“El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) debe aplazar la votación prevista para diciembre de 2019 sobre un contrato de préstamo de 280 millones de dólares estadounidenses con Guinea Ecuatorial”, han declarado hoy ocho organizaciones de derechos humanos y gobernanza y ocho destacadas personas expertas en una carta dirigida al Directorio Ejecutivo.
De conformidad con los requisitos del FMI, el programa que precede al acuerdo de préstamo y las condiciones previstas para su concesión son insuficientes para abordar las violaciones de derechos, la corrupción y la impunidad, profundamente arraigadas en Guinea Ecuatorial.
Las organizaciones que han firmado la carta son el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEIDGE), EG Justice, Human Rights Watch, Natural Resource Governance Institute, Global Witness, Amnistía Internacional, Publish What You Pay y Oxfam. A éstas se han sumado los ocho miembros de la junta directiva de la sociedad civil de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
“Guinea Ecuatorial, país rico en petróleo, ha solicitado un préstamo después de que su élite política permitiera durante años la proliferación de abusos contra los derechos humanos, corrupción y mala gestión”, ha afirmado Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch.
“El rescate por parte del FMI debe exigir que Guinea Ecuatorial lleve a cabo profundas reformas en el ámbito de la gestión de recursos naturales, que den lugar a mejoras en materia de derechos, rendición de cuentas y transparencia.”
El gobierno de Guinea Ecuatorial alcanzó un acuerdo con personal del FMI para un préstamo de tres años enmarcado en el Servicio Ampliado del Fondo. Un portavoz del FMI declaró que el Directorio Ejecutivo iba a estudiar el préstamo de 280 millones de dólares en diciembre. El FMI se financia con fondos públicos de los Estados miembros.
Todo acuerdo de préstamo debe ajustarse al nuevo marco del FMI para abordar la corrupción, adoptado por el Directorio Ejecutivo en abril de 2018 con el propósito de corregir deficiencias e incoherencias pasadas en relación con la corrupción. Dicho marco exige que el FMI evalúe los riesgos de corrupción y sus implicaciones macroeconómicas para cada país miembro e incorpore claramente estas evaluaciones en su monitoreo y sus condiciones.
“Guinea Ecuatorial pone a prueba de manera crucial y pública la estrategia anticorrupción del FMI y podría servir de modelo a la institución para abordar esta cuestión en el futuro”, ha declarado Isabel Munilla, directora de política sobre transparencia en el sector extractivo de Oxfam América.
“Los constantes ataques del gobierno contra activistas y organizaciones de gobernanza durante el proceso de negociación del préstamo constituyen uno de los muchos indicadores de que la votación es prematura.”
La enorme riqueza petrolífera de Guinea Ecuatorial y su poco numerosa población sitúan al país entre los que tienen mayores ingresos per cápita de África. Sin embargo, la mala gestión y la corrupción han dejado al país poco preparado económicamente para hacer frente a una caída de los precios y la producción del petróleo. Investigaciones sobre corrupción llevadas a cabo en Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Sudáfrica y otros países han revelado que el presidente y su círculo próximo han desviado cientos de millones de dólares en fondos públicos, mientras el gobierno gastaba muy poco en cumplir sus obligaciones relativas al derecho a la salud, la educación o el agua para mejorar la vida de su ciudadanía.
“El hijo del presidente, que continúa siendo vicepresidente, va dejando un extraordinario rastro de corrupción internacional, incluida una reciente investigación suiza en materia de corrupción que sacó a la luz dos yates valorados en 250 millones de dólares que emplea como embarcaciones de recreo, pero respecto a los cuales el gobierno afirma que son propiedad del Estado”, ha declarado Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, organización que promueve los derechos humanos y la gobernanza en Guinea Ecuatorial.
“El hecho de que el gobierno de Guinea Ecuatorial prefiera endeudar a la población en lugar de vender los yates dice mucho de sus prioridades de gasto y del peligro real de que el dinero del FMI contribuya a financiar el lujoso estilo de vida de las élites.”
Antes del inicio de las negociaciones del préstamo, el FMI exigió a Guinea Ecuatorial la aplicación de varias medidas relativas a la gobernanza, entre las que figuraban ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2018 y contratar una empresa independiente para que auditara la empresa petrolera pública, GEPetrol.
No obstante, el país ha sido incapaz de cumplir el requisito de solicitud de adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), una normativa mundial que exige a los países miembros promover la transparencia y permitir la libre participación de la sociedad civil y el debate público en torno a cuestiones de gobernanza de los recursos naturales. Parece que cumplir con este requisito sería una condición previa para obtener el préstamo.
Entre tanto, las autoridades gubernamentales han continuado con su campaña contra el CEIDGE, la principal organización de gobernanza del país, disolviéndola formalmente en julio. También han seguido hostigando a su vicepresidente, Alfredo Okenve. Éstos y otros casos de represión y violaciones de derechos indican que el gobierno no tiene intención de realizar las reformas necesarias para convertirse en un candidato viable para la EITI.
En 2010, la junta directiva de la EITI rechazó la solicitud de adhesión de Guinea Ecuatorial debido a sus niveles de represión. Desde entonces, la EITI ha adoptado requisitos aún más rigurosos para los gobiernos a fin de que éstos respeten la participación de la sociedad como elemento fundamental de su objetivo de promoción de la rendición de cuentas en el sector de los recursos naturales.
“Durante el último año, mientras mi gobierno afirmaba ante el FMI estar trabajando en la solicitud de adhesión a la EITI, me golpearon, me impidieron salir del país, me pusieron bajo arresto domiciliario y disolvieron formalmente mi ONG”, ha sostenido Okenve.
“Presentar una solicitud de adhesión a la EITI no significa nada si el gobierno no tiene que demostrar que ha realizado reformas suficientes para convertirse en país candidato.”
“Adherirse a la EITI no es un ejercicio consistente en marcar casillas”, ha afirmado Elisa Peter, directora ejecutiva de Publish What You Pay.
“La normativa de la EITI pone alto el listón de la transparencia en el sector extractivo y de la participación libre y significativa de la sociedad civil. Guinea Ecuatorial debe aprovechar esta oportunidad para reformar su sector de recursos naturales, abordar la corrupción y permitir a todo el mundo hablar abiertamente sin sufrir hostigamiento ni amenazas. Sólo entonces la extracción de recursos traerá cambios positivos en la vida de su gente.”
Guinea Ecuatorial carece, además, de un marco jurídico básico para prevenir la corrupción y hacer rendir cuentas a las autoridades corruptas. Con frecuencia, el vicepresidente se ha defendido de las acusaciones de blanqueo internacional de capitales alegando que Guinea Ecuatorial no dispone de leyes de prevención de conflictos de interés en el caso de altos cargos, postura compartida por el gobierno. El gobierno otorga cuantiosos contratos sin ningún tipo de transparencia en cuanto a las empresas y personas que obtienen millones de dólares, y las autoridades no tienen obligación de declarar públicamente sus activos o participaciones en empresas.
“El FMI tiene una oportunidad única para conseguir reformas reales en un gobierno que ha estado estafando a su ciudadanía durante decenios”, ha declarado Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.
“Ésta debería ser una oportunidad de promover los derechos humanos y la gobernanza en Guinea Ecuatorial, en particular para proteger la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil independientes, como el CEIDGE, y mostrar apoyo a los defensores y defensoras de los derechos humanos.”
