Las muertes de miles de víctimas siguen sin registrar y, en todo el país, hay miles de cadáveres desaparecidos enterrados en fosas comunes no identificadas. Durante más de 30 años, las autoridades iraníes se negaron a reconocer oficialmente la existencia de estas fosas comunes y ocultaron su ubicación, con lo que causaron un inmenso sufrimiento a las familias, que siguen buscando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.
“Las familias de quienes fueron víctimas de homicidios secretos en las masacres penitenciarias de 1988 siguen viviendo una pesadilla. Estas familias y muchas otras personas en Irán están atormentadas por los miles de cadáveres desaparecidos, que hasta el día de hoy siguen arrojando una sombra sobre el sistema de justicia del país”, manifestó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Es erróneo considerar los homicidios masivos de 1988 como hechos históricos. Las desapariciones forzadas continúan y, 30 años después, las familias de las víctimas siguen martirizadas por la angustia y la incertidumbre respecto a la suerte que corrieron sus seres queridos.”
En virtud del derecho internacional, el delito de desaparición forzada continúa hasta que el Estado revela la suerte o el paradero de la persona en cuestión, y esto requiere, cuando se descubre que la persona desaparecida está muerta, devolver los restos de las víctimas a sus familias.
El informe publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 2018, Blood-soaked secrets: Why Iran's 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity, concluyó que, al seguir ocultando sistemáticamente la suerte y el paradero de las víctimas de ejecución extrajudicial secreta de 1988 en Irán, las autoridades iraníes están cometiendo un delito de desaparición forzada, que constituye un crimen de lesa humanidad continuado.
Las autoridades de Irán tienen la obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de investigar estos crímenes que aún perduran y proporcionar a las víctimas verdad, justicia y reparación. Deben hacer participar a expertos independientes en la exhumación e identificación de los restos —por medios que incluyen el análisis de ADN—, devolver los restos de las víctimas fallecidas a sus familias y permitir que éstas celebren honras funerarias y dispongan de esos restos según sus propias creencias, religión o cultura.
En todos los casos de muerte, las autoridades tienen el deber de expedir un certificado de defunción, en el que consten de manera exacta la fecha, el lugar y la causa de la muerte. Sin embargo, en miles de casos de víctimas de ejecución extrajudicial secreta de 1988 esto no ha sucedió.
“Los crímenes de lesa humanidad son exactamente lo que sugiere su nombre: crímenes tan graves que no son únicamente asunto de sus víctimas, supervivientes y el Estado de que se trate, sino de todo el conjunto de la humanidad”, manifestó Philip Luther.
“Los Estados miembros de la ONU deben aprovechar todas las oportunidades, incluido el próximo examen del historial de derechos humanos de Irán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en noviembre, para presionar al gobierno iraní con el fin de que identifique las fosas comunes y revele la suerte y el paradero de todas las víctimas de estos trágicos sucesos.”
Amnistía Internacional pidió a la ONU que organice una investigación independiente sobre las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas para determinar la verdad, permitir el procesamiento de los presuntos responsables y garantizar que las víctimas supervivientes y las familias de las fallecidas reciben reparación.
Cadáveres desaparecidos
Las autoridades iraníes no devolvieron a sus familias los cadáveres de ninguna de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de 1988. También se negaron a decir a la mayoría de las familias dónde estaban enterrados los cadáveres, en un aparente esfuerzo por eliminar todo rastro de las víctimas.
Amnistía Internacional sólo sabe de cinco ciudades —Ahvaz, Ardabil, Ilam, Mashhad y Rudsar— en las que las autoridades finalmente comunicaron verbalmente a algunas familias que sus seres queridos estaban enterrados en fosas comunes, y revelaron su ubicación. Sin embargo, de forma pública y oficial, las autoridades nunca reconocieron éstas ni otras fosas comunes que se conocen o cuya existencia se sospecha, distribuidas por todo el país y que han sido objeto de profanación y destrucción.
Según la información obtenida por Amnistía Internacional, en varias otras ciudades, entre ellas Bandar Anzali, Isfahán, Hamadán, Masjed Soleiman, Shiraz, Semnán y Teherán, las autoridades indicaron a unas pocas familias la ubicación de fosas individuales y les permitieron instalar lápidas, pero muchas de esas familias temen que las autoridades las hayan engañado y que esas fosas puedan estar vacías.
En el caso de Teherán, esta preocupación se ve reforzada por las conclusiones de Amnistía Internacional de que el 99% de los nombres de 335 lápidas en el cementerio de Behesht Zahra que las autoridades atribuyeron a víctimas de los homicidios en masa no están inscritos en los registros online de sepulturas del cementerio: sólo están inscritos tres.
Hay informes que indican que muchas de estas lápidas individuales se colocaron de repente a finales de 1988 y principios de 1989 sin que hubiera ninguna señal de excavación previa en la zona. Algunas familias y supervivientes sospechan que las autoridades identificaron estas tumbas en un intento de trivializar el número de personas muertas y de mostrar que se conocía la ubicación de sus restos. Temen que, de hecho, estas víctimas puedan haber sido enterradas en fosas comunes no señaladas junto con varios miles de víctimas más.
En un caso, una familia descubrió en junio de 2017 que la tierra bajo la lápida en la que llevaban décadas creyendo que estaba enterrado su ser querido estaba de hecho vacía y no contenía huesos ni otros restos.
En la base de datos online de la Organización de Behesht Zahra, organismo estatal, se realizó una búsqueda de los nombres de más de 4.500 víctimas registradas, y se descubrió que el 99% no constaban. Las cartas enviadas en 2018 por Amnistía Internacional a la Organización Nacional del Registro Civil y a la Organización de Behesht Zahra en Teherán, en las que pedía explicaciones por estas omisiones, no recibieron respuesta.
El enorme número de nombres que faltan en los registros online de sepultura del país y el temor de que algunas de las tumbas puedan estar vacías suscitan honda preocupación, y hacen que la investigación y exhumación de las fosas que, según se cree, contienen los restos de las víctimas sea aún más crucial para determinar la verdad sobre la suerte corrida por cada víctima y el paradero de sus restos.
Hagan clic aquí para ver un vídeo en el que se ve a los familiares de las víctimas describiendo el dolor y el trauma constantes que sufren. Amnistía Internacional considera que el sufrimiento infligido a las familias de las víctimas viola la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos establecida en el derecho internacional.
