Robert Mugabe, dirigente de Zimbabue durante casi cuatro décadas, falleció a los 95 años de edad, dejando tras de sí una mancha indeleble en el historial de derechos humanos de su país, declaró Amnistía Internacional.

En sus primeros años como dirigente de Zimbabue, tras la transición desde el régimen colonial británico, consiguió notables logros gracias a una gran inversión en servicios sociales. Hubo una mejora radical en áreas como la salud y la educación, y de hecho el país aún goza de una de las tasas de alfabetización más altas de África. Sin embargo, posteriormente desvirtuó su propio historial.

Durante sus 37 años en el poder llevó a cabo una brutal represión de la oposición política y estableció una cultura de la impunidad para él y sus compañeros, mientras su gobierno ponía en práctica una serie de políticas que tuvieron consecuencias desastrosas.

“Aunque se erigió en salvador de Zimbabue, Robert Mugabe infligió un daño permanente a la población y la reputación del país”, afirmó Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral.

Como dirigente de la resistencia contra el gobierno de la minoría blanca de la entonces Rhodesia, Mugabe comenzó su vida política luchando contra la injusticia. Encarcelado y posteriormente exiliado por sus actividades políticas, fue una de las más de 900 personas que Amnistía Internacional adoptó como presos de conciencia en Zimbabue entre 1965 y 1979.

En 1980, impulsado por su imagen como paladín de las víctimas del imperialismo, Robert Mugabe se convirtió en el primer primer ministro de Zimbabue tras la independencia, en una plataforma de reconciliación.

Sin embargo, poco después de ocupar el cargo, desplegó la represiva maquinaria del Estado contra sus oponentes políticos. Durante la década de 1980, la represión militar conocida como Gukurahundi (término que podría traducirse como “la primera lluvia tras la estación seca que limpia el campo de paja”), dirigida contra todo tipo de personas sospechosas de simpatizar con la oposición, acabó con la vida de unas 20.000 personas en las provincias de Matabeleland y Midlands. Muchas de las víctimas fueron civiles desarmados.

Las peticiones de Amnistía Internacional para que se enjuiciaran los presuntos crímenes cometidos por sus simpatizantes y por los servicios de seguridad cayeron en saco roto. Por entonces, la organización de derechos humanos advirtió que si no se exigían responsabilidades por las violaciones de Matabeleland y Midlands se sentaría un peligroso precedente. Y el tiempo le dio la razón.

Aunque su llegada al poder gozó de la aclamación popular, su mandato como primer ministro y luego como presidente se caracterizaron por su obstinación en permanecer en el poder, para lo cual sacrificó la economía, las instituciones y la sociedad de Zimbabue.

A lo largo de su presidencia, las elecciones generales se vieron empañadas por picos de abusos y violaciones graves de derechos humanos a manos de los agentes de seguridad del Estado y de activistas de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Los simpatizantes de la oposición sufrieron tortura, acoso, intimidación e incluso muerte. En algunos casos, desaparecieron sin dejar rastro.

En 2008, su derrota en la primera ronda de las elecciones ante el candidato del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Morgan Tsvangirai, desencadenó una oleada de violencia del ejército en la que murieron más de 300 personas y miles más resultaron heridas o fueron torturadas por sospecharse que habían votado en favor de la oposición, lo que provocó la retirada de Morgan Tsvangirai de la segunda ronda de la contienda electoral.

De nuevo, Amnistía Internacional pidió que se investigaran los crímenes, y de nuevo su petición fue desoída.

“Cuando se sentía bajo presión, Mugabe siempre aprobaba las violaciones de los derechos humanos y defendía públicamente la actuación de sus autoridades”, declaró Muleya Mwananyanda.

Los avances conseguidos durante los primeros tiempos de la era Mugabe en los derechos económicos, sociales y culturales se desvanecieron debido a una serie de desastrosas decisiones políticas de su gobierno.

En 2000, Mugabe aprobó un violento programa de reforma agraria, que supuestamente pretendía corregir la desequilibrada distribución de la tierra consecuencia de 90 años de régimen colonial. Si bien la necesidad de una reforma agraria era justificada, Mugabe utilizó el programa de redistribución como forma de clientelismo, recompensando a sus simpatizantes con tierras y negándoselas a quienes consideraba opositores políticos. El programa también se utilizó como tapadera para disimular los ataques contra los trabajadores agrícolas que habían apoyado a la oposición.

En 2005, bajo la presidencia de Mugabe se desarrolló una de las más desastrosas campañas de desalojos forzosos de la historia de África. Conocida como Operación Murambatsvina —término que en shona significa “sacar la basura”— tuvo en el punto de mira a los habitantes de los asentamientos precarios urbanos. Las Naciones Unidas calcularon que 700.000 personas perdieron sus hogares, medios de vida o ambas cosas. Los desalojos agravaron la pobreza de la mayoría de las personas afectadas, muchas de las cuales siguieron viviendo sin acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos.

Los últimos años de su gobierno se caracterizaron por una dependencia cada vez mayor de los servicios de seguridad para suprimir las voces críticas dentro y fuera de su partido. Sus oponentes —incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas de partidos de la oposición— fueron encarcelados por cargos de motivación política o mediante la aplicación de leyes draconianas. Los menos afortunados fueron ejecutados. Además, Mugabe mostró una oposición inflexible a los derechos LGBT, afirmando que las personas LGBT “eran peores que perros y cerdos” y apoyando más leyes contra la homosexualidad.

Desde el año 2000 se calcula que unos tres millones de zimbabuenses han salido del país escapando a la represión y la recesión económica.

Obligado finalmente a dimitir en noviembre de 2017, el que fuera durante mucho tiempo su lugarteniente y después su rival político en la lucha por el control de Zimbabue con el ZANU-PF como partido gobernante, Emmerson Mnangagwa, organizó su salida de la presidencia con el apoyo del ejército.

“Mugabe deja tras de sí secuelas permanentes de su brutal régimen. Quienes vengan tras él tendrán que elaborar un programa de regeneración nacional, comenzando por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. “La población de Zimbabue se merece conocer la verdad”, dijó Muleya Mwananyanda.