Los meses que precedieron a su incursión militar en el noreste de Siria, Turquía estuvo deportando personas refugiadas a este país asolado por la guerra antes de intentar establecer una “zona segura” en el lado sirio de la frontera como había anunciado; así lo revela la nueva investigación de Amnistía Internacional.

Según personas refugiadas con quienes la organización se reunió o habló, la policía las había golpeado o amenazado para que firmaran documentos en los que declaraban que estaban solicitando su retorno a Siria, cuando en realidad Turquía estaba obligándolas a regresar a una zona de guerra y poniendo sus vidas en grave peligro.

“Que Turquía afirme que hay personas refugiadas de Siria que están decidiendo volver directamente al conflicto es deshonesto y peligroso. Según nuestra investigación, más bien están siendo engañadas u obligadas a volver”, ha asegurado Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.

“Turquía merece reconocimiento por acoger a más de 3,6 millones de mujeres, hombres, niños y niñas de Siria durante más de ocho años, pero esta generosidad no puede servirle de pretexto para deportar a personas a zonas de conflicto activo burlando el derecho nacional e internacional.”

Sin datos estadísticos oficiales, es difícil hacer un cálculo aproximado del número de deportaciones. No obstante, basándose en las decenas de entrevistas que realizó de julio a octubre de 2019 para elaborar su informe Sent to a war zone: Turkey’s illegal deportations of Syrian refugees, Amnistía Internacional calcula que en los últimos meses ronda los varios centenares. Las autoridades turcas aseguran que un total de 315.000 personas se han marchado a Siria de forma completamente voluntaria.

Deportar personas a Siria es ilegal, dado que allí corren verdadero peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

“Es estremecedor que el acuerdo alcanzado por Turquía y Rusia esta semana contemple el 'retorno voluntario y seguro' de personas refugiadas a una 'zona segura' aún por establecer. Los retornos hasta la fecha han sido cualquier cosa menos seguros y voluntarios, y ahora varios millones más de personas refugiadas procedentes de Siria están en situación de riesgo”, ha dicho Anna Shea.

Devoluciones disfrazadas de “retornos voluntarios”
El gobierno turco asegura que quienes vuelven a Siria lo hacen voluntariamente pero, según la investigación de Amnistía Internacional, muchas de estas personas han sido coaccionadas o engañadas a la hora de firmar documentos de “retorno voluntario”.

Unas contaron que habían sido golpeadas o amenazadas con violencia para obligarlas a firmar. A otras les habían dicho que estaban firmando un documento de registro, para confirmar que habían recibido una manta del centro de detención, o un formulario donde expresaban su deseo de permanecer en Turquía.

Amnistía Internacional documentó 20 casos verificados de deportación, todos ellos de personas trasladadas hasta el otro lado de la frontera en autobuses donde también viajaban decenas de personas esposadas con bridas de plástico que, al parecer, estaban siendo igualmente deportadas.

Qasim*, de 39 años, padre de familia en Alepo, contó que había estado seis días recluido en una comisaría de policía de Konya donde, según los informes, los agentes le habían dicho: “Puedes elegir: uno o dos meses, o un año, en la cárcel... o te vas a Siria”.

John, cristiano sirio, contó que los funcionarios de migración turcos le habían dicho: “Si pides un abogado te tendremos encerrado seis o siete meses y te haremos daño”.

John fue deportado tras ser capturado por la guardia costera turca cuando intentaba llegar a Grecia y contó que, tras llegar a Siria, había estado una semana detenido en Idlib a manos de Jabhat al Nusra, grupo islamista vinculado a Al Qaeda.

“Fue un milagro que saliera vivo de allí”, dijo.

Toda interacción con policías o funcionarios de migración turcos, como una entrevista para renovar documentos válidos o un control de identidad en la calle, parece poner en riesgo de detención o deportación a las personas refugiadas de Siria.

La explicación más común que reciben para su deportación es que no están registradas o que están fuera de su provincia de registro. Sin embargo, también han sido deportadas personas con documento de identidad válido para su provincia de residencia.

Al parecer, la inmensa mayoría de las personas deportadas son varones adultos, a los que trasladan juntos en autobuses a través de la provincia turca de Hatay hasta el paso fronterizo de Bab al Hawa, en la provincia siria de Idlib.

Sin embargo, Kareem, un joven de Alepo de 23 años, contó que había sido deportado desde Estambul junto a dos menores, de 15 y 16 años, que no estaban registrados. Sus madres suplicaron a las autoridades fuera del autobús mientras sus hijos estaban dentro pero, según los informes, la policía militar dijo que los chicos infringían la ley al no tener documento de identidad y por tanto iban a ser deportados.

Un joven llamado Nabil, con esposa y un hijo de dos años, contó a Amnistía Internacional que él y su familia habían estado detenidos en Ankara en junio de 2019 junto a más de 100 personas. Excepto tres hombres solteros, todas eran familias. Nabil contó que a los tres días les habían dicho que irían a un campo de la provincia de Hatay, pero luego habían trasladado a toda la gente en autobús hasta Idlib.

“Las autoridades turcas deben dejar de hacer devoluciones a Siria y garantizar que toda persona deportada puede volver a entrar en Turquía en condiciones de seguridad, y a tener acceso a servicios básicos”, ha manifestado Anna Shea.

“En lugar de dedicar esfuerzos a mantener a la gente solicitando asilo desde sus territorios, La Unión Europea y el resto de la comunidad internacional deben redoblar sus compromisos de reasentamiento de personas refugiadas sirias desde Turquía.”

* Todos los nombres son ficticios para proteger la identidad de las personas sirias entrevistadas en esta investigación.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Alison Abrahams, alison.abrahams@amnesty.org, +32 2 548 27 73 o +32 483 680 812.