenidas en Tajoura y sobrevivieron al ataque. Un refugiado eritreo ha explicado que un primer ataque aéreo impactó en un hangar adyacente al centro de detención, tras lo que, alrededor de cinco minutos después, un segundo ataque afectó a la celda de hombres del centro mismo. Como consecuencia del ataque, hasta 300 personas refugiadas y migrantes –algunas devueltas a Libia tras haber sido interceptadas en el Mediterráneo en las últimas semanas– se encuentran ahora en la calle en Tajoura, asustadas y a la espera de recibir ayuda urgente.
La organización analizó y verificado fotografías y vídeos publicados desde el escenario del ataque, que coincide por geolocalización con el centro de detención de migrantes de Tajoura, gestionado por la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal del Ministerio del Interior libio. Una fotografía de la celda de hombres muestra un gran cráter de varios metros de diámetro, similar al causado por una bomba arrojada desde el aire.
Aunque está aún por determinar quién está detrás de este ataque, esta semana los medios de comunicación informó de que las fuerzas del Ejército Nacional Libio han recibido recientemente aviones de combate 7-16. Estos aviones pueden efectuar un ataque aéreo nocturno con bombas de gran tamaño, que causarían daños de este tipo.
Amnistía Internacional pidió reiteradamente a las partes contendientes que protejan a las personas refugiadas y migrantes de los ataques y la saquen de las zonas de conflicto activo y que sean objetivo militar.
Las investigaciones de la organización indican que en el mismo recinto del centro de detención de Tajoura había un almacén donde se guardaban armas. Tras un ataque aéreo que impactó en un vehículo militar a unos 100 metros del centro de detención de Tajoura el 7 de mayo, Amnistía Internacional advirtió a las autoridades libias de que estaban poniendo en peligro la vida de las personas refugiadas y migrantes al tenerlas recluidas arbitrariamente cerca de objetivos militares. El ACNUR también había pedido la reubicación urgente en lugares seguros de las personas refugiadas y migrantes de los centros de detención situados en las zonas de conflicto de Trípoli.
Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en un conflicto tienen la obligación de adoptar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil durante los ataques. Incluso si el depósito militar era el objetivo previsto del ataque, el elevado número de civiles que había en las inmediaciones hacía que este ataque fuera ilegal. Las partes en el conflicto deben tomar todas las medidas posibles para proteger a la población civil bajo su control de los efectos de ataques, lo que incluye evitar situar objetivos militares, como arsenales, en las inmediaciones de zonas civiles.
Las investigaciones de Amnistía Internacional también confirmaron que algunas de las personas detenidas habían sido obligadas a trabajar contra su voluntad en las instalaciones militares de Tajoura, lo que constituye también una violación del derecho internacional.
“Este ataque debe servir de alarma para que los Estados de la UE pongan fin a sus vergonzosas políticas de externalización a Libia del control de la migración para intentar reducir el número de personas refugiadas y migrantes que llegan a las costas europeas. No pueden ya cerrar los ojos ante las condiciones inhumanas, la tortura, las violaciones y demás abusos que sufren las personas refugiadas y migrantes ni ante su fracaso a la hora de prestarles apoyo para llegar a un lugar seguro ofreciéndoles plazas suficientes de reasentamiento”, afirmó Magdalena Mughrabi.
“Los Estados Miembros de la UE deben garantizar con urgencia rutas seguras de salida de Libia a las personas refugiadas y migrantes atrapadas allí y asegurarse de que las que sean rescatadas en el Mediterráneo central no sean devueltas a Libia.”
Amnistía Internacional advirtió de que los incumplimientos del embargo de armas impuesto por la ONU a Libia está fomentando las violaciones del derecho internacional, incluidos los crímenes de guerra, en la batalla por Trípoli, que ha arreciado desde el 4 de abril. Más de 100.000 civiles han huido de sus hogares, hay cortes reiterados de electricidad y los ataques indiscriminados con cohetes y artillería ponen en gran peligro las vidas civiles.
