Además, la organización pide a los Estados que aprovechen la sesión del Examen Periódico Universal de Egipto para reclamar que las autoridades abran una investigación sobre el uso incontrolado de la tortura y otros malos tratos por las fuerzas de seguridad, y sobre las atroces condiciones de reclusión, y asimismo que pongan fin al uso represivo y arbitrario de la prohibición de viajar y al acoso judicial para castigar a activistas de derechos humanos.
“El examen de Egipto en materia de derechos humanos que llevará a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta semana es una oportunidad de oro para que la comunidad internacional obligue a las autoridades egipcias a rendir cuentas por su atroz historial en materia de derechos humanos”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
El examen se llevará a cabo dos meses después de que las autoridades egipcias emprendieran la mayor campaña de detenciones masivas desde la llegada al poder del presidente Abdel Fatah al Sisi.
“Ahora más que nunca, es fundamental denunciar ante el mundo la degradación de los derechos humanos en Egipto y exigir la liberación de manifestantes pacíficos que han sido detenidos arbitrariamente”, ha afirmado Najia Bounaim.
El examen, además, tendrá lugar sólo unos días antes de una sesión judicial clave, el 17 de noviembre, donde se recurrirán las prohibiciones arbitrarias de viajar impuestas a personal de ONG, incluidos muchos dirigentes de organizaciones de derechos humanos independientes de Egipto.
Entre estas personas se encuentra Mozn Hassan, activista por los derechos de las mujeres y fundadora de la organización Nazra para Estudios Feministas, Aida Seif el Dawla, fundadora del reputado Centro Al Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia, así como los destacados activistas de derechos humanos Gamal Eid, Hossam Bahgat y Mohamed Zaree.
Se ha impuesto la prohibición de viajar al menos a 31 miembros del personal de ONG y las autoridades han congelado los bienes de 10 personas y 7 ONG como parte de una investigación criminal en curso sobre la financiación extranjera de ONG y su legítima labor de derechos humanos.
“Es fundamental que los Estados aprovechen esta oportunidad para condenar enérgicamente la cruel represión practicada por las autoridades contra personal de ONG y la sociedad civil en los últimos años. Deben exigir a Egipto que levante las prohibiciones arbitrarias de viajar y la congelación de bienes y cierre la investigación de una vez por todas”, ha manifestado Najia Bounaim.
En junio de 2019, Amnistía Internacional publicó un fulminante informe sobre los derechos humanos en Egipto desde la llegada al poder del presidente Abdel Fatah al Sisi. El informe, que se presentó al Consejo de Derechos Humanos, ponía de relieve las graves restricciones de la libertad de expresión y de reunión, el uso generalizado de la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada y los juicios sin garantías, y las terribles condiciones de reclusión, entre otros motivos de preocupación.
Desde su publicación, la situación de los derechos humanos en Egipto se ha deteriorado aun más con la última campaña de detenciones colectivas en septiembre y octubre así como una escalada del uso de tácticas brutales, tortura incluida, contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El 29 de septiembre, al destacado activista Alaa Abdel Fattah le vendaron los ojos y le insultaron, golpearon y dieron patadas repetidamente tras su detención arbitraria como parte de los arrestos masivos practicados por las autoridades. Días más tarde, el 12 de octubre, la defensora de los derechos humanos Esraa Abdel Fattah fue secuestrada por las fuerzas de seguridad y posteriormente torturada por agentes que la golpearon e intentaron estrangularla.
Durante su anterior examen periódico universal, realizado en 2014, Egipto aceptó 237 de las 300 recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por los Estados. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional indica que las autoridades, en lugar de implementar reformas fundamentales con arreglo a esas recomendaciones, han adoptado medidas aun más represivas, que imponen nuevas restricciones sobre libertades y derechos básicos.
“Que Egipto no haya aplicado las recomendaciones del último examen periódico universal indica claramente que sus autoridades tienen escasa intención de mejorar su terrible historial en materia de derechos humanos”, ha afirmado Najia Bounaim.
Varios procedimientos especiales de la ONU han condenado públicamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto, entre ellos los responsables de detención arbitraria, restricción de la libertad de expresión y reunión, tortura, represalias por colaborar con los procedimientos especiales de la ONU y, más recientemente, las condiciones de reclusión que pudieron causar la muerte del ex presidente Mohamed Morsi bajo custodia.
“La comunidad internacional y, en particular, los aliados de Egipto, tienen la obligación de pronunciarse ante las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos de forma generalizada. Deben dejar claro que el hecho de que Egipto siga sin abordar estos abusos manifiestos repercutirá gravemente en sus vínculos diplomáticos y comerciales con el país.”
