En respuesta a la noticia de que las autoridades de Sierra Leona están reforzando su postura de que las niñas embarazadas no pueden asistir a la escuela antes de dar a luz, Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental, declaró:

“Sierra Leona es un país con un elevado índice de embarazo adolescente. Sin embargo, en lugar de dar una educación sexual clara en las escuelas y erradicar de manera efectiva la violencia contra las mujeres y las niñas, las autoridades sierraleonenses están castigando a centenares de niñas embarazadas negándoles la educación”.

 

“La reiterada negativa del gobierno a dejar que las niñas embarazadas asistan a la escuela afianza la desigualdad de género y la discriminación. En lugar de empoderar a estas niñas, la política gubernamental amenaza con avergonzarlas y culparlas.”

“Las autoridades deben levantar de inmediato esta prohibición, de acuerdo con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Sierra Leona, y deben permitir que las niñas embarazadas disfruten plenamente de su derecho a la educación.”

Información complementaria

Ayer, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria emitió una declaración en la que aclaraba la asistencia de las niñas embarazadas a la escuela. Según la declaración, ahora las niñas embarazadas pueden presentarse a exámenes pero siguen sin poder asistir a la escuela.

Al mantener esta retrógrada postura, el gobierno utilizó un lenguaje sumamente peyorativo y estereotipado, y declaró que las niñas embarazadas debían “permanecer apartadas de la escolarización durante el embarazo debido a su incapacidad de aprender de manera efectiva [...]” y que “se consideraba de forma generalizada que las niñas embarazadas tienen el potencial de influir negativamente en sus compañeras para que sean sexualmente activas y se queden embarazadas”. Sin embargo, el gobierno no ofreció datos concretos que respaldaran estas acusaciones engañosas y nocivas.

En junio de 2019, Amnistía Internacional se unió a una causa judicial entablada por dos organizaciones no gubernamentales —Igualdad Ya y WAVES— para rebatir la prohibición impuesta por el gobierno de Sierra Leona de que las niñas embarazadas asistan a las escuelas públicas y se presenten a exámenes. La causa está pendiente ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO.