La legislación sobre “agentes extranjeros” de Rusia ya engloba a las ONG y los medios de comunicación que reciben fondos de fuentes extranjeras, sin importar la cuantía, obligándolos a señalar su condición de “agentes extranjeros” en sus publicaciones y estableciendo engorrosos requisitos para informar así como restricciones sobre sus posibles actividades.
Las sanciones administrativas y penales por incumplimiento incluyen multas de hasta 500.000 rublos y penas hasta de dos años de prisión. En noviembre de 2017, organizaciones de derechos humanos criticaron a Rusia por aprobar enmiendas legislativas que extendían las disposiciones sobre “agentes extranjeros” a los medios de comunicación.
La ampliación contenida en la propuesta de legislación permitiría a las autoridades catalogar como “agentes extranjeros” también a personas individuales si difunden información a un número de personas sin especificar y reciben fondos del extranjero para ello. Esta definición engloba a blogueros y periodistas independientes que puedan recibir subvenciones, sueldos o pagos de una fuente extranjera por trabajos específicos.
Los blogueros y periodistas independientes afectados por la ley tendrán la obligación de inscribirse en el registro del Ministerio de Justicia, y si viven en el extranjero deberán crear una entidad jurídica en Rusia e inscribirla también en el registro para poder publicar en el país. Después, toda la información publicada por el bloguero o periodista catalogado como “agente extranjero” deberá ir marcada con un sello que así lo indique. La propuesta de enmienda fue aprobada en primera lectura en enero de 2018 y podría adquirir fuerza de ley a finales de 2019.
La propuesta de enmienda al Código de Infracciones Administrativas ruso establece asimismo la imposición de multas de entre 10.000 rublos (155 dólares estadounidenses) y 5 millones de rublos (78.000 dólares) por incumplimiento de las disposiciones legales sobre “agentes extranjeros”.
Estas nuevas enmiendas endurecen de manera injustificada la legislación sobre “agentes extranjeros”, que ya vulnera las normas internacionales sobre la libertad de expresión y de asociación, según afirmó Galina Arapova, abogada principal del Centro de Defensa de los Medios de Comunicación de Rusia.
“Los periodistas que colaboran con editoriales extranjeras serán los más afectados por la ley —dijo—. Si reciben remuneraciones por transferencia bancaria desde el extranjero, formalmente será motivo suficiente para que sean reconocidos como agentes extranjeros, con el riesgo de que las autoridades reguladoras consideren que sus otros trabajos periodísticos también son producto de 'financiación extranjera'.”
El requisito de inscribirse en el registro del Ministerio de Justicia también es preocupante, ya que impone engorrosos requisitos, sobre todo a los blogueros rusos que viven en el extranjero. Además, la imposición de multas por no incluir el sello de “agente extranjero” seguramente reprimirá su labor informativa y los blogs publicados desde Rusia, como los publicados en redes sociales, no se compartirán por miedo a las sanciones.
La medida de catalogar como agentes extranjeros a personas individuales adoptada por Rusia es un paso más para restringir los medios de comunicación libres e independientes en el país. Tendrá graves consecuencias en la cooperación de medios de comunicación internacionales con Rusia, porque cualquier relación con un medio extranjero pondrá a los periodistas en riesgo de ser catalogados como “agentes extranjeros”. Se convertirá además en un poderoso instrumento para silenciar voces discrepantes. Los blogueros cumplen una importante función de información a la opinión pública en Rusia, y esto es un intento de controlar esta incómoda fuente de información.
Pedimos al gobierno ruso que retire las propuestas de enmienda y ponga la legislación existente en consonancia con las obligaciones de Rusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que incluye el derecho a la libertad de expresión (artículo 10) y el derecho a la libertad de reunión y asociación (artículo 11) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno debe poner fin a sus intentos constantes de estrangular el debate online y silenciar el periodismo independiente en el país.
Firmado por:
Amnistía Internacional
ARTICLE 19
Civil Rights Defenders
Comité para la Protección de los Periodistas
Human Rights Watch
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
International Media Support
International Partnership for Human Rights
Comité Noruego de Helsinki
Reporteros sin Fronteras (RSF)